Qué poca potencia tenía la señal de amistad que el MPN envío al gobierno de Alberto Fernández en la previa de un chivo al asador. La intervención de esta semana del exgobernador Jorge Sapag para expresar su ¿medio? rechazo a la expropiación de la cerealera Vicentin, clarificó el lugar que sigue ocupando el partido provincial en su vínculo con los gobiernos nacionales. Su argumentación puso, en un plano más real, al ampuloso discurso de reconocimiento que hizo al presidente el gobernador Omar Gutiérrez desde Villa La Angostura el fin de semana anterior.

Desde su "retiro" en el 2015, el exgobernador habla lo justo y necesario, pero cuando toma el micrófono lo hace para delimitar el territorio en temas que considera centrales, por lo general vinculados a la política energética. Es la forma de ordenar el discurso internamente y enviar señales hacia el exterior del partido, especialmente cuando el tema en consideración es potencialmente un instrumento de negociación en el Congreso de la Nación.

El partido provincial es ideológicamente refractario a las expropiaciones, aun cuando tiene el modelo de Zanon para mostrar. En este caso, la resolución del problema insumió ocho años y dos gestiones de gobierno diferentes. Los dueños de la empresa abandonaron la fábrica en setiembre del 2001 y la ley de expropiación de los bienes se aprobó en la Legislatura en agosto del 2009. Para completar la formalidad del trámite harían falta tres años más, porque recién en noviembre del 2012 se publicó el decreto que oficializó todo el trámite. 

El MPN es sensible a las expropiaciones de las empresas, además porque estuvo incómodo con la recuperación de YPF en el 2012 desde el momento inicial en que el kirchnerismo activó los mecanismos de reestatización de la empresa, una medida que después se tradujo en beneficios para Neuquén, potenciando el desarrollo de Vaca Muerta. El partido provincial y sus actores de entonces, debieron decidir entre mantener la sólida alianza que tenían con la empresa española Repsol, ex dueña de YPF, o sumarse a un proyecto nacional que ya contaba con el respaldo, sin titubeos, del resto de las provincias productoras de gas y petróleo.

Con estos antecedentes, Sapag recordó esta semana que su propuesta para YPF había sido la expropiación de los bienes, no de las acciones, porque aplicando ese modelo, argumentó, se compran litigios a futuro. Y entonces opinó que el gobierno de Fernández debe considerar para Vicentin solo quedarse con los bienes y luego transferir la gestión a un tercero, es decir eliminando la presencia del Estado como actor de la actividad económica.

La diferencia planteada bajo el ojo jurídico implica en esencia una mirada ideológica que excluye a una de las centralidades del proyecto que motoriza el presidente Fernández, y que consiste justamente en contar con una empresa estatal testigo en el principal sector de la economía del país, muy concentrado en empresas trasnacionales que justamente no toman en cuentan el bien común como un valor esencial.

El gobierno de Fernández ha tomado una decisión central y quiere sostener en pie a una empresa que sus dueños llevaron a la quiebra y garantizar las fuentes de empleo. Pero sobre todo, evitar un posible desguace de Vicentin para su venta a capitales extranjeros, un camino que quedaría habilitado con el modelo de expropiación de bienes, sin tomar las riendas de la empresa. Hacerse cargo de la cerealera, que además fue aportante de campañas electorales del macrismo y es investigada por lavado de dinero, significa poner por delante un objetivo estratégico: intervenir directamente en el negocio de granos, aceites, alimentos y en el mercado cambiario.

Para avanzar hasta el final, el gobierno va a necesitar respaldo político en el Congreso de la Nación, y en Diputados, donde el oficialismo está más complicado, aparece el MPN con un potencial voto desequilibrante a la hora de sumar los porotos.

En temas agropecuarios, el partido provincial reúne antecedentes que muestran un corazón liberal. En el 2008, el MPN pudo haber sido el voto desequilibrante en el Senado a favor del oficialismo cuando se trató la resolución 125 de las retenciones al campo. El entonces senador Horacio Lores, acompañó con su voto a la oposición y la relación de fuerzas quedó en un empate, equilibrio resuelto finalmente con el voto "no positivo" del vicepresidente Julio Cobos.

Entre las expresiones formuladas por Sapag esta semana en el contexto del caso Vicentin, apareció una mención, al pasar, acerca de la necesidad de establecer, como ocurrió con el precio interno del barril de petróleo, un valor para el gas en boca de pozo. En este caso, insistió en que debería moverse con las leyes del mercado y los subsidios destinarlos solo a aquellos sectores que lo necesitan. Podría interpretarse como una remake de la política que instrumentó el macrismo cuando puso a Juan José Aranguren como ministro de Energía.

El culto a la oportunidad está en la naturaleza del MPN desde sus orígenes y puede que el caso Vicentin sea la antesala de una nueva negociación. No hay que olvidar que el partido nació de la "oportunidad" de un peronismo proscripto y perseguido por una dictadura y de allí en adelante se movió en modo zigzagueante para obtener, a veces, memorables negociaciones con los gobiernos nacionales.