El jueves pasado, en el encuentro en que Alberto Fernández intentó explicarles a los empresarios que aplicará el modelo opuesto al del sujeto que ayudaron a llegar a la presidencia, el que fundió al país y les hizo perder plata también a ellos, y que deberán resignar algo, porque no es justo que los platos rotos los paguen siempre los de abajo, Omar Gutiérrez trató de convencer a la misma platea de que hay que sostener los precios del gas y del petróleo en boca de pozo y que existen otros mecanismos para garantizar "menores precios para los sectores vulnerables".

Como es obvio, desde que el Frente de Todos arrasó en las primarias del 11 de agosto pasado, se suceden las presiones empresariales y provinciales para tratar de influir en la futura política energética del nuevo gobierno. 

Mientras, terminada la campaña el gobierno en lugar de aguardar descongeló las tarifas sin ninguna contemplación por los que deberán reemplazarlo en la administración del Estado, las empresas que ganaron fortunas durante los últimos tres años están provocando un virtual lock out para dejarle en claro a Fernández cuál es su poder de fuego.

Nadie, ni en Neuquén ni en los escritorios de los CEO que administran las multinacionales, sabe a ciencia cierta qué es lo que hará Fernández. Pero algo sí está claro: que no permitirá más que los precios internos de la energía hundan en la miseria a la población y se lleven puesta a la pequeña y mediana industria.

Lo que sí se ha podido saber de fuentes seguras, a pesar del hermetismo que ha rodeado las gestiones realizadas, es algunos de los aspectos de la propuesta que el gobierno neuquino le llevó a Fernández. Propuesta que parte del entendimiento de que las facturas de gas y electricidad y el valor de los combustibles en los surtidores deberán dejar de volar por la estratósfera y ponerse a tiro del salario de los consumidores.

Al parecer, Sapag o éste y Gutiérrez mantuvieron dos reuniones, una muy larga con el diputado nacional electo Sergio Mazza, con quien el ex gobernador tiene buena llegada y otra larga pero no tanto con el propio Fernández y algunos de sus colaboradores del área económica.

No se sabe si los neuquinos pudieron convencer a sus interlocutores. Tampoco qué harán los que a partir del próximo 10 tendrán la sartén por el mango, pero básicamente la postura neuquina para el petróleo, en términos generales, es la que sigue.

Sapag cree que bajar el valor en boca de pozo es un error, porque afecta no sólo la rentabilidad de las empresas sino también los ingresos de Neuquén y de la Nación. Según la lectura del ex gobernador, contrariamente a lo que algunos suponen sin mayor conocimiento, la explotación de los hidrocarburos le deja al país no menos del 40% del valor de la riqueza que se extrae. Es decir, las petroleras se la llevan con pala, sí, pero no toda.

Con el crudo están las regalías e impuestos a los Ingresos Brutos, a las Ganancias y a la Transferencia de los Combustibles (que es el que se aplica en el surtidor). El gas, tiene sus propios impuestos, IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales.

Desde esta perspectiva, lo que plantea el gobierno y el partido gobernante de Neuquén es que el precio de boca de pozo se debe mantener y lo que se debe modificar es el valor en el surtidor, haciendo fluctuar los impuestos que gravan los combustibles. “Si estos suben en el mercado internacional, bajarlos; si estos bajan, subirlos”.

En la cúspide del poder neuquino piensan además que el gobierno de Fernández debería diferenciar entre los consumidores aquellos que están atados al mercado internacional y sus costos e ingresos son en dólares, y los consumidores y las pymes cuyos ingresos son en pesos.

Además de la postura que sostiene Neuquén en torno a sus recursos, se supo también que a Sapag no le han ofrecido ningún cargo. Ni en YPF ni en el gabinete nacional. Y también, que si esa hipótesis al parecer lejana se verificara, no habría disposición para aceptar.

Lo que no se sabe, como se lleva dicho, es en qué medida los neuquinos habrán logrado persuadir, aunque más no sea en parte, a las futuras autoridades. Es cierto también que de la mano de Vaca Muerta la Argentina ve por primera vez la posibilidad de pasar de país productor de hidrocarburos a exportador.

No porque el nuevo gobierno nacional se vaya a apresurar en ir en busca de divisas y despreocuparse por el desarrollo del país como está ocurriendo hoy, sino porque se está volviendo un dato de la realidad para todos que la “Vaca” es tan rica que da a mediano plazo para las dos cosas.

Eso sí, además de poner por delante el interés del país y de la gente, habrá que empezar a plantearse al menos dos cosas más: una auditoría sobre la rentabilidad de las empresas y pasos concretos para el cuidado del medio ambiente. Esto último supone sacar el poder de policía ambiental de quienes son parte del negocio y crear un organismo neutral atado a los intereses de la Nación y cuyas decisiones sean vinculantes.