Con un prolongado conflicto como el que mantienen algunas comunidades mapuches con el Estado provincial y las petroleras por la propiedad de las tierras y la cuestión ambiental, y con una creciente intervención en el tema del Estado nacional, cualquiera podría preguntarse si un caso como el ocurrido en Chubut con el joven Santiago Maldonado no podría haber sucedido en Neuquén.

El conflicto con las comunidades es de larga data pero adquirió mayor repercusión pública a partir de 1995, cuando las familias Painemil y Kaxipayiñ denunciaron la contaminación de la napa freática con hidrocarburos y aportaron datos sobre la presencia de metales pesados en la sangre de algunos pobladores.

El tema ha tenido muchas idas y venidas a través de los distintos gobiernos y las sucesivas administraciones de YPF, pero últimamente hay elementos que indican la existencia de ciertos cambios.

De un tiempo a esta parte, en la escalada de intereses contrapuestos entre la explotación hidrocarburífera, la provincia y los pobladores originarios, pasó a tener mayor injerencia el Estado Nacional.

Hace dos meses se vivieron momentos de tensión en Bajada de Añelo, donde personas que se reivindican como parte de una comunidad mapuche no reconocida por el Estado provincial ocuparon una chacra.

Cuando estaban por ser desalojados, la intervención del gobierno neuquino y del intendente del Chañar, permitió crear una instancia de diálogo.

A finales de junio hubo un pico de tensión que bien podría haber tenido un desenlace traumático. Integrantes de la comunidad Campo Maripe denunciaron que más de 80 efectivos de Gendarmería nacional fueron al territorio que reclaman como propio y sin consultar, cortaron los accesos. 

Desde la comunidad afirmaron que los gendarmes prometieron represión si no permitían trabajar a los operarios de YPF.

La petrolera estatal aclaró que las tierras en disputa “son fiscales” y que oportunamente el gobierno de la provincia denegó los reclamos que, a partir del 2013 hizo la familia Campo sobre la zona de la meseta.

Durante el anterior gobierno provincial, una comisión ad hoc encargada de determinar la validez de los reclamos de los Campo Maripe, concluyó que esa comunidad no tiene derechos sobre la fracción de 11.000 hectáreas que reclama en la zona donde se lleva adelante la explotación no convencional de Loma Campana.

Para la Confederación Mapuche, desde que asumió el gobierno de Cambiemos hay un giro político por parte de YPF para tratar el conflicto. La entidad cuyo principal referente es Jorge Nahuel, aseguró que “la nueva administración (de la petrolera) que asumió hace un año y medio atrás, ha cerrado las puertas de cualquier intento de diálogo”.

Lo cierto es que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, ahora cuando se producen conflictos que la petrolera estatal considera lesivos para sus intereses no espera demasiado para acudir directamente a los tribunales de Comodoro Py.

También la justicia provincial parece haberle dado una vuelta de tuerca al problema de las ocupaciones de tierras. Hace poco un fiscal imputó a las 21 personas que participaron en mayo pasado de la usurpación de la chacra en Tratayén.

Además esta semana, un juez declaró a seis integrantes de la comunidad Campo Maripe en rebeldía, y ordenó que sean llevados por la fuerza ante sede judicial para enfrentar cargos por una toma de tierras en Loma Campana.

El hecho ocurrió en 2014, cuando integrantes de Campo Maripe colocaron un candado en el que hasta ese momento era el principal camino de acceso a Loma Campana, pero ahora, tres años después, un fiscal decidió acusarlos.

Finalmente, el pedido de captura quedó sin efecto, porque la defensora del grupo aseguró que los Campo "nunca se resistieron a presentarse" sino que no habían sido notificados, y el juez accedió a brindar otra audiencia.

En Neuquén, como en Chubut y en el resto del país, el problema de fondo del conflicto con las comunidades indígenas es el tema de la propiedad de la tierra.

Pocos días atrás, Nahuel sostuvo que a los integrantes del gobierno de Cambiemos “los mueven intereses económicos sobre la tierra, particularmente sobre la tierra pública, que es mucha aún y está sin distribuir”.

En noviembre del 2006, ante la creciente conflictividad en torno a las tierras que ocupan distintas comunidades del país, el presidente Néstor Kirchner sancionó la ley 26160, que suspendió los desalojos de las comunidades originarias y ordenó un relevamiento de los territorios que ocupan.

Las tareas de relevamiento en todo el país no se concluyeron a tiempo -Neuquén no fue la excepción- y la ley ya fue prorrogada en 2009 y en 2013, pero en noviembre próximo volverá a vencer el plazo y si no se renueva el trabajo quedará definitivamente inconcluso.

A comienzos de semana referentes de diversos pueblos originarios del país pidieron a la cámara de Senadores que apruebe la prórroga, pero el jueves el cuerpo volvió a postergar el tratamiento, aunque asumió un compromiso para que el tema sea abordado en la próxima sesión.