La sublevación de la policía bonaerense fue un hecho grave para la democracia y a pesar de que tuvo un buen final, no puede ser vista de manera aislada sino en el contexto de la política de desgaste y deslegitimación del gobierno popular, emprendidos por la derecha y los medios concentrados con el respaldo de la embajada de Estados Unidos.

Más allá de los justos reclamos salariales, la tristemente conocida como “la peor policía del mundo” desplegó un nivel de presión desestabilizador porque fue armado y extorsivo, y porque incluyó los inadmisibles sitios a las residencias del gobernador y del presidente de la Nación.

Su carácter sedicioso y destituyente encontró en la actitud antidemocrática de oponerse a todo que practica la oposición y en la mentira permanente de los medios hegemónicos, el clima ideal para la virulencia con que se llevó adelante.

Después de haber arrasado la economía del país, incrementado la pobreza y la desocupación y endeudado a la Argentina a niveles insostenibles, la oposición macrista-radical, se ha dedicado a sabotear uno a uno los proyectos del gobierno.

La policía bonaerense, como grupo de extorsión, se llevó más de lo que el Estado provincial y el nacional podían darle sin presión, en el marco de la crisis desatada por cuatro años de macrismo y seis meses de pandemia.

Su cuartelazo, se conecta con el saboteo a la democracia de una derecha que no quiere aceptar la derrota electoral y con la campaña continental impulsada por Estados Unidos en su disputa con China y con Rusia por la hegemonía en la región.

En un panorama en el que Brasil sufrió un golpe institucional que volteó a Dilma y proscribió a Lula, Ecuador una traición que trastocó el proyecto popular, Bolivia un golpe policial-militar, y Venezuela un bloqueo y un hostigamiento permanentes, la Argentina de Alberto Fernández y Cristina Kirchner es un mal ejemplo.

El presidente mostró su moderación y su inteligencia política para encuadrar lo ocurrido en la legitimidad de la demanda salarial, aunque advirtió que se puede entender cualquier reclamo pero no se pueden aceptar formas que no tienen que ver con la vida democrática.

Habló a los argentinos en un tono calmo y firme, como lo puede hacer un político de su experiencia, que cuenta con un respaldo cercano al 70% de la población. Conjuró así una amenaza que, en medio de la crisis que azota al país, bien podría haberse extendido como reguero de pólvora.

Si la derecha se frotaba las manos esperando capitalizar el desgaste de la sedición policial, Fernández le dio un disgusto al quitarle a la ciudad de Buenos Aires un punto de la coparticipación que Macri le había dado por decreto y se los pasó a la empobrecida provincia de Buenos Aires para apagar el incendio. Fue un gesto reparador.

En febrero de 2016, a menos de dos meses de haber asumido, Macri aumentó por decreto la coparticipación de la capital federal en 2,3 puntos, al elevarla de 1,40 a 3,75 con el argumento del traspaso de la Policía Federal.

No fue un hecho casual, esa que los medios porteños llaman “la ciudad” como si fuera el único centro urbano del país, era y fue su distrito preferido y en el que tuvo mayor respaldo electoral. Fue también el que muchos más fondos y obra pública recibió durante su mandato.

En aquel momento los gobernadores se quejaron por el gesto olímpico de Macri y el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, admitió el exceso. La reparación de la inequidad, que en cuatro años aportó 120.000 millones de pesos extra al distrito más próspero del país, estuvo en la plataforma de Fernández y en las discusiones con Larreta desde el comienzo del gobierno.

La rebelión con perfume destituyente de la Bonaerense, puso el tema nuevamente sobre el tapete, porque al asumir Axel Kicillof la provincia le fue entregada por Vidal con un rojo de 120.000 millones de pesos.

Fiel a la política de mentir, ocultar y tergiversar que desarrolla el sector político al que pertenece y la prensa que lo sirve, Rodríguez Larreta se rasgó las vestiduras con lo ocurrido, presentó la decisión presidencial como un despojo y anunció que concurrirá a la Corte.

Sin embargo, en su intervención marcó alguna diferencia con el estilo del  sector más agresivo y destituyente del Pro, al reivindicar aunque más no sea de palabra el dialogo, la unidad de los argentinos y el fin de la grieta. 

Habrá sido porque el trato político que le dispensó Alberto Fernández durante lo que va de su gobierno lo obliga a guardar aunque sea mínimamente las formas, o acaso porque está empeñado en posicionarse como líder de la oposición. ¿Quién sabe?

La principal fortaleza del gobierno popular, su capacidad de movilización y despliegue territorial, le está vedada por las circunstancias excepcionales de la pandemia. Ya volverá, pero por ahora lo cierto es que el presidente remontó con serenidad y muñeca política una situación explosiva.