“Estamos con uno de los registros más bajos de la cuenca del río Limay en los últimos 15 años, con precipitaciones por debajo de los niveles que permiten el desarrollo productivo y la irrigación”, expresó el gobernador en conferencia de prensa.

Con la declaración de la emergencia, que se extenderá por 180 días, el gobierno saldrá a buscar 800 millones para reducir el impacto de lo que está sucediendo.

El gobierno puso en marcha un pan que articula esfuerzos de Recursos Hídricos, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento con municipios, entre otros organismos, para definir obras en el marco de este plan de reducción de los efectos de las bajantes.

La medida anunciada ayer se suma a la implementada hace dos semanas atrás por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), que también declaró el estado de emergencia hídrica en la región.

Los caudales de agua bajaron como no se observaba hace más de una década y en la actualidad se encuentran en un punto crítico, al punto que amenaza con afectar los servicios de captación de agua y riego (ver nota central).