Con la modificación del impuesto a las Ganancias la alianza Cambiemos viene de experimentar un nuevo revés político.

La ley que finalmente fue sancionada esta semana está lejos de la promesa de campaña de Macri de que ningún trabajador pagaría el impuesto y no beneficiará tanto a los contribuyentes como quería la oposición, pero está también lejos del mezquino proyecto del gobierno.

Esta derrota debe sumarse al fracaso del intento de imponer el voto electrónico -un proyecto que sólo puede explicarse como el intento de hacer un negocio con la empresa proveedora-, y la declaración de la emergencia social hasta diciembre de 2019, que le arrebataron las organizaciones de la economía informal y que permitirá destinar a ese fin $30.000 millones del presupuesto nacional hasta el final del mandato de Macri.

Claro que, volviendo al caso de Ganancias, el gobierno en lugar de asumir que fue él mismo quien desfinanció al Estado al eliminar las retenciones al agro y a la minería, buscó cubrir el bache fiscal eludiendo la posibilidad de equilibrar las cargas –al negarse a gravar a los sectores más privilegiados de la economía- y optó por un parche que pone bajo un cierto interrogante el financiamiento de las provincias.

En su afán por revertir el cachetazo que le había propinado la oposición con el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados, el gobierno convocó de apuro, primero a la CGT y luego a los gobernadores. A estos últimos, buscó presionarlos con la coparticipación que, según pregonó entonces a los cuatro vientos, iba a quedar severamente afectada por la “irresponsabilidad” de los legisladores.

Ahora, el macrismo logró conciliar una propuesta -convertida en ley el jueves- que cubre el agujero en la coparticipación federal con aportes del tesoro nacional.

En realidad, los ATN se nutren del 1% de la masa coparticipable y el 2 % del impuesto al Cheque, y las provincias suelen recibir estas ayudas en cuentagotas y según el criterio discrecional del gobierno federal, que por cierto privilegia a los aliados y a los gobernadores que ‘hacen bien los deberes’.

Por lo demás, no sólo en este sino en todos los gobiernos que se han sucedido desde el ’83, la sonada sigla ha ocultado las inequidades más grandes, cuando no enormes negociados. Cualquiera que haya vivido más de 20 años recuerda perfectamente los escandalosos contratos financiados con ATN que salpicaron a Carlos Corach, el ministro de Interior de Carlos Menem, y a gobernadores e intendentes –algunos de ellos neuquinos-, durante los ‘90.

En ese contexto y con esa historia ominosa detrás, hay motivos para dudar de que las transferencias en concepto de ATN para cubrir lo que falte de la coparticipación federal sean manejadas de forma automática, transparente e imparcial.

Consultado por , el gobernador Omar Gutiérrez, aseguró que la parte de la coparticipación que corresponde a la provincia que será cubierta con estos ATN, se percibirá en forma automática y no de manera discrecional por parte del gobierno central.

Gutiérrez rescató en particular un aspecto positivo de la nueva ley que es el aumento del mínimo no imponible para los trabajadores de la región. "Aquí se ha dado un paso muy importante para los neuquinos y los patagónicos. En esta ley, un 22% adicional incrementa el mínimo no imponible y las deducciones especiales de carga de familia", apuntó el gobernador,

El vice Rolando Figueroa tampoco perdió la oportunidad de pasar su aviso. Recordó que el planteo aprobado en su momento por el Parlamento Patagónico y enviado a los legisladores nacionales, proponía incrementar la deducción especial de la cuarta categoría en un 200% para toda la Región Patagónica. “Si bien esta nueva propuesta es insuficiente ante nuestro reclamo, es al mismo tiempo una buena señal”, deslizó.

Otros gobernadores patagónicos, como el chubutense, Mario Das Neves, también hablaron de “reconocimiento histórico” ante el mínimo no imponible un 22 % más alto para la región. Pero de hecho no todos los mandatarios provinciales opinaron lo mismo.

“Estoy de acuerdo con que a los trabajadores se los beneficie, pero no toquen la plata de la provincia”, se encargó de señalar el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

El puntano aseguró en declaraciones que recogieron varios medios que la modificación en el impuesto a las Ganancias que consagró el gobierno nacional le costará a su provincia 350 millones de pesos y anunció que está dispuesto a ir a la Corte Suprema de Justicia para que sea la administración central la que asuma los costos de la reforma.

El diputado Luis Lusquiños, considerado uno de los voceros de los Saá, fue más allá, sostuvo que la de los ATN “es plata de las provincias” y con la nueva ley de Ganancias “sólo cambia la forma de distribuirla”.

El gobernador de San Luis no fue el único. Su par cordobés, Juan Schiaretti, considerado uno de los justicialistas aliado del gobierno de Cambiemos, sostuvo que paliar los déficit provinciales con ATN perjudica sobre todo a las provincias grandes, por los disímiles índices de coparticipación.

No es la primera vez que los gobernadores observan que el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados radicales avanzan sobre sus recursos. Cuando el presidente les quitó las retenciones a sus amigos del campo, dejó a los gobernadores sin el “fondo sojero” que había creado Cristina Kirchner y que repartía unos 30 mil millones de pesos al año.

Sin contar con que, apenas asumido, el presidente de los ricos dio marcha atrás por decreto con la devolución del 15% de coparticipación que retenía la Anses y que la Corte había ordenado restituir, y sólo después de trabajosas negociaciones aceptó reintegrarlo a sus dueños, pero eso sí, en cuotas.

A esta altura, no pocos piensan que el gobierno macrista tiene por táctica avanzar manu militari sobre derechos adquiridos para después negociar graciosamente una parte con quienes fueron despojados.