“YPF, desde la nueva administración que asumió hace un año y medio atrás, ha cerrado las puertas de cualquier intento de diálogo”, disparó el vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, al acusar a la conducción designada por el gobierno de Mauricio Macri en la compañía petrolera renacionalizada, por la escalada que tuvo a mediados de este año el conflicto por intereses contrapuestos entre la explotación hidrocarburífera y las demandas de pobladores originarios en la zona de Vaca Muerta.

“Nahuel y Gabriel Cherqui, que son de la Confederación Mapuche de Neuquén, vienen creando las comunidades después de (que se descubriera la formación de) Vaca Muerta. Eso es una realidad. Hay dos personas que utilizan una confederación que representa a muchísimas personas en la provincia del Neuquén y lo hacen para un negocio particular”, lanzó el intendente de Añelo, Darío Díaz.

Nahuel es huerquén (vocero) de la entidad, mientras que Cherqui es lonco de la comunidad Kaxipayiñ, asentada en la zona de Loma de La Lata y cuyas demandas en ese territorio también derivaron en conflictos con YPF. Tanto el vocero mapuche como el jefe comunal añelense fueron entrevistados por para este informe.

Hace un mes, el pasado 15 de julio, el gobernador Omar Gutiérrez anunció públicamente que se abría una instancia de diálogo entre el gobierno provincial, la empresa YPF y la comunidad mapuche Campo Maripe. La decisión oficial llegó luego de largas jornadas de extrema tensión en Bajada de Añelo, donde miembros de dicha comunidad mantuvieron bloqueada la actividad de explotación de los pozos por alrededor de 30 días.

Entre el comienzo de la protesta de los pobladores y el anuncio oficial, había mediado una decisión de la jueza federal Carolina Pandolfi, a raíz de denuncias penales realizadas por la compañía petrolera que tiene mayoría accionaria del Estado. Con esa medida judicial de por medio, Gendarmería envió efectivos a la zona el día 13 de julio y algunos operarios pudieron ingresar a la zona de pozos. Fueron momentos donde se temieron hechos graves de violencia. Un par de días después, la apertura de un proceso de negociación descomprimió las tensiones, al menos momentáneamente.

Nahuel afirma que YPF ejerce “una actitud absolutamente autoritaria y tozuda que lo único que ha hecho es alimentar permanentemente el conflicto, echarle combustible al fuego y no ha logrado nada. Porque a través de la fuerza, por lo menos con la comunidad mapuche no logró nada. Nosotros no estamos queriendo impedir la actividad, pero debe hacerse en base a lo que está normado y fundamentalmente respetando al derecho territorial que tiene la comunidad mapuche”.

En cambio, el intendente Díaz sindicó más de una vez a los dos dirigentes mencionados como responsables del agravamiento de la disputa. “Nahuel y Cherqui son los ideólogos de esto, agarrándose de una institución como la Confederación Mapuche”.

En la interpretación del jefe comunal, ambos representantes “crean las comunidades, generan los conflictos necesarios y piden territorios de 20 mil o 40 mil hectáreas donde hoy se está explotando el petróleo, para luego negociar con las empresas petroleras el tema ambiental, el tema de lo que se rompe. Es una forma extorsiva, a través del conflicto no dejan trabajar y todo es para un beneficio personal”.

“El último conflicto grande que tuvimos fue en Tratayén y sé que siguen conformando otras comunidades alrededor de Añelo, y también en la zona de Cutral Co y Zapala. Por ejemplo, el desarrollo de Loma Campana del lado Este, se ha paralizado toda la actividad hace tres años por el conflicto, se está perdiendo mucha inversión, mucho desarrollo y mucha energía”, afirmó Díaz.

