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Por la indignación que provoca y la manipulación mediática y política que facilita, el caso López se ha convertido en el manto piadoso que cubre las miserias del gobierno macrista.
El ex secretario de Obras Públicas de Néstor y Cristina Kirchner fue hallado en circunstancias tan notorias, que resultan casi una caricatura del delito de cohecho que frecuentemente se atribuye a los funcionarios públicos de este país.
Normalmente la corrupción, por más que sea un delito concreto, aparece como un hecho casi abstracto. Fulano o mengano robó, se dice y eso sólo se demuestra, con suerte, en el terreno judicial. A lo sumo, se advierte en la exteriorización de cierto nivel de vida que no cuadra con los ingresos del sujeto en cuestión.
Pero en el caso de López, no. López aparece con los billetes. Es patético, pero parece una puesta en escena teatral que ilustra, de la manera más lineal que se pueda imaginar, al corrupto.
Tanto, que deja planteado un interrogante sobre lo que realmente le ocurrió a López para que haya contribuido como lo hizo a su propio escarnio por corrupto.
Está demás decirlo, este caso ejemplar viene a confirmar lo que los medios concentrados y la oposición al gobierno anterior pregonaron durante años a los cuatro vientos, casi sin pruebas y con el exclusivo propósito de desprestigiar al kirchnerismo. Les viene, como anillo al dedo.
No importa si todo el gobierno “K” fue “corrupto” o un funcionario, tal vez dos o tres, lo fueron. No importa tampoco lo que haya hecho ese gobierno. No cuentan el crecimiento de la economía a tasas chinas; la estatización de las AFJP; la Asignación Universal por Hijo; la creación de 6 millones de puestos de trabajo; la nacionalización de YPF; el pago de la deuda; los planes Procrear o Conectar Igualdad. No importa nada.
López es la prueba irrefutable de lo que se dicho hasta el cansancio. Aquello que le permite a un columnista de un diario “independiente” ponerle un moño al asunto y afirmar, por ejemplo, “Un caso que explica todo”, o “La justicia, cerca de golpear la puerta de Cristina”.
Ya se sabe, desde que los medios decidieron enfrentar a un gobierno que los ponía en la picota, no sólo López sino todos los funcionarios K son “corruptos” y la jefa de la “banda” -dado que Néstor Kirchner falleció y ya no es imputable- no es otra que Cristina.
De manera que el inconsciente colectivo, largamente esmerilado por los medios hegemónicos, recibe ahora el dato que viene a confirmar aquello de lo que ya fue convencido: “se robaron todo”.
Pero cualquiera que se esfuerce mínimamente, sabe que esto no es así. El delito de cohecho requiere del concurso de dos: el que da y el que recibe.
El tráfico de influencias, el soborno, la dádiva o coima, la figuras delictivas de las que estamos hablando se verifican generalmente cuando alguien, algunos, entregan dinero a un funcionario público para obtener alguna ventaja y éste lo acepta.
Desde luego, en este juego de dos, es más censurable el funcionario, porque representa lo colectivo. Pero eso no le quita responsabilidad al otro. Sobre todo porque en nuestro país lo que se da en llamar corrupción, es un arraigado mecanismo cultural que forma parte del genoma de la clase dominante y que viene de la época de la colonia. Un delito que, para más datos, no tiene la censura social que merece.
Así, distinguir que es el más poderoso quien tiene la capacidad de corromper, es tan evidente como apreciar la existencia de las clases sociales.
Además, la corrupción es inherente al capitalismo, a la estructura de clases y a la división entre países ricos y pobres. “El norte es menos corrupto que el sur”, se dice y es probablemente cierto porque en el norte son más poderosos y en lugar de ser corruptos corrompen a los funcionarios del sur.
Tan frecuente es este delito de corromper en el mundo, que en Estados Unidos, por ejemplo, se sanciona severamente a las empresas que para obtener un beneficio incurren en dádivas o cohecho en países extranjeros.
Pero, ¿por qué decimos que este paradigma de la “corrupción” que es el caso López le viene como anillo al dedo al gobierno macrista?
Ocurre que el gobierno actual tiene una limitada legitimidad para emprender políticas tan retrogradas como las que está llevando a cabo. Ganó por escaso margen con la complicidad del poderoso aparato comunicacional, pero representa a un sector muy reducido de la sociedad.
Como se puede apreciar, muchos de los ministros o secretarios de Estado son ex gerentes de bancos o poderosas empresas nacionales o extranjeras. Muchos de ellos fueron hasta hace poco proveedores o contratistas del Estado -la familia Macri es un claro ejemplo- y por lo tanto pertenecen al estamento social y económico que históricamente corrompe funcionarios para preservar sus intereses.
En el contexto de esa limitada legitimidad, el gobierno y los medios que lo ayudaron a llegar y hoy lo protegen, necesitan deslegitimar a los integrantes del gobierno anterior, que perdieron por escaso margen y podrían volver.
O los funcionarios del actual gobierno son lo que dicen: los que vienen a poner orden y terminar con la “corrupción”, o son lo que empieza a verse con claridad: los que trabajan para una distribución regresiva de la riqueza; los que pertenecen al sector social que compra jueces y funcionarios; los que evaden o lavan o simplemente se “la llevan afuera” con la complicidad de los grandes bancos.
Además, el affaire López ocurre en un momento oportuno para el oficialismo, por la compleja situación en la que está envuelto.
-En su vertiginosa escalada, ha desencadenado una crisis económica y social cuyas consecuencias, atenuadas por la prosperidad acumulada en la etapa anterior, comienzan a hacerse sentir con rigor entre los sectores medios y bajos.
-Existe un creciente malestar social por la ola de despidos injustificados, producidos por una política que busca deliberadamente incrementar la desocupación para reducir el salario real y aumentar el lucro empresario.
-La inflación se ha vuelto galopante, a raíz de la abrupta devaluación de diciembre y la eliminación de las retenciones al agro y a la minería.
-El Estado ha quedado desfinanciado, producto de la desgravación de impuestos a los sectores más favorecidos.
-El presidente Mauricio Macri y varios de sus colaboradores están implicados en el grave escándalo de las empresas off shore en Panamá y Bahamas, lo que equivale a decir en presuntos delitos de evasión y lavado de dinero. Una práctica que en el país mueve no ya 8 o 9 millones de dólares como el bueno de López, sino 400 mil millones de dólares.
El otro aspecto en el que el gobierno se vio beneficiado por el caso López es en su relación con los diputados y senadores de la oposición. Estos comenzaban endurecer sus posturas, presionados por el cuadro social provocado por el gobierno. Pero ahora, golpeados por el bochorno del huracán López, muchos de ellos han optado por bajar la cabeza y votar lo que pide el macrismo.
Y el gobierno pide leyes tan controvertidas como la del blanqueo, que busca ayudar a los amigos y desfinanciar la seguridad social para que en el futuro vuelva a ser un negocio para los privados.
O aprobar los pliegos de candidatos a la Corte Suprema, que en lugar de autoexcluirse, aceptaron el mecanismo ilegal de la designación por decreto que quiso imponer Macri al comienzo.
Detrás del cohecho, el soborno, la dádiva y la coima no sólo se oculta el enriquecimiento ilícito, también está la financiación de la política. Y esto corre para todos los gobiernos.
Los empresarios, banqueros y patrones que integran la actual administración, se cuentan entre los menos interesados en impedir que la corrupción siga financiando la política. Se entiende, les conviene tener a ciertos políticos en un puño.
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