Según un estudio realizado para la Universidad Austral por el abogado constitucionalista Alfonso Santiago, especialista en la historia de la Corte Suprema, en más de 160 años de historia institucional argentina se realizaron 59 juicios políticos a jueces federales en los que  se dictaron 46 destituciones, 28 de ellas en los últimos 26 años.

Desde la vigencia de nuestra Constitución Nacional hubo un promedio anual de 350 denuncias contra jueces federales. El 93% del total de las denuncias han sido desestimadas por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, debido a que la gran mayoría que se presentan son improcedentes, y suelen provenir de las partes o letrados desconformes con las decisiones adoptadas por los jueces.

No obstante, el 80% de los dictámenes de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura proponiendo la acusación de un juez han sido aprobados por el pleno del Consejo de la Magistratura. Casi el 30% de los jueces acusados por dicha Comisión renunciaron luego del inicio del juicio político y sus renuncias fueron aceptadas.

El dato de la remoción de magistrados en nuestro país es llamativo. Solo basta comparar con los Estados Unidos, donde en 231 años de vigencia de la constitución norteamericana de 1787 sólo han sido destituidos por juicio político 13 jueces federales.

En Río Negro, en casi 60 años de vida institucional, la Justicia perdió 8 jueces por distintos grados de responsabilidad, desde inconductas personales hasta mal desempeño administrativo.

El Poder Judicial de Río Negro fue creado en mayo de 1959 por la ley provincial 39, y la primera sanción contundente llegó en 1996.

Desde ese año, el Consejo de la Magistratura encabezó 20 juicios políticos. Seis de ellos terminaron en suspensiones de entre 3 y 60 días. Otros cuatro culminaron con la absolución de los magistrados o funcionarios sometidos a proceso. Un juez fue apercibido y nueve fueron destituidos.

Durante el año pasado se llevaron adelante dos juicios políticos. Uno terminó con la destitución del juez Favio Igoldi y el otro con la remoción de la Secretaria Mariela Taboada. De esta manera, se acentuó un proceso: los últimos cinco juicios políticos terminaron con una única decisión: destitución.

Además, de los nueve magistrados y funcionarios removidos, cuatro lo fueron en los últimos 15 meses, tras los juicios políticos que se llevaron a cabo a Diego Broggini, Juan Bernardi, Favio Igoldi y Mariela Taboada.

"La explicación de este fenómeno requiere de múltiples enfoques y excede al ámbito jurídico", expuso Ricardo Apcarian, que durante el 2017 estuvo al frente del máximo tribunal de justicia de la provincia, aunque no descartó que entre las variables a tener en cuenta se encuentren una mayor participación y conocimiento ciudadano y la aceleración de lo que se denominan "juicios paralelos" llevados a cabo en ámbitos mediáticos y de la opinión pública.

Las destituciones

3 de junio de 1998 (juez Fernando Bajos)
En aquella fecha se dio a conocer el primer fallo que incluía la máxima sanción posible. El juez rionegrino Fernando Bajos había sido destituido por mal desempeño de sus funciones.

Fue el primer juez de la historia de la provincia de Río Negro en ser juzgado y destituido por el Consejo de la Magistratura provincial.

Bajos era el magistrado que tenía a su cargo la causa por el doble crimen de Río Colorado y las evidencias en su contra eran notables. Veinte fueron los cargos que se le formularon.

El homicidio de Raquel Lagunas de 17 años y Sergio Sorbellini de 19 ocurrió el 13 de marzo de 1989. Sus cuerpos acribillados a balazos fueron encontrados en un basural, y el crimen, a casi 30 años, sigue impune.

Se violaron normas de procedimientos, faltaron actas y se secuestró ilegalmente un vehículo para culpar a inocentes, se borraron huellas, se avalaron pericias balísticas en las que se cambiaron los proyectiles y hasta una autopsia que no se realizó.

20 de abril de 2006 (juez Guillermo Leskovar Garrigós)
Leskovar Garrigós fue destituido por un fallo unánime del Consejo de la Magistratura.
Se lo acusó de “mal desempeño de sus funciones”.

Se lo imputaba de ser “prestamista” y de exigir la devolución de los préstamos con altísimos intereses.

El fallo señaló que se pudo comprobar que el ahora ex juez utilizó la estructura del poder judicial para realizar operaciones financieras, y con empleados de ese poder. Además, comprobó la compra de bonos por parte del juez a empleados judiciales, en el propio juzgado.
Incluso se mencionó que el juez hasta puso un aviso en el diario Río Negro.

