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Panorama Político
11/12/2016

Ganancias y pérdidas

Ganancias y pérdidas | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.
Foto: Pepe Mateos

Está claro que el proyecto de la oposición repara, aunque más no sea parcialmente, una de las más notorias promesas incumplidas del presidente, quien se cansó de repetir durante la campaña que iba a eliminar el impuesto “al trabajo”.

Héctor Mauriño

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El proyecto de impuesto a las Ganancias que la oposición logró aprobar en Diputados, dividió inmediatamente las aguas en la política neuquina. De un lado se alinearon el gobernador Omar Gutiérrez, el intendente Quiroga y los integrantes de Cambiemos y del otro sectores críticos del macrismo, como el legislador nacional del Frente para la Victoria Darío Martínez, o el representante en el Parlasur Ramón Rioseco.

Desde el punto de vista de los trabajadores, el proyecto es un avance porque solamente pagará Ganancias el 10% de los asalariados que más gana, el aguinaldo y las horas extra quedarán exentos y los magistrados ingresantes, las mineras y las empresas que explotan el juego pasarán a pagarlo.

En el caso de las provincias patagónicas habrá inclusive una mejora adicional, ya que se podrá deducir la zona desfavorable, terminando con una inequidad: en la región más austral y menos poblada del país los trabajadores pagaban más que sus pares de otras provincias.

Está claro también que el proyecto repara, aunque más no sea parcialmente, una de las más notorias promesas incumplidas del presidente, quien se cansó de repetir durante la campaña que iba a eliminar el impuesto a las Ganancias.

Pero después del martes pasado, cuando se obtuvo la media sanción, empezaron las presiones del gobierno nacional sobre los gobernadores para que estos hagan lo propio con sus senadores, cuestión de que el proyecto no sea aprobado o salga con modificaciones que obliguen a devolverlo a la Cámara de origen dilatando indefinidamente su sanción.

Macri fue más lejos aún al tachar al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, de “impostor”, con lo cual se internó en un camino de difícil retorno frente a quien, en los hechos, ha sido su principal aliado legislativo en los proyectos más controvertidos que impulsó.

El principal argumento que se esgrime desde el gobierno nacional -y desde quienes lo apoyan en Neuquén-, es que la aplicación de una ley como la que impulsa la oposición desfinanciaría al Estado y redundaría, entre otros aspectos, en una reducción de la coparticipación federal de ingresos.

Pero, a diferencia de algunos polémicos proyectos sancionados por el gobierno de Cambiemos, el que impulsa la oposición para modificar Ganancias, sí prevé financiamiento a través de gravar a las mineras, la renta financiera y el juego, entre otros actores económicos.

El verdadero ‘agujero fiscal’ que tiene hoy la Argentina y que ha elevado el déficit de los 3,5 puntos en que lo dejó Axel Kicillof a los 7 actuales, es la quita de las retenciones al campo y a la minería, producida por Macri inmediatamente después de haber asumido.

Así, el problema que tiene el presidente para aplicar el proyecto de Ganancias de la oposición es más ideológico que práctico. De hacerlo tendría que gravar a sectores cuyos intereses defiende.

Es que en alguna medida se trata de un proyecto reparador de la distribución regresiva del ingreso, emprendida punitivamente desde diciembre del 2015 por Macri.

A tal punto es así, que la modificación de Ganancias no sólo divide aguas en Neuquén sino que está produciendo nuevos y más fuertes alineamientos a nivel nacional.

Tal el caso de la CGT, que dejó constancia de que Macri "defraudó a la gente" al incumplir su promesa de eliminar el impuesto, y advirtió que un veto "no caerá bien en los trabajadores".

No es para sorprenderse, entonces, que el mentado proyecto haya merecido pronunciamientos diferentes por parte del gobernador y el vice, Rolando Figueroa. Mientras el primero advirtió sobre el desfinanciamiento de la provincia, el segundo se desmarcó al señalar que la iniciativa opositora “es coherente con nuestro reclamo para la región Patagónica”.

Más allá de que en el gobierno neuquino advierten sobre las consecuencias negativas que podría acarrear el proyecto, muy cerca del gobernador expresaron la expectativa de que un amplio debate en el Senado impida que el asunto “se resuelva en términos de ganadores y perdedores; a favor o en contra de los trabajadores”.

Las autoridades locales piensan que el revés experimentado por el gobierno nacional en Diputados, guarda relación con la ausencia del ministro del Interior Rogelio Frigerio, considerado el principal hombre político de Cambiemos, quien se encontraba de viaje en el exterior al momento del tratamiento del proyecto.

Respecto de un eventual veto del presidente, en Neuquén tienden a pensar que llegar a esa instancia podría tener un costo adicional para Macri, y no descartan que un tema tan sensible pueda abrir paso a una reacción del tipo de la que produjeron las retenciones móviles de Cristina Fernández de Kirchner sobre el campo.

Respecto de lo que se ha dado en llamar desde el gobierno nacional el “Pacto Federal Petrolero” -y que en la administración Gutiérrez prefieren denominar Plan de Desarrollo de la Cuenca Hidrocarburífera Neuquina- a pesar de los avances, la cuestión está frenada por el conflicto laboral en YPF.

Como se sabe, la baja definitiva de 33 equipos y el amague con unos 1.700 despidos desencadenó el lunes pasado un paro de actividades que, bien visto, pareció concertado de antemano para llevar el tema a la mesa de negociaciones.

Para los empresarios -y aún para gente del gobierno- el objetivo es que la empresa con mayoría estatal vuelva a ser competitiva y pueda ampliar sus inversiones. Para la oposición y los trabajadores, en cambio, es el ajuste tan temido.

Desde la oposición local, sostienen que las inversiones de la empresa para el 2017 “están un 20% abajo en relación al año que termina”. Eso, dicen, sumado a la muy probable reducción del precio del barril criollo, podría hacer caer las regalías en unos 600 millones de pesos, profundizando el déficit de la provincia.

Para algunos funcionarios del gobierno local los despidos son un hecho. Confiesan que había dos posibilidades: que la empresa los concretara antes o después de que se alcance el acuerdo de Nación con las provincias petroleras y las empresas del sector.

“Resolvieron hacerlo ahora, y por lo pronto nosotros no vamos a sellar ningún acuerdo antes de que se resuelva el conflicto”, agregan tajantes.

En cuanto a la posible solución que ofrecerá la empresa, “se habla de indemnizaciones de entre 30 y 40 mil dólares, y de un subsidio de 20 mil pesos por un año”, confió un funcionario bien informado sobre los despedidos.

Para la fuente, el objetivo principal del gobierno neuquino es “atraer más inversiones y potenciar Vaca Muerta”, pero reiteró que el gobierno no moverá un dedo mientras la gente esté en la calle reclamando por sus trabajos.

29/07/2016

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