El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, admitió en Bariloche que la conformación del Comando Unificado de fuerzas de seguridad y la caracterización de la RAM como grupo extremista fue “una declaración política”, sin respaldo de investigaciones judiciales. Lo hizo en su paso por Bariloche. Así, contradijo a su par del gabinete nacional, Patricia Bullrich, y a gobernadores patagónicos.

Las declaraciones del funcionario macrista también dejan en falsa escuadra al gobernador rionegrino Alberto Weretilneck; a los procuradores de Río Negro, Neuquén y Chubut; y también a los secretarios de Seguridad de esas provincias, que no solo avalaron la denuncia de Bullrich contra la RAM sino que, a partir del convencimiento del accionar de esa organización, se creó el Comando Unificado Patagónico (CUP) para el norte de la región.

Garavano fue consultado sobre la existencia o no de fallos judiciales que avalen la definición de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) como grupo “terrorista” o “extremista”, tal cual lo calificó el ministerio de Seguridad de la Nación.

“Me parece que esa es una cuestión que debe ser verificada en términos de los expedientes judiciales”, admitió el funcionario, “lo que hubo fué una declaración política por parte de este Comando, que lo identificó (al RAM) en varios hechos, y me parece que hay que dejar que las causas judiciales sean las que avancen en las investigaciones”.

Garavano no pudo identificar las causas bajo el accionar intencionado de generar actos terroristas. Lo que sí existen -y en eso se basó- son investigaciones sobre delitos comunes.

El ministro agregó que “nos parece que esto no solo es un tema de seguridad sino también es un tema de integración y trabajo conjunto, con lo cual me parece que hay avances en los dos aspectos: en el avance de aquellas personas que violan la ley, que no hay ninguna excusa para violar la ley, pero por otro lado la sociedad y el Estado tiene una deuda con las comunidades originarias que tienen que ser abordada desde una problemática de derechos, y el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) está trabajando fuertemente en esa materia”.

Historia reciente

El 27 de diciembre del año pasado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó el acto que dio inicio a la conformación del Comando Unificado Patagónico. Allí, fue clara en el objetivo del órgano. Afirmó que la Resistencia Ancestral Mapuche es “un grupo etno-nacionalista que practica una violencia extrema”, y pidió a las provincias combatirlo.

Ya en aquel momento y a diferencia de su ministra de Seguridad, el presidente Mauricio Macri, tenía o al menos expresaba una visión moderada sobre el conflicto con la RAM. “Es un grupo que se radicalizó con violencia”, aseguró y aclaró que “somos un gobierno que le dio prioridad al tema indigenista, que estaba abandonado a un costado. Nosotros nos proponemos resolverlo”.

En esa línea, el presidente expresó que “este país es muy poco federal; por eso, ignorábamos lo que pasaba en Neuquén, Chubut y Río Negro”.

El informe

En aquel momento, la ministra Bullrich dijo que el CUP tenía como principal objetivo el de combatir la “lucha insurreccional” de la Resistencia Ancestral Mapuche en la región.

Por tal motivo, se decidió “convocar a la Justicia federal y provincial en este trabajo para que este fenómeno violento no crezca”, según expresó textualmente Bullrich.

Más acá en el tiempo, el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, dijo que el CUP amplió su objetivo y ahora “generará políticas coordinadas con las provincias, vinculadas al narcotráfico y los grupos radicalizados mapuches”.

Luego de esas manifestaciones vertidas en un encuentro con los responsables de seguridad de las provincias patagónicas, se anunció el traslado a la región de 800 gendarmes, y la instalación de dos puestos móviles, con 400 efectivos cada uno, que estarán ubicados en Comodoro Rivadavia y en Neuquén capital.

En aquella oportunidad, los oficialismos de Chubut, Río Negro y Neuquén recibieron la noticia y dieron su beneplácito, poniéndose a disposición de Bullrich. La demanda por una medida que ponga límites al comportamiento de la RAM fue unánime por parte de los mandatarios patagónicos.

“La RAM es un grupo violento, no hay negociación posible”, había dicho al respecto el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck.

El secretario de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, dijo que “por primera vez en la historia estamos trabajando en conjunto con Gendarmería y la Policía Federal”. Agregó que el hecho de “ver a la Federal y a Gendarmería junto con nosotros, caminando en los barrios y haciendo identificación de personas, está dando esa búsqueda de que el ciudadano crea que se puede desenvolver en su vida cotidiana con mayor tranquilidad”.

La oposición

Algunos dirigentes políticos salieron a cuestionar la medida del Ejecutivo nacional que suscribieron los gobiernos provinciales de Neuquén, Río Negro y Chubut. Uno de los que expresó sus críticas fue el diputado Martín Doñate (Frente para la Victoria), quién evaluó que “está a las claras que se monta un esquema represivo” basado en “un enemigo interno que no existe, que ni siquiera saben describir”.

“Ya se vio con los trabajadores del petróleo y con los del yacimiento de Santa Cruz:?reprimir el reclamo territorial que existe hace decenas de años en la cordillera argentina y en la Patagonia a partir de la avanzada de extranjerización indiscriminada de la tierra y de la cooptación también de recursos naturales, que de manera inconstitucional se han apropiado personajes como Joe Lewis”, sostuvo el legislador nacional por Río Negro.

Entre las principales preguntas que se hicieron los principales referentes opositores, reclamaron saber cuál era el propósito del arribo de tal número de gendarmes a la Patagonia norte, teniendo en cuenta que actualmente no hay conflictos de gravedad que no puedan resolver las diferentes fuerzas de seguridad de cada provincia, y las nacionales ya instaladas. Allí, entran en juego las suspicacias respecto de los verdaderos objetivos del gobierno nacional.

Hay quienes aseguran que la llegada de efectivos tiene un fin intimidatorio, para aquellos que piensen en la posibilidad de llevar adelante un conflicto que implique el uso de la fuerza. Como ejemplo, se utiliza el caso de Río Turbio, donde el ministerio de Seguridad ordenó el traslado de 125 efectivos a la Cuenca Carbonífera santacruceña para evitar hechos de “alteración al orden público”, con el foco puesto en los trabajadores despedidos de YCRT (Yacimientos Carboníferos de Río Turbio), quienes llevaban a cabo un acampe en la puerta de la empresa.

Otro motivo que esgrimen desde la oposición tiene que ver con los antecedentes cercanos. Tanto el caso de Santiago Maldonado como el de Rafael Nahuel fueron hechos trágicos, y si bien aún no se saben a ciencia cierta las razones de ambas muertes, sí incluyeron la participación en acción directa de Gendarmería en un caso y de la Prefectura en otro, para disuadir a grupos mapuches.

En función de todo lo anterior puede concluirse que, aunque no esté definido el marco de acción que tendrá el comando CUP en la Patagonia, el gobierno nacional, a través de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha enviado un mensaje clave para la región.