Nahuel devolvió las críticas con durísimas apreciaciones sobre el intendente. “El rol que ha cumplido Darío Díaz como representante del pueblo de Añelo ha sido lamentable, incitando a la violencia, incitando al odio racial. La base de un racista siempre es la ignorancia y él no solo es ignorante sino que también actúa de mala fe, alimentando estigmas, alimentando enfrentamientos de pobres contra pobres, queriendo marcar una diferencia tajante entre mapuches, criollos, fiscaleras, cuando somos todos de una misma condición”, afirmó.

 “No tenemos ningún problema entre nosotros, pero Darío Díaz permanentemente incita a la violencia. No lo ha logrado por suerte, porque las familias mapuches, las crianceras, y las fiscaleras se conocen desde siempre, de décadas de convivir, todas son víctimas de políticas de abandono por parte del Estado y la llegada del petróleo para ellos ha sido una noticia desgraciada, porque les ha significado desplazamientos, destrucción de su tierra que sostiene una economía de pequeña ganadería”.

En cambio, su opinión es muy distinta respecto de otro jefe comunal de la zona: Juan Ramón Oses, de El Chañar. El representante mapuche, que no lo menciona por su nombre sino por su cargo, lo hace de forma muy considerada y hasta le sugiere al titular del municipio de Añelo “mirarse en su espejo”.

Dice Nahuel: “El rol de un intendente es fundamental para poder establecer un puente, un vínculo, tratar de alguna manera de contener el impacto tremendo que genera la industria petrolera en las tierras de todos estos sectores. Darío Díaz irresponsablemente no ha cumplido con ese rol, lo único que ha hecho es agitar y mentir, y está cumpliendo ese triste papel”.

“A nosotros nos parece lamentable, lo hemos llamado a la reflexión numerosas veces y le hemos puesto frente a sus ojos otro ejemplo, que es el accionar del intendente de San Patricio del Chañar, quien cumple un rol absolutamente contrario al de Díaz. Está permanentemente preocupado por el conflicto, busca mediar, busca utilizar su influencia en el gobierno provincial para llamar a la reflexión, llamar la atención para que no se utilice la violencia, para que se dialogue, para que se acuerde. Creo que es un buen espejo donde debería mirarse”, completó el vocero de la confederación.

YPF en los territorios

A criterio de Nahuel, “desde que se inició Vaca Muerta y se firmó el pacto con Chevron, arrancó todo un trabajo que no contempla la existencia de la comunidad. Por lo tanto la comunidad, en un acto legítima defensa de su territorio, ha decidido que no va a permitir ningún tipo de trabajo en la meseta, eso llevó a situaciones de mucha tensión, de permanentes amenazas y hostigamientos por parte de YPF que no quiere reconocer a la comunidad, como tampoco lo hace el gobierno de la provincia a través del ministro (de Seguridad, Trabajo y Ambiente, Jorge) Lara”. Más adelante, el dirigente contrastará esa crítica al gobierno neuquino con un explícito reconocimiento al “diálogo” con otra área gubernamental: el ministerio de Ciudadanía.

En cuanto a YPF, ha dicho en comunicaciones oficiales que “trabaja para el desarrollo energético del país y para que todos sus habitantes puedan mejorar su calidad de vida. Lo hace en el marco del respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de la Argentina y a través del diálogo permanentemente con sus interlocutores, con el propósito de construir vínculos duraderos y de mutuo beneficio”

“Con respecto a la cuestión medioambiental, YPF ha denunciado todas las situaciones ambientales ante la autoridad competente y presentado planes de trabajo específicos, cuya ejecución en ciertos casos está siendo impedida por las comunidades. Además, la evolución de las tareas se informa regularmente”, aseguró la compañía estatal.

El pasado 14 de junio se conoció la presencia de pobladores mapuches que impedían realizar tareas en la locación denominada HP 234, ubicada en Tratayén, en la punta de Loma Campana. El día 22, YPF se quejó de que “ayer integrantes de la familia Campo Maripe se presentaron, junto a otras 40 personas, en una locación de la compañía donde paralizaron las actividades y sacaron, en forma violenta y bajo amenazas, a todos los trabajadores”.

