Al menos tres empresas que cerraron durante este año en la provincia de Neuquén no cumplieron con los pasos previstos legalmente ante crisis o problemas económicos para desempeñar una actividad productiva, mientras que sus empleados supieron que quedaban desocupados al llegar a su lugar de trabajo y llevan varios meses sin cobrar las indemnizaciones. Así ocurrió en Textil Neuquén y la maderera MAM, ambas del Parque Industrial de la capital, y también en la minera Minarmco, de Cutral Co.

La abogada y militante política Hormazábal afirmó que los tres fueron actos “ilegales” de las empresas, porque se trató de lock out que están “prohibidos por la legislación”. Marcelo Zúñiga, que es candidato a concejal de Unidad Ciudadana y fue delegado local del ministerio de Trabajo de la Nación, dijo que desde el año pasado esa cartera “avala” situaciones injustas y permite que “se deje de lado la jurisprudencia y la legislación”, para reemplazarlas por “la ley del más fuerte” como nuevos “usos y costumbres” en materia laboral.

La citada firma textil cerró en febrero pasado y dejó sin empleo a 36 mujeres, casi todas madres y jefas de hogar. En la maderera mencionada están por cumplirse tres meses de despidos y suspensiones que afectan a 94 trabajadores, mientras que en la minera cutralquense perdieron su fuente laboral 20 obreros.

En todos los casos, los afectados se han mantenido dentro de la fábrica como una forma de defender sus fuentes de trabajo, mientras realizan gestiones ante autoridades públicas y en lo posible con las propias patronales para buscar alternativas de solución. Además, sus delegados afirman que han encontrado apoyo en organizaciones populares y en el conjunto de la comunidad para recaudar algún dinero y sostenerse en medio del desamparo.

Zúñiga, quien dirigió la delegación neuquina del ministerio de Trabajo durante el kirchnerismo, dijo que “cuando una empresa tienen problemas económicos se debe presentar lo que en la normativa laboral se denomina como ‘conflicto colectivo’. Quiere decir que ya no se trata de un conflicto entre un trabajador individualmente y la patronal, sino que pasa a ser un conflicto de la empresa con el conjunto de sus empleados a raíz de alguna causa que en principio puede estar impidiendo el normal funcionamiento”.

Sostuvo que “en esos casos, en términos prácticos pueden ocurrir tres situaciones”, y la primera es cuando el sindicato “solicita una audiencia de conciliación al ministerio para resolver la situación en favor de los trabajadores, y reencauzar la paz social y el normal desarrollo de la actividad productiva”.

En segundo lugar existe “un uso y costumbre de muchos sectores patronales que accionan a través del lock out patronal, que es cerrar la fábrica y despedir al personal. Eso no corresponde”, remarcó el ex funcionario, que es candidato a concejal de Neuquén capital.

Aclaró que “de acuerdo a la normativa laboral, si hay una situación anómala que desde la óptica del empresariado determina un obstáculo importante para poder continuar desarrollando la actividad y manteniendo la fuente de trabajo, lo que corresponde es presentar lo que se denomina el “PPC”, que el Procedimiento Preventivo de Crisis”.

“Eso es un informe detallado que tiene varias dimensiones”, continuó Zúñiga. “como el tema financiero, el flujo de producción, la cantidad de personal y toda la información donde se detallan las causas por las cuales la empresa aduce que se encuentra en problemas para seguir con las tareas normales de la actividad y eventualmente, desde la óptica patronal, se justificaría un achique de personal u otros cambios en la situación productiva y en la relación laboral”.

Luego destacó que “ese PPC, para ser presentado tiene que tener el aval del sindicato de la actividad que se trate. No es una decisión una decisión unilateral de la parte empresarial”.

