La investigación del escándalo por las escuchas ilegales, el espionaje y la persecución política durante el macrismo ahora puesta entre signos de interrogación por el apartamiento del juez de la causa y de una justicia siempre bajo sospecha, pone una nota de atención sobre el futuro de la democracia argentina.

Es grave pero no parece haber censura por parte de un sector de la sociedad ante la exposición pública del más grave andamiaje de persecución política vivido desde la recuperación de la democracia

No es solamente por la tarea de encubrimiento de los medios monopólicos, que han sido cómplices junto con un amplio sector del Poder Judicial, de todos los atropellos vividos durante los últimos cuatro años de gobierno neoliberal.

Tampoco se trata simplemente de la libido extraviada de un hombre despreciado por su propio padre. Es mucho más que eso: es la confirmación de que existió un accionar perfectamente planificado para descalificar, jaquear, sacar del medio con un “carpetazo” o con la cárcel, a representantes de la oposición que molestaban para llevar adelante un plan de despojo, contrario a los intereses de la mayoría.

Si con algo parece emparentada la maquinaria siniestra expuesta por estos días ante los ojos de todos es al terrorismo de Estado. Desde luego no se trató como durante la última dictadura de la desaparición física del oponente, pero sí de un plan sistemático de persecución a los ‘otros’ para lograr objetivos subalternos. 

Caramba, se está hablando de que se inventaban causas a adversarios políticos a pasos del despacho presidencial, con la complicidad de los servicios de informaciones, buena parte del Poder Judicial y los periodistas más serviles de medios hegemónicos, para encarcelar o sacar del juego a dirigentes opositores y empresarios que podían entorpecer los planes del gobierno y sus socios. Se está hablando de una organización criminal enquistada en el aparato del Estado.

Nadie parece escandalizarse, sin embargo, en el sector social que responde a los dictados de la derecha argentina y su prensa.

A lo sumo, la coartada que los medios hegemónicos ofrecen ante este descalabro es la del “empate”, la del toma y daca. Algo así como ‘estos eran corruptos porque utilizaban las estructuras del Estado en provecho propio, pero los anteriores también’. 

Nada más falso que esta premisa, que equipara a las víctimas con sus victimarios y permite seguir edificando el desprecio por la política, funcional al “poder real”, al permanente, a ese que nadie elige pero ante el cual todos terminan más tarde o más temprano agachando la cabeza.

No hay empate. Hay cinismo y hay mentira convertidos a fuerza de machacar en prejuicios, en pesimismo, en desconfianza, en desaliento.

Por este camino no hay democracia posible en la Argentina.

Buena parte del radicalismo fue cómplice por acción u omisión del golpe militar que derrocó el gobierno democrático de Perón en el ’55, y hasta le prestó algunos de sus hombres a las sucesivas dictaduras. Aunque también es cierto que sufrió en carne propia la misma medicina durante el gobierno de Arturo Illia.

Pero después de 1983, con la democracia recuperada, desde el alfonsinismo en adelante, hubo juego democrático en la Argentina. Al que le tocó gobernar gobernó y al que le tocó ser oposición lo hizo, con mayor o menos aspereza, pero sosteniendo el juego democrático; con respeto por el otro y Estado de derecho.

A pesar de las recurrentes dificultades económicas esa democracia imperfecta, que no logró una distribución equitativa de la riqueza ni un desarrollo autónomo de la economía nacional, fue políticamente civilizada, con reglas de juego.

La irrupción de macrismo, en cambio, fue la llegada al poder de un grupo ajeno, extraño y adverso a la democracia.

Los radicales fueron cómplices de ese estado de cosas y en buena medida lo siguen siendo. Prestaron sus estructuras partidarias y dieron masa crítica para hacer posible un modelo basado en el despojo, la persecución y la falacia. 

Las cosas terminaron como terminaron. Con un país más pobre, más injusto y más dependiente.

Más allá de su enorme aporte para preservar la vida de los argentinos y poner una red de contención a la crisis social y económica legada por el macrismo y exacerbada por la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández tiene por tarea principal restaurar la democracia, la confianza perdida en las instituciones, la justicia, la palabra.

No es posible dilatar la ejecución de los temas urgentes por la precariedad y la incertidumbre que impone la pandemia. No hay opción, todo lo que este gobierno vino a hacer debe hacerlo junto con la titánica tarea de preservar la vida de los argentinos.

No hay tiempo que perder.