Al cumplirse dos semanas de la explosión que le costó la vida a dos operarios y una docente en la escuela albergue de Aguada San Roque, los avances en la investigación son escuetos. La querella denuncia al Ejecutivo por no aportar toda la información sobre la obra que se estaba realizando en un establecimiento que, aseguran, no se podía usar. Además, afirman que el Consejo Provincial de Educación se apuró para volver a la presencialidad. En el gobierno hacen silencio.

"Personalmente, lo que más me preocupa es la omisión a la fiscalía de una parte muy importante del legajo de la obra que es el último tramo, los últimos dos meses, que están vinculados con las eventuales certificaciones finales, que no sabemos si existieron, y al mismo tiempo la autorización para volver a la escuela a trabajar", dijo a el abogado de ATEN Emanuel Guagliardo.

Guagliardo es querellante de las familias de Mónica Jara, la docente que murió este lunes tras permanecer 13 días con el 90 por ciento del cuerpo quemado, y de Mariano Spinedi, quien oficiaba de ayudante de Nicolás Francés. Ambos murieron ese día.

Según explicó el abogado, "el legajo administrativo de la obra tiene varios cuerpos pero, curiosamente, no figura un expediente que está titulado como 'certificación final'".

Sostuvo que las últimas certificaciones de obra de la empresa que constan en el expediente son de marzo y abril. "Cuando uno va a la escuela se da cuenta inmediatamente que estaba en obra, que no había bajo ningún punto de vista una obra que ya se encontrara finalizada porque hay instalaciones al aire libre, trabajos de cerramientos que no se habían terminado", amplió.

intentó consultar a autoridades provinciales pero el pedido no fue respondido. Contrariamente a lo que indicó Guagliardo, el Jefe de Gabinete, Sebastián González, publicó el lunes en su cuenta de Twitter: "reiteramos el compromiso absoluto de todo el gobierno provincial puesto en la colaboración con la Fiscalía que se encuentra investigando el hecho, para su pronto esclarecimiento".

El abogado desmintió tal colaboración al señalar que "nos llama la atención, y se lo hemos planteado a la fiscalía, que se requiere que desde Obras Públicas envíen toda la documentación y además pedir explicaciones de por qué no enviaron en el primer requerimiento esa información".

"Para nosotros ahí hay algo importante, porque de ahí debería surgir cuáles fueron los últimos avances administrativos de la obra y que, además, coinciden temporalmente con la etapa en la que el Consejo Provincial de Educación decidió volver a la presencialidad", explicó.

Por otra parte, recién ayer, al cumplirse dos semanas de la explosión, los abogados pudieron acceder al informe elaborado por los bomberos el mismo día de la explosión.

"Es un elemento central porque es el informe que da cuenta de la situación, de qué es lo que sucedió ahí adentro, y porque depende de la Jefatura de Policía, es decir, sería la información oficial", explicó el abogado porque contiene información recopilada en el inicio de la investigación.

Señaló que el informe será sometido a una profunda revisión por parte de sus equipos técnicos, entre los que se destaca el perito Eduardo Prueger, para definir los puntos de pericia que consideran deberían completarse.

Refacción sin readecuación

La 144 es una escuela albergue ubicada en un paraje de 300 habitantes, cercano a Añelo. Según explicó Guagliardo, el edificio es viejo y está siendo refaccionado y, según el llamado a licitación de la obra, la misma contemplaba "la ampliación, la restauración de las partes viejas y la readecuación de todas las estructuras de servicios".

Lo que sucedió es que "en esa readecuación de la instalación de los servicios, entre ella la red de gas, lo primero que advertimos es que en vez de hacer una red de gas nueva, lo que hicieron fue hacer la conexión entre la red vieja y una red nueva que obedece a la zona de ampliación de la obra, tanto de las aulas como de la zona de albergue", señaló.

Es decir, el proyecto que fue aprobado por el Ejecutivo contemplaba la readecuación de toda la red de gas. Sin embargo, lo que se hizo fue montar sobre la red existente el tramo de la red para la ampliación.

"En los planos que existen en el expediente no figura el modo en que se iba a conectar la red de gas existente a la red de gas nueva", indicó el abogado, como uno de los puntos que no les cierran.

"No es un accidente laboral"

"Un accidente laboral sucede cuando estás en una escuela que tiene todas las condiciones de habilitación para que trabajes ahí adentro, y por un accidente se desprende una mampostería, te caés y sufrís una lesión", dijo Guagliardo a modo de ejemplo, y explicó que "en este caso, no es estrictamente un accidente laboral porque la escuela estaba en obra, no podía haber equipo directivo, ni chicos ni docentes en ese lugar".

"Puede hablarse de un accidente laboral en el caso de los trabajadores que estaban trabajando en la obra", aclaró, pero "en el caso de Mónica, ella estaba en la escuela en un contexto donde se obligó al retorno a la presencialidad, pero la obra no estaba finalizada y el uso del gas en la instalación nueva no debió haberse autorizado jamás".

Advirtió que a Jara le jugó en contra su condición de maestra primeriza, que era su primer día de clases, porque "tenía muchas menos herramientas que un docente que tiene 15 o 20 años ejerciendo la profesión".

Sostuvo que muchos otros docentes no volvieron a sus escuelas "porque no estaban en condiciones", pero ella "ingenuamente quizás, pero también con mucha vocación, hizo caso a una resolución administrativa impulsada por el Poder Ejecutivo, y entró a una escuela que no estaba en condiciones de tener clases presenciales".