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La condena sin ninguna prueba a Cristina Kirchner en la escandalosa causa de Vialidad plantea un antes y un después en el proceso de degradación de la democracia que la Argentina se dio en 1983, después de la más feroz de las dictaduras y de la Guerra de Malvinas.
En los hechos, se trata fundamentalmente de la proscripción de la principal figura política del país por su condición de líder de la corriente mayoritaria nacional y popular.
La inhabilitación de por vida a Cristina a manos del pelotón de fusilamiento integrado por los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, marcan el punto más alto de corrupción de un Poder Judicial, convertido en brazo ejecutor del poder económico concentrado, de la misma manera que lo fueron las fuerzas armadas en las sucesivas dictaduras del siglo pasado.
Además de constituir una rémora monárquica en medio de una República, el Poder Judicial tiene muchas cuentas por saldar con la democracia argentina, para empezar su aquiescencia con el golpe de 1930, que dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto y no hace mucho su ominosa complicidad durante el terrorismo de Estado.
Pero fue durante el reciente gobierno de Cambiemos que se produjo la más brutal colonización de la justicia argentina, alcanzada con la complicidad de Clarín y La Nación con el propósito de convertir al menos democrático de los poderes del Estado en una verdadera mafia divorciada de los intereses de la ciudadanía, organizada para perseguir opositores, brindar impunidad a los propios y garantizar el saqueo del Estado.
Para cualquiera que sobrepase el medio siglo de vida, la palabra proscripción está ligada a la persecución que sufrió el peronismo desde 1955 en adelante. El golpe militar que derrocó al gobierno constitucional de Juan Perón e instauró la “Libertadora” seguida de otros tantos golpes y gobiernos débiles, son los antecedentes del condicionamiento que, una vez más, se trata de imponer a las mayorías nacionales ahora a través del partido judicial.
Lo intentaron desde el primer día del gobierno de Mauricio Macri, mediante una serie de juicios tan inverosímiles como ausentes de fundamento y ahora lo han materializado con la sentencia del payasesco pero no por eso menos criminal tribunal federal oral número dos.
Son, como dijo Cristina, una mafia y un Estado paralelo, imposibles de compatibilizar con la democracia y el estado de derecho.
Esta calamidad nacional coincide con la revelación de los chats de jueces y funcionarios de la capital federal, que aceptaron dádivas del grupo Clarín en el viaje a la residencia del magnate inglés Joe Lewis, el usurpador que ocupa una porción de tierra fronteriza y se ha adueñado de un lago cordillerano en abierto desafío a la Constitución y la ley.
Entre ellos están el juez que falló a favor de Lewis en el caso Lago Escondido, el que aceptó la cautelar de Clarín para evitar que las telecomunicaciones e internet se convirtieran en servicio público, el que falló en contra de que el despojo sangriento de papel prensa fuera considerado un crimen de lesa humanidad y el que reflotó la causa de Vialidad en la que ahora se condena inicuamente a Cristina
A Juntos por el Cambio, el sector político al que pertenecen los jueces que llevaron a cabo este juicio amañado y condenaron a la vicepresidenta sin ninguna prueba, pertenecen sectores que financiaron a un grupo de marginales para incrementar el odio y llevar a cabo el fallido atentado contra la vida de Cristina.
La recuperación de la democracia en 1983 no fue fruto del azar sino una conquista de las luchas del pueblo argentino, frente a las persecuciones de los poderosos locales y su brazo armado, el partido militar, sostenidos por el imperio estadounidense.
A los necios de Juntos por el Cambio, que intoxicados por las fake newsde Clarín y La Nación auspician estas iniquidades y festejan la proscripción de la vicepresidenta como un logro, habría que recordarles que la historia argentina muestra que cuando se cierran todas las salidas se abre camino a la violencia.
Esa es la enseñanza que dejó la proscripción del peronismo desde el ‘55 en adelante. Cuando se somete, reprime y tortura por pensar diferente, cuando no se deja alternativa, no falta quien responde a esas manifestaciones de violencia son violencia popular y suelen ser los jóvenes los primeros que se suman.
La orgía revanchista de la “Libertadora” y todo lo que la continuó inauguraron una etapa de resistencia a la opresión que terminó en la tragedia nacional del terrorismo de Estado. Ese sector de la sociedad que en pos de mantener sus privilegios ahora alienta a una derecha mafiosa, debería reflexionar sobre las consecuencias.
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