Federico Efrón, Coordinador del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS, realizó la presentación en Neuquén del Informe Anual de Derechos Humanos 2016y dijo que vino a “apoyar el reclamo de búsqueda de justicia y a presentar el informe que lamentablemente recoge problemas que estaban en 2007 cuando pasó lo de Carlos Fuentealba; que estaban desde antes y todavía siguen persistiendo”.

Acerca del reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre el caso Fuentealba indicó que “nueve años después lo único que se está discutiendo es si se tiene que llamar a indagatoria o no a los que estuvieron ese día con Poblete y a los jefes policiales que estaban en el lugar; eso muestra con mucha claridad que sin voluntad política, sin voluntad del ministerio público fiscal y del Poder Judicial, no va a haber justicia y lo que va a primar es la impunidad”.

Efrón explicó que al analizar cómo reacciona el Estado ante la protesta social en la Argentina, ocurre que “la respuesta estatal no sólo no es sentarse a discutir el problema de fondo, sino que es enviar a la policía, recurrir al sistema penal, en muchos casos reprimir la protesta y después criminalizar” a quienes fueron reprimidos. Por estos motivos, luego deviene “la impunidad, porque no se investiga como corresponde todo lo que pasó en el momento de la represión”.

El coordinador del CELS explicó que la Justicia debe investigar el proceso completo ante este tipo de situaciones porque “es muy común  que el corte que hace el Poder Judicial quede en el autor material como en el caso Fuentealba, donde la condena a Poblete es ejemplar; pero no es suficiente”.

Y agregó que el policía que asesinó al maestro Carlos Fuentealba durante la protesta de los docentes neuquinos en 2007 “no estaba solo, y no estaba por una decisión personal sino que estaba ahí por una decisión política y por una decisión de las fuerzas de seguridad de presentarse ese día y de trabajar de una determinada manera”.

Efrón criticó el rol del Poder Judicial al indicar que muchas veces “no es el de acompañar la búsqueda de justicia sino es el de proteger a las fuerzas de seguridad y al poder político también”.

El CELS es un organismo de derechos humanos presidido por Horacio Verbitsky que empezó a trabajar en la dictadura buscando desaparecidos y desde el retorno a la democracia viene trabajando en una agenda ampliada, no sólo de Memoria, Verdad y Justicia sobre los crímenes de la dictadura; sino que viene haciendo un informe anual sobre una suerte de “fotografía de los derechos humanos del país”.

En el informe 2016 se concluye que en los primeros cien días de gobierno la alianza Cambiemos tomó decisiones que impactaron sobre la vigencia de los derechos humanos en la Argentina. “Entre las medidas con mayores consecuencias, están la declaración de la emergencia nacional en seguridad, el confuso anuncio de un protocolo que busca limitar la protesta social, el desmantelamiento de áreas del Estado que participaban en la investigación de la complicidad empresarial con los crímenes de lesa humanidad y la detención arbitraria e ilegítima de Milagro Sala”.

Principales puntos del Informe 2016

Sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia a 40 años del golpe de 1976, en el informe se pone especial acento en el esclarecimiento de las responsabilidades de diferentes actores civiles en los delitos de lesa humanidad. “Del avance de estas causas depende la posibilidad de establecer en sede judicial la verdad sobre los vínculos entre el gobierno de facto y sectores del poder económico, eclesiástico y judicial” indica el informe, y establece que este es un momento de inflexión, por lo tanto, los esfuerzos “deben orientarse a sostener procesos judiciales eficaces que concluyan en sentencias definitivas”.

Otro de los puntos que destaca, es el de los asentamientos informales y de tomas de tierra donde a pesar del acceso de amplios sectores a políticas públicas inclusivas en los últimos años, estas  ocupaciones “persisten como conflictos en los que se concentra un vasto conjunto de vulneraciones de derechos”.

“Allí podemos ver la interrelación entre las restricciones estructurales del acceso al hábitat, las prácticas represivas y criminalizantes del Estado y un entramado de actores y de negocios ilegales con connivencia policial, vinculados con el comercio de drogas y de tierras, entre otros” grafica el informe y advierte sobre el modo en que estos fenómenos son expuestos por los medios que  suelen “enfatizar los hechos de violencia, soslayar las causas profundas de las tomas y ocupaciones y estigmatizar a los ocupantes”.

El informe también plantea la cuestión de la “emergencia de seguridad pública” en el territorio nacional decretada por el gobierno. “La medida consideró –entre otras cuestiones– que el narcotráfico es una 'amenaza para la soberanía' y estableció un protocolo para que las Fuerzas Armadas derriben aeronaves sospechadas de transportar drogas que sean consideradas 'hostiles'”.

Previene sobre la importancia que cobró el estatuto jurídico en la Argentina de la perspectiva de las “nuevas amenazas”, elaborada y difundida por los Estados Unidos desde los años noventa.

“A pesar de la evidente gravedad de la situación, la emergencia a nivel nacional (...) abre la puerta a la militarización de la seguridad interior”.

En otro capítulo el CELS advierte sobre el sistema penitenciario y las consecuencias del aumento sostenido del encarcelamiento: “La masividad del encarcelamiento trae aparejada una peor situación en el encierro y la violación de los derechos de las personas privadas de su libertad. Las características de la población detenida, por otra parte, muestran que la política punitiva del Estado se concentra sobre los sectores más pobres y, entre estos, los más jóvenes.

Sobre las políticas del Ni una Menos, en el informe proponen una agenda de género para profundizar temas como “la penalización del aborto, los persistentes problemas de acceso a la Justicia para las personas víctimas de violencia machista, el acceso a derechos de las personas trans y travestis, las mujeres encarceladas junto con sus hijos, las que están detenidas por delitos relacionados con drogas, las que fueron víctimas de violencia y están encarceladas por los delitos de sus parejas y los femicidios cometidos por personal policial”.

Al final, el informe destaca perspectivas desalentadoras sobre la libertad de expresión, sobre todo “por las consecuencias negativas de la reforma por decreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ocurrida en diciembre de 2015, que redujo de manera drástica el papel del Estado en la regulación del sistema de medios audiovisuales, avaló la concentración de la propiedad de las empresas de medios, y eliminó las instancias de participación y toma de decisiones de la sociedad civil”.