Encontrar los portones cerrados

La decisión de los propietarios de actuar por hechos consumados se repitió en los tres casos. “Las obreras de Neuquén Textil salimos de vacaciones el 16 de enero y teníamos que haber vuelto a nuestro trabajo el 6 de febrero. Pero el 31 de enero a la noche me llaman a mí para decirme que había movimientos extraños en la fábrica y que estaban saliendo unos camiones”, contó en declaraciones publicadas por este portal de noticias Marina Catilao, delegada de las obreras de esa fábrica.

“Me acerqué a la fábrica y me encontré con la terrible noticia de que los empresarios Huerta la habían vaciado complemente. El solo hecho de recordar ese día se me quiebra la voz. En ese momento se terminaron nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras ilusiones. Los empresarios dejaron en la calle a 36 trabajadoras, de las cuales 34 somos jefas de familia y con hijos”, relató la representante de las obreras textiles.

Vergara, delegado del personal de la maderera MAM, cuenta que los dueños “en abril más o menos habían presentado un Preventivo de Crisis y se estaba discutiendo en la subsecretaría de Trabajo. Esa discusión todavía no estaba terminada pero ellos el 3 de julio tomaron la decisión de cerrar los portones, despedir a la mitad de los trabajadores y a la otra mitad suspenderla”.

Pero “no se definió el Preventivo de Crisis, no hubo dictamen de la subsecretaría, pero igual ellos decidieron tomar esta medida. Nosotros sostenemos que es ilegal, porque nos toman bajo un Preventivo de Crisis inexistente, que en ese momento no estaba aprobado ni ahora tampoco”, agregó el vocero del grupo de afectados.

Puntualizó además que “tampoco mandaron las notificaciones a cada uno de los trabajadores. Nosotros nos enteramos el día 3 de julio a las 6 de la mañana cuando nos presentamos a trabajar, y del otro lado del portón el dueño nos dice que estamos despedidos la mitad, y la otra mitad suspendidos”.

A su vez, en la minera Minarmco “fue un lunes, comenzaba la semana, y lo llaman a un compañero de la casa y le avisan que le había llegado una carta documento”, reconstruyó Ariel Ovando. “Así que como yo era delegado intento comunicarme con la empresa para ver porqué habían despedido al compañero, pero no me atendieron. Y a las pocas horas le empezaron a llegar cartas documento al resto, a todos los compañeros”.

“Nos cayó como un balde de agua fría, no sabíamos lo que estaba pasando”, recuerda. “Pedíamos respuesta a los encargados y tampoco sabían nada. Después, cuando pudimos tener alguna información, aunque no de la patronal porque no nos contestaba sino que fue de los encargados, supimos que estábamos todos despedidos y nos iban a liquidar las indemnizaciones. Los sueldos ya no nos pagaron”, dice el delegado. Y hasta el momento las indemnizaciones tampoco.

Empresas privadas y autoridad pública

“El común denominador que tienen los cierres de Minarmco, Textil Neuquén y MAM, todos producidos en el año 2017, es la maniobra ilegal de realizar un lock out patronal por parte de los empresarios a cargo de cada una de estas fábricas. Son lock out que implican el cierre ilegal del establecimiento, lo cual se encuentra prohibido por la legislación argentina”, resumió la abogada y militante política Hormazábal, quien integra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y asesora jurídicamente a trabajadores en conflicto.

Señaló que las decisiones empresarias de los casos mencionados “no tienen solo la finalidad de cerrar los establecimientos y dejar en la calle a los empleados, sino que también en algunos casos pueden ser para variar las condiciones de trabajo para que los trabajadores se presten a la baja de sus salarios y desbaratar derechos. Lo cual además es un delito sancionado por el Código Penal”.

Esto último, agregó la abogada, “fue lo que ocurrió en el caso de MAM, donde el cierre ilegal se produjo el 3 de julio de este año. A través de un Preventivo de Crisis ilegal y fraudulento, tuvo la finalidad de mostrar que esa fábrica tenía una crisis económica y financiera y así poder despedir a la mitad de sus trabajadores, que son operarios que tienen más de 20, 30 y hasta 40 años de antigüedad dentro de la empresa, para dejar un plantel mínimo achicando turnos, recortando categorías y vulnerando derechos”.

