Cada día que pasa queda más claro que la democracia y la institucionalidad republicana, más allá del discurso empalagoso y hueco del radicalismo heredado a medias por el Pro, son patrimonio exclusivo de las fuerzas nacionales y populares, cuya expresión actual es el gobierno del Frente de Todos.

Está claro que a la derecha argentina, que integran el llamado “Campo”, la burguesía trasnacionalizada, la prensa hegemónica y la porción del Poder Judicial colonizado por ellos, cuya expresión política es Juntos por el Cambio, la democracia y en última instancia la vida de sectores de la población a los que consideran subalternos le importan un bledo.

Definitivamente está quedando claro que estos sectores de la sociedad, los más poderosos y ricos, vinculados a la hegemonía estadounidense, se oponen a todo más allá de cualquier norma y razón, incluidas las medidas de cuidado por la grave pandemia que afecta a la humanidad, porque lo único que les importa son sus intereses de clase.

Están convencidos de que el poder -incluido el político-, les pertenece por derecho propio y por ello son capaces de hacer lo que sea necesario para minar la institucionalidad del gobierno de Alberto Fernández. ‘Si no es nuestro, que no sea de nadie’, parece ser el lema que guía sus pasos.

Así ha sido desde el 10 de diciembre de 2019 con la gran mayoría de las decisiones que legítimamente adoptó la actual administración y por si hacía falta una prueba más, ahora doblan la apuesta con la desobediencia a un decreto de necesidad y urgencia con fuerza de ley nacional, dictado para preservar la salud de la población.

Desde luego, la resucitada derecha política argentina no es homogénea en todos sus aspectos. En su seno también hay lucha de poder y en buena medida el golpe institucional protagonizado por el intendente capitalino Horacio Rodríguez Larreta responde a la interna por el liderazgo de ese sector.

Pero la excusa con la que Larreta pretende revestir su manotazo, es decir la supuesta autonomía absoluta de la capital federal respecto del gobierno federal, aún en un tema tan grave y sensible como la salud pública, es una reivindicación compartida por toda la derecha, y no es otra que la supremacía ya no solo material sino legal e institucional de la ciudad puerto sobre el resto del país.

Desde la farsa de una ignota cámara de la justicia municipal, una de cuyos integrantes es hermana de un miembro del gabinete de Larreta, al desconocimiento olímpico del fallo de la justicia federal que le ordena suspender las clases, Larreta está haciendo mérito dentro de su banda al costo de sacrificar institucionalidad y muy probablemente vidas humanas.

Cómo recordó el Presidente al comienzo de este conflicto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia y es la capital federal de la República Argentina. En este país el nombre Capital Federal parece haber sido secuestrado y usurpado por el alias (o nombre de guerra, quién sabe) de CABA.

El hecho de que desde la reforma constitucional de 1994 esa ciudad pueda contar con un gobierno autónomo como otros municipios, no implica que la Nación no siga siendo titular dentro de esa jurisdicción “de todos aquellos bienes, derechos, poderes y atribuciones necesarios para el ejercicio de sus funciones” (ley Cafiero).

Bastaba una norma de validez nacional como el DNU presidencial y la confirmación de un tribunal federal para que se acabara la discusión, pero tal y como deseaba Larreta, será la Corte Suprema de este Poder Judicial desprestigiado y cooptado por el poder económico la que decida.

No es el único tema que le toca decidir respecto de la súper-autonomía de la ciudad más rica, centralista y racista del país. El máximo estamento de esta justicia podrida también tiene en carpeta la demanda de Larreta por la coparticipación de la ciudad, que Macri infló por decreto al traspasarle la policía y que Alberto Fernández reparó por el mismo medio.

Decide la Corte: puede pasar cualquier cosa.