Sumergido en la proeza de retener el poder del Ejecutivo nacional pese a la crisis económica, el gobierno de Mauricio Macri planea enviar al Congreso esta semana un proyecto que busca bajar la edad de punibilidad de los menores a 15 años. El proyecto lleva el nombre de “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil” y es presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como una iniciativa para combatir el delito.

Sin embargo, las estadísticas indican que sólo entre el 2 y el 4 % de los delitos son cometidos por personas menores de edad. Desde el gobierno de Neuquén salieron al cruce de esta iniciativa. Funcionarios locales explicaron por qué la baja en la edad de punibilidad no soluciona los problemas de seguridad, además de ser inconstitucional y violatoria de los tratados internacionales que defienden los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a los que Argentina adhiere.

La iniciativa para bajar la edad de imputabilidad es uno de los primeros proyectos que el gobierno nacional planea enviar al Congreso, para ser tratado en una sesión extraordinaria esta semana. En el oficialismo argumentan que hay una necesidad de actualizar la legislación vigente (en referencia a la Ley 22278, o "Régimen penal de la minoridad") que data de la época de la dictadura y entra en contradicción con la Constitución Nacional y con la Convención Sobre los Derechos del Niño.

Según el borrador que replicaron algunos diarios nacionales, los principales puntos de la propuesta apuntan a bajar la edad de imputabilidad a 15 años, sólo para los casos en los que el adolescente cometa delitos con penas máximas de 15 años o más, es decir, cuando se trata de delitos graves como homicidio, violación o abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con armas de fuego. También establece que quienes tengan entre 16 y 18 años, serán punibles cuando cometan delitos con penas máximas mayores a dos años de prisión; o que la duración máxima del proceso penal no deberá exceder los tres años desde el comienzo de la investigación preparatoria.

Esta propuesta de Cambiemos fue rechazada por diputados de la oposición, como el kirchnerismo, el peronismo federal, el massismo, RedxArgentina, el Movimiento Evita y la izquierda. También cosechó duras críticas de funcionarios del gobierno de Neuquén, provincia que cuenta con una legislación modelo en materia de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, con su ley 2302, que funciona desde hace dos décadas.

Cuestionamientos desde la provincia

Funcionarios provinciales y especialistas consultados para este informe coinciden en que la baja en la edad de imputabilidad es una medida electoralista que busca generar un impacto positivo en la sociedad en torno a la lucha contra la inseguridad. Resaltan que las estadísticas demuestran que los delitos cometidos por menores representan una porción ínfima del total de delitos que se cometen, de modo que atacar a este sector social no va a garantizar mayor seguridad.

"Estoy totalmente en contra de la baja en la edad de imputabilidad. Cuando uno cuantifica los delitos cometidos, te das cuenta que acá el delincuente sigue siendo argentino, mayor de edad y en una ínfima porción que no llega al 2% hablamos de jóvenes", dijo Alicia Comelli, subsecretaria de Derechos Humanos de Neuquén, y reforzó que "es inconstitucional porque nosotros no podemos tener políticas regresivas".

“Se cree que la mayor parte de los delitos pasan por ahí cuando las estadísticas no lo dicen. Pero simboliza una acción o un ataque a determinado tema que pareciera que fuera efectivo", sostuvo el ministro de Ciudadanía, Gustavo Alcaraz. Además, cuestionó que "ni siquiera estamos discutiendo si hay un proceso de libertad asistida o no, o si la escuela trabajara el tema... estamos discutiendo si a los 15 años se va preso o no. Eso simboliza lo que un poco electoralmente mueve en esta corriente".

Respecto de las cifras oficiales, el fiscal penal juvenil a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos de Juventud de la provincia, Germán Martín, explicó a que aún no ha concluido el informe que elabora artesanalmente en conjunto con la policía, pero hizo un cálculo que se ha venido reiterando en la última década. "Hay una estadística que es muy general y muy estable, que es que los adolescentes participan de entre el 2 y el 4 % de los delitos en general, en Neuquén", aseguró, y agregó que "en términos de seguridad, muy poco puede hacer la baja de punibilidad a 15 años. No mueve la aguja".

En sintonía, el abogado, profesor y presidente Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Pablo Gutiérrez Colantuolo, resaltó que "las estadísticas en Neuquén son claras, acerca de que el tema de lo que se denomina, entre comillas, delincuencia juvenil o de menores no registra un dato que merezca una especial atención para ver qué se hace con esto desde lo penal", en consonancia con Comelli.

A la hora de contrarrestar esas iniciativas electoralistas, Alcaraz indicó: "Me parece oportuno que Neuquén esté atento y pueda manifestar que eso no junta votos o no debería juntarlos. Al menos la sociedad neuquina demanda que eso no debería juntar votos. Sí creo que hay que ponerse a hablar de qué hacemos con estos problemas", concluyó.

