La Asociación de Abogados/as Ambientalistas de Argentina (AAAA) pidió ampliar la denuncia contra Comarsa por el pasivo ambiental de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta, a raíz de documentación revelada en enero por la subsecretaría de Ambiente de la provincia, que respondió un pedido de información realizado por el diputado provincial Andrés Blanco.

En una nota ingresada a la fiscalía de Delitos Ambientales el lunes 12 de julio pasado, los abogados señalaron que en esos más de 1.200 documentos, "se exponen abiertamente una serie de irregularidades en el accionar de Comarsa, en cuanto al tratamiento de los residuos petroleros; y, por otra parte, el conocimiento de estos incumplimientos reiterados por parte de las autoridades públicas competentes".

El responsable de la fiscalía especializada, Maximiliano Breide Obeid, confirmó a que la ampliación de la denuncia se agregó a la investigación principal. Detalló que la misma avanza, no solo en determinar el daño ambiental que produce la planta tratadora abandonada en la ciudad de Neuquén, sino en ver los movimientos económicos de la empresa, quiénes se beneficiaron económicamente con ello, y quiénes fueron los funcionarios que debían controlar la actividad y no lo hicieron.

"Estamos investigando un montón de cuestiones: una, si hubo delito económico y qué hicieron durante toda esa época los funcionarios públicos que tenían que controlar esa actividad" porque "evidentemente, alguien no lo hizo", afirmó.

Para el fiscal, en Comarsa "hay dos irregularidades claras. Una, es que si bien eso comenzó como un lugar habilitado por la normativa que establecía la provincia en la época en que se habilitó, en un determinado momento dejó de estar habilitado porque la ley se modificó y estableció distancias mínimas en la cercanía a la ciudad".

"A partir de eso, Comarsa fue perdiendo la capacidad para tratar los residuos peligrosos pero los siguió recibiendo, no los trató, en la última época retiró el horno que tenía para quemarlos y siguió recibiendo residuos peligrosos sin la capacidad de tratarlos", indicó.

"Te lo digo en castellano: una empresa cuya función es convertir ese residuo peligroso en algo no peligroso, siguió recibiendo residuos peligrosos pero sin tener la capacidad operativa para tratarlo, con lo cual pasó a ser una planta de acumulación y esto tiene que ver con los volúmenes que se mencionan ahora", sostuvo.

El fiscal aseguró que la mayoría de los residuos que acumuló Comarsa en su planta tratadora ubicada en el Parque Industrial de Neuquén fueron producidos por la española Repsol, antes de la expropiación de 2012. Afirmó que la empresa "hace rato que no recibe residuos, está desactivada la planta como tratadora".

La empresa cuenta con otra planta que sí está funcionando, en Añelo, donde también están las tratadoras Treater, Indarsa, y SAN. "La causa sobre estas cuatro está unificada en una sola", volvió a afirmar el fiscal, tal como lo había hecho en una entrevista con en marzo pasado.

Sin plazos para la elevación a juicio

"Trato de no manejar plazos porque es una investigación compleja", dijo Breide Obeid al ser consultado sobre la posibilidad de llevar a juicio esta denuncia. Agregó que "es la primera de estas características en el país, con lo cual vamos pisando sobre firme y cuando tengamos una base nos vamos a tener que reunir nuevamente con la querella para ver si avanzamos hacia una formulación de cargos de manera conjunta".

El pedido que hicieron recientemente desde la AAAA, contempla también una solicitud para que presten declaración testimonial Andrés Blanco; Cecilia Bianco, Ingeniera y Coordinadora del Área Tóxicos de Taller Ecologista; y Fernando Cabrera Christensen, Licenciado en Comunicación y coordinador del Observatorio Petrolero Sur.

Sobre este punto, Breide Obeid dijo que el pedido fue aceptado porque "todo lo que sea para la investigación lo vamos a hacer", y porque "no es que la querella y la fiscalía vamos por lados distintos".

Sobre los plazos de la investigación, aclaró que "si hoy hay una ampliación de la denuncia no podemos estar próximos a una formulación de cargos. Tenemos que estar muy armados para una causa de estas características y nos falta todavía".

Valoró que el día que el caso llegue a juicio "va a ser un llamado de atención porque será el primer caso donde habrá una condena en este tipo de hechos, pero también sabemos que en estas empresas terminan pagando las culpas en lo penal los puestos gerenciales, que son los que tienen responsabilidad en esa época pero después la empresa sigue  funcionando".

"Me parece que la solución no viene por el lado de la causa penal", agregó, y reiteró que "el problema con los residuos peligrosos del petróleo es que hay 4 tratadoras cuando tiene que haber mínimo 25".