El debate sobre una ley que establezca condiciones para la modalidad de trabajo que impulsó la pandemia llevó a legisladores neuquinos a desempolvar la ley provincial sancionada en 2013 que regula esta actividad pero que, en la práctica, no se materializa. Sectores que se vieron forzados a adoptar esta modalidad desde marzo, advierten que la falta de regulación contribuye a la precarización laboral. Mientras, en el Congreso de la Nación se busca consensuar catorce iniciativas para sancionar una ley.  

En septiembre de 2013, una iniciativa del entonces diputado provincial Pablo Todero, denominada "Ley de Promoción y Difusión del Teletrabajo", convirtió a Neuquén en la primera provincia en contar con una legislación en la materia. El texto apuntaba a "la promoción y difusión del teletrabajo como instrumento para mantener y generar empleo-trabajo en cualquiera de sus formas a través de la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación", y lo pensaba como "un instrumento de inserción laboral, para personas discapacitadas, mujeres amas de casa, personas en condición de enfermedad, jóvenes y profesionales".

Transcurridos siete años de la sanción de esa ley, legisladores del Frente de Todos quieren saber si el texto se reglamentó y, en función de eso, qué dispositivos de control prevé la subsecretaría de Trabajo de la provincia para su cumplimiento, porque entienden que el teletrabajo sin regulación contribuye a la explotación laboral.

"Sin controles y sin un acuerdo entre empleador y trabajador el teletrabajo hoy es una nueva forma de precarización laboral", dijo a la diputada provincial por el Frente de Todos Soledad Martínez, que el martes pasado presentó un proyecto de resolución para conocer las actuales condiciones laborales en torno a la aplicación de la ley provincial 2861.

"No sabemos si la ley se reglamentó, y justamente parte del pedido de información es ese, porque la realidad es que hoy hay un porcentaje muy alto de trabajadores que está cumpliendo sus funciones laborales en este esquema", indicó.

Agregó que "en función de eso, queremos saber qué dispositivos de control prevé la subsecretaría de Trabajo para fiscalizar que se garanticen condiciones laborales que no signifiquen afecciones de derechos".

La pandemia de coronavirus, que llevó a un alto porcentaje de la población económicamente activa a trasladar el trabajo hasta su casa, aceleró la necesidad del Estado de regular la actividad con una perspectiva de derechos. El teletrabajo ya no es visto como un instrumento de inserción laboral sino como una herramienta para defender el empleo y como la posibilidad de continuar desempeñando una actividad por otros medios.

"La ley prevé y garantiza la provisión de equipos; el reconocimiento en remuneración cuando los equipos no han sido provistos por el empleador y los aporta el trabajador; los procesos de capacitación o calificación para avanzar en la implementación de estas nuevas modalidades laborales. Sabemos que en algunos lugares nada de eso ocurrió", afirmó la diputada.

Como ejemplo, señaló que los docentes que se vieron obligados a continuar con el dictado de clases desde sus casas "no tienen nada de esto cubierto ni resuelto", y ese es uno de los reclamos que por estos días mantiene el gremio ATEN.

Martínez indicó que en marzo pasado presentó un pedido de informes al subsecretario de Trabajo, Ernesto Seguel, y ante la falta de respuestas volvió a impulsar el pedido desde el bloque del Frente de Todos. El texto lleva también la firma de los diputados Sergio Fernández Novoa, Ayelén Gutiérrez, Darío Peralta y Soledad Salaburu.

Regular el teletrabajo en los convenios colectivos

El sector de los trabajadores judiciales fue, al igual que el de los docentes, un amplio segmento de los trabajadores estatales que se vieron obligados a aplicar la modalidad de teletrabajo para continuar desempeñando sus tareas durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia.

El secretario Gremial del Sejun, Héctor Andres, señaló que hay una tendencia a nivel mundial a adoptar formas de trabajo no presenciales, pero cuestionó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) les "impuso" esta modalidad, cuando debería haber sido discutida en una reunión paritaria con el sindicato.