Gutiérrez Colantuolo consideró que "Lo penal es el sistema final, el encierro. (Con esta medida) no se discute qué es lo que está pasando debajo. Hay que ver qué jóvenes, cuántos jóvenes, dónde está la tasa de delincuencia distribuida territorialmente, y qué tipo de delitos cometen. Y ver cuál es el sistema integral de contención social de la juventud, la adolescencia y la niñez en estos aspectos. Porque si no le erramos en el diagnóstico y extrapolamos herramientas que no son propias de nuestra realidad", indicó.

Acerca de cómo creen que tiene que ser el abordaje de adolescentes que cometieron delitos, Comelli afirmó "como está planteado en la 2302. Que pueda llevarse adelante el procedimiento judicial como a vos, como a mí, o como a cualquier adulto. Donde se les impute un delito y haya un defensor que pueda brindar pruebas. Un juicio como el que pediría cualquier ciudadano. Nadie se quedaría cruzado de brazos si le imputan un delito y viene un juez y le determinan una sanción preventiva. Todos quieren un juicio justo", consideró.

Respecto del rol que juegan los medios de comunicación en la construcción de los jóvenes como culpables de la inseguridad, Gutiérrez Colantuolo expresó que "hoy determinados medios de comunicación tienen un poder en cuanto a construir realidades que no son realidad. Y eso en tiempos electorales me parece que tiene su influencia, negativa a mi criterio. Es importante no hablar de sensaciones sino de realidades. Y la realidad es lo que a mí me parece a partir del conocimiento de datos duros", detallo.

En forma similar, Comelli aseguró que "conociendo de adentro, es el típico tema que se pone a debatir en épocas electorales. Me parece que no solucionamos nada con oportunismo. Es una temática que se puede manipular bastante desde lo mediático. Es mucho de oído y de eso los estrategas de campaña saben. Dicen 'ataquemos la sensibilidad, repitamos muchas veces un hecho donde aparecen los jóvenes como los grandes violadores sistemáticas de las leyes'. Y no es así, es una cuestión de conocer. Y la estadística refuta todo", concluyó.

Acción de la Mesa de Corresponsabilidad Penal Adolescente

Desde hace dos años funciona en Neuquén la Mesa de Corresponsabilidad Penal Adolescente, que reúne a funcionarios de distintas áreas del Gobierno para articular un trabajo en conjunto sobre la temática de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Coordinada por el ministerio de Deporte, Juventud, Cultura y Gobierno, que conduce Juan Pablo Prezzoli, participan de ella otros ministerios como el de Ciudadanía, Salud y Educación, así como funcionarios del Poder Judicial.

El valor agregado de la Mesa es que incorpora el concepto de "corresponsabilidad", entendiendo que cuando un adolescente comete un delito no sólo él es responsable, como se suele tratar desde el ámbito penal, sino que allí hay corresponsabilidades. Además, pone en primer lugar la voz de los propios adolescentes, a quienes entiende como sujetos políticos activos.

En la última reunión de la Mesa, realizada a principios de febrero, se planteó la necesidad de manifestarle al gobierno nacional la postura contraria de la provincia en torno a la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad. Según Alcaraz, desde ese espacio "vamos a estar atentos para trabajar con los diputados que voten esa ley, mantener entrevistas con ellos y llevar adelante la Convención (sobre los Derechos del Niño), la Ley 2.302, que trabaja específicamente sobre una opción de libertad asistida, y de tener en cuenta los procesos que se deben cumplir. Después vamos a plantear que es inconstitucional y nos parece importante poder decirlo", afirmó el funcionario.

Otra de las funciones de la Mesa es abordar los temas pendientes en la provincia, en materia de ampliación de derechos de niños, niñas y adolescentes. El fiscal Germán Martín señaló que "Neuquén tiene la 2.302 que, desde lo penal, es una ley progresista y moderna, que instaló justicia penal especializada en Neuquén. El problema es que se limitó a la Primera Circunscripción Judicial, que tiene justicia especializada (esto es fiscales, jueces, defensores penales del niño especializados), y en el interior están juzgando a los niños y adolescentes la justicia penal de adultos (jueces de Garantías) en clara violación de la Convención Internacional del Niño. Con lo cual Neuquén tiene cierta mentirita en ese sentido. Es lo que se llama un 'doble estándar de juzgamiento', que significa un estándar bajísimo de cumplimiento de derechos humanos".

El fiscal no obstante, remarcó que "para superar eso, la Mesa tiene un proyecto legislativo referido a extender la especialidad en el interior. Es un proyecto apoyado por Unicef, por la Senaf (secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia), por varias organizaciones y tal vez se presente este año".