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El gobierno de Alberto Fernández convirtió la alianza con el movimiento obrero en uno de sus pilares. A diferencia de su antecesor en el cargo, el actual presidente sabe que con los mercados no alcanza. Por eso busca tener en los trabajadores y los movimientos sociales una base de sustentación y legitimación para sus políticas.
Ante cada decisión que afecta a los trabajadores el gobierno consulta a los gremios. Tanto el Presidente como su Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, no dudan en establecer un canal directo con los principales referentes de las centrales sindicales para buscar consenso en los temas más álgidos.
Así ocurrió con los aumentos dispuestos por el gobierno para trabajadores estatales y privados, beneficiarios de los programas sociales y jubilados. También con la ley de emergencia que la Casa Rosada logró sancionar en el Congreso de la Nación.
El abanico de interlocutores es amplio: desde la conducción de la CGT y las dos CTA hasta los sectores que todavía permanecen por fuera de la primera de ellas, como los camioneros de Hugo Moyano o los bancarios de Sergio Palazzo. Aunque en menor medida, el sector que responde a Luis Barrionuevo (de pasado macrista) también es tenido en cuenta.
“El gobierno de Cambiemos nos dejó en la banquina y la administración actual nos está poniendo de nuevo en el camino, que significa recuperar la producción, el consumo y el empleo, y nosotros estamos en todo de acuerdo con eso, que significa recuperar el Estado de Bienestar en la Argentina”, sintetiza a Omar Plaini, titular del gremio de Canillita y referente del moyanismo en la CGT.
En tanto, el secretario general de Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, asegura que “sabemos que hay cosas urgentes y dentro de la emergencia, que hay que atender a los sectores más vulnerables. La decisión para los jubilados, para los que perciben la Asignación Universal y la inyección a los salarios más retrasados nos parece un paso más en esta situación de emergencia que vive el país”.
Pesada herencia
El gobierno de Alberto Fernández le “pidió” al sindicalismo 180 días para ordenar la “pesada herencia” que le dejó su antecesor, Mauricio Macri. En ese marco se otorgaron aumentos salariales por decreto, tanto a trabajadores privados y estatales como a jubilados, sorteando los incrementos a través de la discusión paritaria en el marco de los convenios colectivos.
La posibilidad de extender ese mecanismo por otros seis meses enciende la luz de alarma en el mundo sindical. Es que según un estudio difundido por la consultora Ecolatina la semana pasada, el poder de compra promedio de los trabajadores registrados cayó de 6,2% en 2018 a 8% en 2019, siendo todavía mayor la pérdida para quienes están por fuera de los convenios colectivos. Los trabajadores informales vieron caer sus ingresos de 6,3% en 2018 a 13% en 2019.
Si bien la decisión de extender por otros seis meses los aumentos por decreto en desmedro de la paritaria no fue confirmado por el gobierno, la posibilidad es mirada con recelo por la centrales sindicales, a pesar de que tanto en la CGT como en las distintas versiones de la CTA reina el apoyo a la administración del Frente de Todos.
Sin embargo si este mecanismo se reitera pueden aparecer las primeras fisuras, algo que de un lado y del otro quieren y necesitan evitar. En los gremios aducen que los aumentos de suma fija “achatan las escalas salariales”. Además, en los sindicatos con trabajadores mejor pagos y mayor poder de negociación la suma fija suele ser menor que el porcentaje que obtendrían en paritarias.
Por ahora todos prefieren la cautela. “Las medidas que tomó el gobierno, incluida esta modalidad de aumentos por decreto y a suma fija, son por 180 días. Si ese plazo se extiende lo veremos cuando esto suceda, no ahora. El gobierno dijo que las paritarias son libres y que los aumentos son a cuenta de esas paritarias y estamos de acuerdo con eso”, explica Plaini.
El dirigente agrega que “el gobierno está atendiendo la emergencia, congeló tarifas, otorgó aumento de salarios a cuenta de la paritaria, intenta controlar la suba de precios y estimular el consumo y la producción, es lo que Alberto Fernández prometió en la campaña y estamos de acuerdo con eso”.
Moderación y prudencia
Con extensión o no de la emergencia la Casa Rosada necesita que los salarios crezcan con moderación para tratar de frenar la espiral inflacionaria que dejó el gobierno de Mauricio Macri y para mostrar a los acreedores externos un programa económico consistente.
Sin embargo la alta inflación empuja a los gremios a cuestionar, por ahora por lo bajo, la idea de extender por otros 180 días los aumentos por decreto. Los sindicatos, sobre todo aquellos que tienen mayor poder de negociación, saben que entre sus afiliados la palabra paritaria es sagrada. Máxime cuando hay que recuperar poder adquisitivo.