"En marzo cuando comenzó la pandemia el Tribunal nos impuso en forma unilateral y sin consultar esta modalidad, apelando al compromiso y la responsabilidad de algunos compañeros y de funcionarios que se prestaban para realizar tareas desde su casa. Nosotros nos opusimos a que eso se llevara adelante bajo esa forma porque significa un nuevo trabajo, una nueva relación laboral. Trasladar la oficina a la casa es un cambio sustancial. Y la Ley 2670 establece que cualquier cambio que altere la relación laboral debe discutirse en forma convencional, como un nuevo aspecto del convenio colectivo", indicó Andrés, en diálogo con . 

Consideró que "esto flexibiliza y a las organizaciones sindicales las afecta porque tenés un descontrol de quiénes son tus afiliados" y agregó que "hay organizaciones que necesitan tener alguna regulación para que no haya explotación".

"Que se meta el teletrabajo en tu casa es un problema" amplió el referente gremial. "No todos tenemos espacio físico que permita que tengas una computadora, un escritorio. A veces trabajás en condiciones de seguridad e higiene que no son las correctas. No están resguardadas las condiciones de protección al trabajador: desde la jornada laboral, el derecho de 'desconexión', quién provee el equipamiento", indicó.

También señaló que "para la mujer entendemos que es complejo porque había logrado independencia, salir a la calle, no hacerse cargo de un montón de tareas hogareñas ahora vuelve al hogar y para nosotros se esclaviza mucho más". 

Los trabajadores judiciales son alcanzados por la ley provincial 2861, en tanto el texto hace referencia al ámbito público. "La ley provincial fue el primer avanzo que se hizo acá y se hizo tomando en cuenta algunos aspectos que se proyectaban en ese momento", sostuvo Andrés, pero agregó que "nosotros entendemos que esto tiene que estar en el convenio colectivo y mientras proponemos acordar pautas básicas para esta transitoriedad por la pandemia".

14 proyectos en el Congreso de la Nación

El martes pasado comenzó en la Cámara de Diputados de la Nación un debate para sancionar una ley nacional que regule el teletrabajo.  En los últimos 7 años se habían presentado 3 iniciativas que no fueron tratadas. Ahora, con el impulso que dio el aislamiento social, hay ingresados 14 proyectos que buscarán ser consensuados en las próximas sesiones virtuales. 

Uno de los proyectos pertenece al diputado nacional de Neuquén por el Frente de Todos, Darío Martínez. Allí señala que "los teletrabajadores gozarán de los mismos derechos que los demás trabajadores en relación de dependencia". 

Menciona que la relación debe mantener "el respeto del principio de igualdad de trato entre un teletrabajador y un trabajador que desempeñe igual tarea en el establecimiento del empleador". Y consigna que "los convenios colectivos deberán prever una distribución razonable de la carga horaria semanal a desarrollarse como trabajo presencial y como teletrabajo", dando participación a los sindicatos en la regulación de las distintas actividades.

Otra de las iniciativas corresponde a la legisladora del mismo partido pero por la provincia de Río Negro, Ayelén Spósito, y está orientada a "eliminar la brecha digital de edad y género". En ese sentido, apunta que "será obligación de las empresas privadas o públicas, organismos estatales que utilicen la modalidad de teletrabajo brindar cursos de introducción y actualización sobre tecnologías de la información y comunicación".

En el artículo 8 señala que "las organizaciones sindicales cuentan con la potestad de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y/o acordadas en el CCT bajo la modalidad de teletrabajo".

Los líderes de las centrales sindicales CTA y CGT respaldaron la discusión, al participar de la Comisión de Legislación y Trabajo de la Cámara de Diputados.

Los demás proyectos del oficialismo pertenecen a los legisladores Walter Correa, Claudia Ormachea, Hugo Yasky, Facundo Moyano, Blanca Osuna, Eduardo Fernández, Silvana Ginocchio, y Graciela Caselles; mientras que desde la oposición, Maximiliano Ferraro, Natalia Villa, Álvaro De Lamadrid y María Piccolomini presentaron iniciativas.