También se lo encontró responsable de haberle otorgado un préstamo de 12.000 dólares a Jorge Montero, denunciante y ex empleado de su juzgado. “Mediante la suscripción de 18 pagarés por 887 dólares cada uno con vencimientos mensuales y consecutivos, y la posterior suscripción de nuevos pagarés por las sumas de 750 pesos el primero, y 550 pesos los dos restantes”, aseguraba el fallo.

23 de octubre de 2006 (juez Alberto Cariatore) 
Ese día por mayoría, el Consejo de la Magistratura decidió excluir del cargo de juez de Familia de Villa Regina Alberto Cariatore, responsable de mal desempeño en su función. 

Fueron tres los cargos, todos relacionados con la restitución de dos menores a su progenitor. Con la actuación del entonces grupo Bora, a los menores se los excluyó violentamente del hogar.

La acusación, validada después por el fallo, asegura que el entonces juez llevó adelante un allanamiento en horas de la madrugada en el que los menores fueron retirados de los brazos de su madre merced a una decisión arbitraria y a la que se llega y da trámite con ostensible violación de distintas previsiones legales, muchas de ellas expresas y de rango constitucional, como el artículo 21 de la Constitución Provincial que permite, sólo en circunstancias de extrema excepcionalidad, el allanamiento en horas nocturnas, exigiendo una fundamentación que lejos está de poder brindar el magistrado.

29 de noviembre de 2013 (juez Carlos Vila)
El juez Carlos Vila, fue destituido por el Consejo de la Magistratura, acusado de “graves desarreglos de conducta”.

Fue protagonista de un verdadero escándalo en Tribunales cuando, estando de licencia, exigió la entrega de elementos de su juzgado, insultando a empleados y pares.

Lo más grave fue la acusación penal en su contra de su esposa, que lo denunciaba por violencia de género extrema, siendo víctima la mujer de amenazas con arma de fuego. Además de la destitución, fue inhabilitado de por vida para ocupar cargos judiciales.

25 de octubre de 2016 (juez laboral Diego Broggini)
El Consejo de la Magistratura le impuso la más severa sanción al juez laboral Diego Broggini, por no responder en los tiempos legales a las demandas que llegaban a su despacho, ralentizando el servicio de justicia.

A Broggini se lo acusó por incumplimiento de plazos legales para dictar sentencias en más de 70 expedientes.

“Aun cuando resulte de Perogrullo, enfáticamente decimos que los plazos procesales para resolver son una cuestión esencial para la correcta administración del servicio público de administración de justicia”, argumentaba el fallo del Consejo.

12 de septiembre de 2016 (juez Juan Antonio Bernardi)

El Consejo de la Magistratura destituyó por unanimidad al juez camarista Juan Bernardi.

La acusación, tal cual fue el pedido de la fiscal Baquero Lazcano, fue la de graves desarreglos de conducta y mal desempeño de sus funciones.

Tras un pormenorizado análisis de la prueba, el Consejo determinó que el ex magistrado no actuó conforme a su investidura.

“Los comportamientos del sumariado son causales de destitución”, aseguró el fallo, y así dictaminó el fin de la carrera judicial de un juez altamente valorado por sus fallos, pero posteriormente condenado por la justicia penal a la pena de cinco años de cárcel acusado de corrupción de menores.

El fallo comprobó que Bernardi intervino en una jurisdicción que no era la suya para salvar a Julio Anteuque (cuidador de su chacra y condenado posteriormente en la misma causa penal) de otra causa por amenazas con arma de fuego y en estado de ebriedad en el propio edificio del Poder Judicial.

6 de junio de 2017 (juez Favio Igoldi)

El Consejo de la Magistratura destituyó al juez Favio Igoldi, acusado de mal desempeño de sus funciones. El veredicto fue por cinco votos a favor de la expulsión y tres en contra.

Además, el ex juez quedó inhabilitado por cinco años para cubrir cargos dentro del Poder Judicial.

La Procuradora General de la provincia en ese entonces, Silvia Baquero Lazcano en la instancia de alegatos expuso “quedaran debidamente probados los actos de manifiesta arbitrariedad que afectaron gravemente el servicio de justicia”.

Entre varias de las acusaciones, se le adjudicó a Igoldi mal desempeño en la investigación del incendio en el Juzgado, ocurrido en julio de 2015.