Decíamos hace unos meses que el régimen que actualmente vive el país no es una dictadura pero tampoco estrictamente una democracia. Señalábamos que si bien tiene una impronta ideológica similar y puntos en común con la autodenominada Revolución Libertadora, la dictablanda de Onganía - Levingston - Lanusse, el Proceso cívico militar del ‘76 al ‘83 y los nefastos ’90, no es lo mismo porque surgió de elecciones, bien que condicionadas por las ‘fakenews’ y los medios monopólicos, pero elecciones al fin. Concluíamos que lo actual aún no tiene nombre y que esa característica es una de las mayores dificultades que se le plantean al campo popular.

Con el trascurso de los meses, luego de la fuerte devaluación, la inflación desbocada y el fuerte endeudamiento que desembocó en la entrega del control de la economía al Fondo Monetario Internacional, comienza a verse con mayor claridad que este gobierno es vehículo de un proyecto que busca destruir definitivamente las conquistas de justicia social y soberanía política introducidas por el peronismo, llevando al país medio siglo para atrás.

No de otra manera puede interpretarse la buscada pulverización el salario de los trabajadores, la destrucción de la industria y el trabajo, y la cesión de la soberanía económica producidos en los últimos meses.

Se trata claramente de insertar el país en la nueva estrategia estadounidense para su área de influencia estratégica, en el marco del fin de la unipolaridad con el surgimiento de China como primera economía mundial y la puja entablada con ella por la hegemonía planetaria.

Para Sudamérica, las nuevas herramientas de este esquema neocolonial son el “lawfear”, que somete el Poder Judicial a los designios del poder político y priva a la sociedad de garantías, y la colonización de la subjetividad por acción combinada de los medios hegemónicos y las llamadas “granjas de trolls” que bombardean con falsas noticias las redes sociales.

Ahora se ve que esta perspectiva, opuesta al desarrollo independiente del país e impulsora de una sociedad fracturada y empobrecida, está vaciando de contenido a la democracia argentina, ese bien supremo que la sociedad conquistó después de la derrota económica, política y militar de la última dictadura.

En este contexto, comienzan a surgir señales positivas del campo popular, que empieza a dejar atrás la fragmentación para dar pasos concretos en procura de alcanzar la unidad en un frente electoral que sirva, primero para resistir este modelo de atraso, sometimiento y darwinismo social, y segundo para enfrentarlo con alguna posibilidad de éxito en las elecciones del año próximo.

Con todo, estos cambios, como el surgimiento de un sindicalismo combativo y los intentos de superar el macartismo entre los sectores más dinámicos del peronismo, no alcanzan para esbozar un nuevo modelo susceptible de captar la voluntad de las mayorías y emprender un cambio que asegure el camino al desarrollo económico con soberanía nacional y justicia social.

Es verdad que cualquier gobierno, sobre todo si es peronista, sería mejor que este. Pero no es menos cierto que luego de la ofensiva a fondo de Estados Unidos y las derechas latinoamericanas, con Lula preso, Correa exiliado, Maduro sitiado y Cristina jaqueada por la justicia canalla, se hace necesario un nuevo proyecto de país y una alternativa viable de inserción en la región y en el mundo.

No por nada, desde distintos sectores se comienza a plantear la necesidad de reformar totalmente el Poder Judicial para quitarle su carácter de antidemocrático y anti republicano, y destacados juristas como Eugenio Raúl Zaffaroni o Eduardo Barcesat comienzan a plantear la necesidad de trabajar en procura de una reforma de la Constitución Nacional que diseñe un país diferente, con inclusión, justicia y soberanía económica.

La década de gobiernos nacionales y populares en América Latina culminó con la violenta contraofensiva de Estados Unidos y las derechas del continente sudamericano, pero demostró que un cambio en el camino de la igualdad y el desarrollo es posible en los países de la región.

En el caso de la Argentina, no se trata de volver a lo mismo -con eso no alcanzaría- sino de levantar una propuesta superadora, que le ponga un cerrojo definitivo a los arrestos coloniales y a las derechas paleolíticas, que quieren llevar a nuestro país a la condición de mero exportador de energía y materias primas, sin industrias y con sociedades fracturadas por la desigualdad.

La Argentina debe ser capaz de fundar una nueva democracia en el marco de una nueva República.