Según difundió el Indec el miércoles pasado la inflación de 2019 fue del 53,8%, la más alta en los últimos 28 años. Esta cifra garantiza un nivel de arrastre significativo para 2020, que ubicaría el alza de precios en algo más del 42 %. Con eso niveles de inflación la discusión paritaria se vuelve todavía más urgente para los gremios. Al menos para “no perder tanto”.
Sabiendo esto el gobierno pidió públicamente “moderación” a la hora de acordar aumentos salariales. Además, busca que no se pacten las denominadas “clausulas gatillo” surgidas durante el macrismo como mecanismo de reajuste salarial que acompaña la inflación.
Lo que busca la Casa Rosada es que los aumentos salariales recompongan el poder adquisitivo pero no alimente la suba de precios, en una apuesta en dos frentes: abaratar el costo de vida y dar una señal a los acreedores en momentos en que se negocia la reprogramación del pago de la deuda. El gobierno necesita mostrar que también tiene muñeca política para llevar adelante las medidas económicas implementadas desde el 10 de diciembre.
Tal vez por eso fue el propio presidente el que decidió meterse en el tema. "Si uno suma el bono, y los aumentos de diciembre y marzo eso significa un aumento del 19%. Una recuperación casi del 20% de poder adquisitivo que se perdió durante el gobierno de Macri", explicó Fernández en una entrevista televisiva, en la que también dijo que "queremos que las paritarias funcionen".
Por ahora desde el Ministerio de Trabajo aseguran que los aumentos de suma fija y por decreto, tal como se utilizaron en el inicio de la presidencia de Néstor Kirchner, donde el actual mandatario era Jefe de Gabinete, es una metodología transitoria. Además insisten en que los salarios no perderán contra la inflación, como ocurrió en el gobierno anterior.
Sintonía fina
Desde la CGT prefieren no hacer olas y apostar a que el gobierno ajuste hacia arriba. “Los aumentos de suma fija buscan poner planta en el bolsillo de los trabajadores que más lo necesitan. Son aumentos a cuenta de la paritaria, que en muchos casos ya se empiezan a discutir. Nosotros estamos de acuerdo con eso, porque el gobierno ha dicho que las paritarias son libres”, destaca Plaini.
Desde las centrales obreras apuntan además a que las patronales hagan su esfuerzo. El secretario general de la CGT, Carlos Acuña, dijo que le "parece bien seguir con aumentos de suma fija que favorecen a los que menos ganan” pero advirtió que “hay otros sectores (entre los que incluyó al suyo, los dueños de las estaciones de servicios) que han ganado muy bien y como trabajan a porcentaje les mejoró la rentabilidad más de 300%”.
Como para dejar en claro hacia dónde apuntará el sindicalismo, Acuña fue más allí y subrayó que “el sector empresario no está colaborando en nada. No todos los sectores están igual: algunos están más preocupados por los despidos que por el salario. El sector empresario tiene que aportar. Nosotros estamos de acuerdo con aportar para que el país salga adelante”.
Con todos los principales gremios se aprestan a discutir paritarias, que se irán desarrollando desde este mes y tendrán en junio próximo su punto culminante, ya con el panorama económico general un poco más claro.
“Los ferroviarios – explica Sasia- tenemos un acuerdo para que se actualicen los salarios respecto de la inflación de diciembre. Las escalas salariales se van a actualizar a mediados de este mes y vamos a sentarnos a negociar con los números de la inflación. El bono que recibimos es a cuenta de las negociaciones que uno pueda llevar adelante por sector”.
Agendas
Tanto el gobierno como las centrales obreras evitarán declaraciones estridentes sobre la cuestión salarial. Saben que se necesitan mutuamente y que, en definitiva, hacer pública las diferencias en torno al díptico suma fija/paritarias lleva agua al molino ajeno.
Además, miran de reojo el resto de los temas de la agenda común: distribución del ingreso, desocupación, trabajo en negro, obras sociales y sistema provisional. Todos ellos, junto a la discusión salarial, forman parte de un combo tan complejo como definitivo en la relación entre gobierno y sindicatos.
"Cuando te aplauden los de afuera es porque te están cagando”, advierte Acuña, quien recuerda que el macrismo "hablaba de inversiones pero nadie iba a invertir en un país donde no hay poder adquisitivo”.
Y adelanta que "va a seguir el apoyo del Movimiento Obrero a este gobierno”, ya "tenemos la obligación y la responsabilidad de ayudar a que esto salga adelante”.
Plaini recuerda que “este año la CGT cumple 90 años y siempre hemos tenido los mismos objetivos: salario digno, empleo digno, vivienda y salud. Ojalá que ahora podamos dejar de discutir empleo, la falta de trabajo, y podamos avanzar en todo lo demás”.
Y también el referente el Frente Sindical deja un mensaje: “Más allá de la mayor o menor sintonía que se pueda tener con el gobierno de turno nosotros aspiramos a tener un programa propio, de los trabajadores, y llevarlo adelante”.
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