La empresa afirmó que el bloqueo generaba “una situación de riesgo para todas las personas que se encuentran en el lugar por la presencia de materiales que deben ser manipulados por personal idóneo. La compañía hace responsables a los líderes de la comunidad por las consecuencias que se pudieran generar para la seguridad de las personas y el medio ambiente”.

Nahuel justifica la posición de la familia que encabezó la protesta. Según él, “Campo Maripe, a raíz de un conflicto que tiene con el Estado provincial que no quiere reconocer el resultado del relevamiento territorial, ha tomado la decisión de no permitir trabajos en su territorio comunitario hasta que se definan los límites de su territorio”.

Para Díaz, en aquellas jornadas “la Gendarmería actuó fue para poder poner en funcionamiento un equipo que lo tuvieron paralizado más de 30 días. Ahora está con la presencia de Gendarmería para que estas falsas comunidades de pueblos originarios no tomen otra vez los equipos e impidan trabajar”.

En la interpretación de Nahuel, “llegó a un momento de máxima tensión cuando YPF logró una orden de desalojo de la jueza Pandolfi, y hubo todo un movimiento de Gendarmería hacia el territorio. Paralelo a eso estábamos llevando adelante un proceso de diálogo político con el gobierno de la provincia del Neuquén a través del ministro (de Ciudadanía) Gustavo Alcaraz, y cuando parecía que las cosas iban a terminar de manera dramática, de manera violenta, a raíz del accionar de Gendarmería, se estableció el acuerdo con el gobierno de hacer una pausa, una tregua, a través de la cual el propio gobernador se comprometió a hacer una propuesta territorial sobre todo el sector que se conoce como Loma Campana”.

 “Industria y pueblo mapuche”

YPF ha dicho oficialmente que “cuenta para el relacionamiento con estas comunidades con un equipo de profesionales que trabajan en el terreno. Las comunidades participan de mesas de diálogo, ámbitos de los que han surgido diversas iniciativas enfocadas en la calidad de vida y el fortalecimiento intercultural como el apoyo a la escuela de adultos, el transporte escolar, la obra social para personas mayores y sin trabajo, la instalación de electricidad en casas de familia, la readecuación del sistema de provisión de gas con instalación de zepelines, calefactores y termotanques, y la construcción de un espacio recreativo”

“También la puesta en marcha de proyectos productivos como la sistematización de hectáreas de alfalfa, y mejoras generales en la infraestructura familiar. A esto se suman compensaciones especiales vinculadas con la operación e implementadas de común acuerdo, así como puestos de empleo en la actividad hidrocarburífera y contratación de empresas de servicios de integrantes de la comunidad”, según la compañía hidrocarburífera, ahora conducida por funcionarios designados por el macrismo.

Pero según Nahuel, “YPF ha usado y abusado de esa ventaja que le ha dado el Estado provincial de darle vía libre como si ese territorio fuera tierra de nadie. Lo que nosotros queremos es poner en orden esa situación. Han intentado volvernos atrás con amenazas de procesamientos, nos han abierto decenas de causas, porque ellos creen que de esa manera pueden amedrentar a la comunidad, pero como están actuando con total ilegalidad, no ha resultado”.

“Lograron la orden de desalojo de la jueza Pandolfi, pero nosotros logramos este acuerdo que establece una tregua, y ojala esa tregua sirva para definir de una vez por todas la relación entre la industria y el pueblo mapuche”.

Por el momento, todas las expectativas están puestas en el proceso de negociación entre el gobierno provincial, las comunidades originarias y la empresa estatal. “El mes de agosto es el tiempo que nos hemos propuesto para llegar a un acuerdo”, dice Nahuel. Explicó que aspiran a lograr un “protocolo” que sería “para que se haga todo respetando el marco jurídico que hoy existe.

Entrevistas: Mauricio Rojas