También indicó que “en el caso de Textil Neuquén, el cierre se produjo con la finalidad de vaciar una fábrica. El 31 de enero, los dueños no solo cerraron sus puertas sino que además se llevaron maquinarias que se encontraban bajo prenda del Iadep (Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo), con el propósito de quitar a las trabajadoras toda posibilidad de continuar con la operatoria de la fábrica”.

Ello se hizo “inclusive perpetrando un hecho profundamente delictivo, porque esas maquinarias se encontraban bajo garantía prendaria del Iadep. Habían sido adquiridas con un crédito de este organismo con fines de ser destinadas a una unidad productiva, lo cual significa que no pueden ser utilizadas para otra finalidad”, completó Hormazábal, quien milita en el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) y actualmente es candidata a concejal de Neuquén capital.

El ministerio de Trabajo, junto con las subsecretarías de Trabajo provinciales, “es la autoridad laboral que debe intimar para que se cumplan las normas”, puntualizó Zúñiga. Añadió que esos organismos públicos “tiene poder de policía para intimar a las empresas a cumplir la normativa vigente. Si no la cumplen, están fuera de la ley”.

“Quien vacía una empresa de forma unilateral y deja a los trabajadores a la intemperie, cualquiera sea la razón que esgrima, está fuera de la ley”, reiteró. Afirmó que “en los años anteriores, el principio máximo que guiaba la política laboral era preservar la paz social, el mantenimiento de las fuentes laborales, y canalizar los conflictos a través de la negociación colectiva. Quien garantiza eso es la autoridad laboral”.

Pero según el dirigente y ex funcionario, “cuando la autoridad laboral se corre y deja que las partes por su cuenta intenten resolver los problemas que se van produciendo, tanto por parte de los empleados como de los empresarios, la consecuencia es que se desprotege a los trabajadores y se genera un caldo de cultivo para que las situaciones se desmadren”.

Zúñiga dijo finalmente que “lo que está ocurriendo en términos prácticos es que la jurisprudencia y toda la normativa laboral de a poco se deja de lado y en los hechos, como una especie de nuevos usos y costumbres, empieza a regir la ‘ley del más fuerte’. De esa forma, el Estado, en lugar de asumir un papel de garante del bienestar general y de árbitro entre las partes, lo que hace es obrar por acción y omisión a favor de la parte empresarial”.

Desde que el 3 de julio cerró MAM, “nos quedamos ahí todo ese día, y de ahí no salimos más”, citó el delegado Vergara. En la minera Minmarco, según el obrero Ariel Ovando, de 20 despedidos “la mitad seguimos en la planta, nos hemos quedado tratando de tirar como podemos”. En ambos casos realizan gestiones ante el gobierno provincial y tratan de negociar con los empresarios, hasta ahora sin resultados favorables.

En Textil Neuquén, en cambio, la lucha de las despedidas llevó a un acuerdo prometedor, pero que todavía no se ha implementado. Con intervención del Ministerio Público Fiscal y del Ejecutivo neuquino, en julio se firmó un compromiso para que las obreras retomen sus tareas en el predio del Parque Industrial que ocupará la firma rosarina Proseind y donde ellas trabajarían como cooperativa proveedora de esa firma.

Pero también en este caso las trabajadoras se mantienen dentro de la planta. “Seguimos firmes y en pie de lucha. Reclamamos que lo antes posible se termine de construir el nuevo predio para trasladarnos (con las maquinarias) y volver a encontrarnos con nuestra fuente laboral”, afirma la delegada Catilao.

Hay perspectivas más alentadoras en este último caso, mientras que en los dos anteriores el porvenir es incierto. Mientras tanto, sin embargo, se siguen imponiendo los actos “ilegales” de las empresas, y la denunciada política oficial que permite “la ley del más fuerte”.