Carlos Rozanski consideró que “es un desastre jurídico, ético y moral” que el fiscal Carlos Stornelli no se haya presentado a declarar y consideró que el hecho de que “ni siquiera eso genere alguna reacción del Estado” está mostrando el poder ejecutivo “encabeza el plan” de encubrimiento al fiscal.

“Mientras ellos sigan teniendo el poder, les permite tomar ese tipo de medidas de encubrimiento”, agregó el ex juez federal e indicó que “algún día se investigará como corresponde” y “van a tener que responder ante la justicia por esto y otros actos de barbarie que han cometido”.

Sobre el programa “Ofensores de Trenes” que impulsó la ministra Patricia Bullrich y que avala que las fuerzas de seguridad soliciten DNI en las estaciones y en ese medio de transporte, sostuvo que “es un retroceso evidente en materia de derechos humanos” y remarcó que “para quien ha padecido la dictadura de los 70, esto trae muchos recuerdos de ese tipo de prácticas que además son contrarias a una cantidad de normas muy importantes”. 

“Bajar la edad de imputabilidad lo que hace es que empiecen a utilizar chicos más chicos para cometer delitos, por lo tanto nunca puede ser solución de nada”, afirmó el ex juez sobre la promesa del presidente Macri de avanzar en este tema.

En cuanto a los presos políticos, Rozanski aclaró que Alberto Fernández “sabe que no puede obligar a que se dé la libertad a las personas”, aunque aclaró que “lo que sí puede es impulsar desde el poder ejecutivo aquellas modificaciones que puedan restablecer plenamente el Estado de Derecho”. 

-¿Qué opina del programa que lanzó el ministerio de Seguridad que habilita a las fuerzas de seguridad a pedir el DNI en los trenes y zonas aledañas?

-Es un retroceso evidente en materia de derechos humanos, para quien ha padecido la dictadura de los ‘70, esto trae muchos recuerdos de ese tipo de prácticas que además son contrarias a una cantidad de normas muy importantes en defensa de los derechos humanos. Y es peor todavía en el contexto en el que se produce porque ni siquiera tiene una intención que podría ser explicable. Esta gente no puede justificar las decisiones que toma en ningún aspecto y tampoco en seguridad por supuesto. Es una cosa lamentable más del régimen.

-¿Cree que es algo electoral, una medida demagógica?

-No sé si es electoral, porque va en sintonía con un pensamiento que se fue poniendo en acto a lo largo de 3 años y medio en materia de represión y de persecución política; puede ser una  idea electoral, que por la coyuntura digan “vamos a poner en práctica esta novedad”. En lo personal no me asombra en lo más mínimo porque viene en sintonía con por ejemplo recibir a Chocobar en la Casa de Gobierno después de matar a una persona indefensa, que fue el inicio de todo lo que fue pasando en materia de persecuciones. Y esto forma parte de eso.

-El presidente entre las promesas de campaña mencionó avanzar con el nuevo régimen penal juvenil que contempla la baja de edad de imputabilidad, ¿Cómo analiza estas propuestas?

-La baja en la edad de imputabilidad jamás tuvo ningún sostén ni teórico ni de ninguna especie. Todos los que apuestan a la baja de edad de imputabilidad como algún tipo de solución de algo es absolutamente falso. Por supuesto que hay gente puede sostenerlo de buena fe; pero el gobierno de ninguna manera lo hace de buena fe, porque nada de lo que hacen es de buena fe. Y lo que hace con la baja de edad es aprovechar un pensamiento que es mayoritario en un porcentaje de la sociedad que apoya este gobierno. Es decir, ellos tienen un porcentaje de gente, de hecho han tenido una cantidad de votos bastante importante en su momento y ahora van a tener menos, pero siguen teniendo un caudal electoral y dentro de ese caudal hay mucha gente que está a favor de la baja de edad pero no porque tenga un conocimiento del derecho penal o porque va a servir. Ellos creen que va a servir porque tienen una visión muy simple de la cosa, y sobretodo porque no resiste análisis. Bajar la edad de imputabilidad lo que hace es que empiecen a utilizar chicos más chicos para cometer delitos, por lo tanto nunca puede ser solución de nada. Ahora, a esta gente que gobierna no le interesan las soluciones, ni de este, ni de otros temas, y hay que insistir con eso para poder encuadrar cualquier propuesta, sobre todo las más descabelladas como estas, que no resisten análisis, pero la siguen proponiendo.

-¿Cómo ve el hecho de que el fiscal Carlos Stornelli no se presente a declarar y que no tenga ninguna consecuencia?

-Es un desastre jurídico, ético y moral. Un fiscal general que durante seis citaciones se niegue a ir y que ni siquiera eso genere alguna reacción del Estado, de la Procuración General de la Nación para que la situación se modifique lo que está mostrando, sin lugar a dudas, es que el poder ejecutivo que ha designado al procurador provisorio, que es quien está encubriendo de una manera vergonzosa al fiscal Stornelli, forme parte de todo el plan. El poder ejecutivo, más que formar parte, lo encabeza; Stornelli forma parte. Como las otras barbaridades que comete este gobierno, si bien no resiste ningún análisis jurídico, que no lo resista no modifica nada, porque mientras ellos sigan teniendo el poder, les permite tomar ese tipo de medidas de encubrimiento, que hay que aclarar, es un delito también. Algún día se investigará como corresponde, el encubrimiento es un delito del Código Penal y es toda la protección que le están dando a Stornelli, y es lamentable.

-¿Cuál es la responsabilidad del procurador Casal?

-El procurador es responsable de todo este encubrimiento de una manera visible, es payasesco lo que ha hecho de fijarle plazos al fiscal. Hay una intención puesta en acto por parte de la procuración general que vista en la dimensión y en la perspectiva que corresponde, muestra claramente que es un plan en el cual está involucrado el propio procurador que deja las huellas en todo lo que está haciendo, como lo dejó Stornelli en la causa por la cual está imputado y como las está dejando el presidente de la Nación y su ministro de Justicia. Esto es algo que además de ser vergonzoso, a mi entender van a tener que responder ante la justicia por esto y otros actos de barbarie que han cometido.

-¿Cree que la renuncia del fiscal Moldes tiene que ver con ciertos cambios en el poder judicial?

-No lo conozco a Moldes, conozco sus actitudes, es emblemático, es una muestra del peor sector del poder judicial argentino. Moldes como Stornelli y como Bonadío son emblemáticos, son una muestra interesante para analizar, porque nos permiten conocer qué pasa cuando no se modifican circunstancias importantes de la justicia o aspectos importantes del poder judicial como para que esto no suceda. Es decir esto sucede y no es nuevo, no es un invento de este gobierno, este gobierno lo que hizo es ponerlo en acto para favorecer el plan brutal de enriquecimiento que ellos han llevado adelante, pero esto viene de antes. Esto trasciende a los gobiernos circunstanciales. Fui juez de cámara 25 años, tanto federal como de la provincia de Río Negro, de modo que a partir de mie experiencia puedo decir que este tipo de actitudes como la de Moldes y como la de Stornelli no son nuevas. Son la peor parte del poder judicial argentino, esa peor parte hasta ahora trascendió los gobiernos, porque se han ido los gobiernos y ellos han quedado, más allá de que se hayan ido amoldando al clima y la temperatura política como podría interpretarse la renuncia de Moldes, por ejemplo. Pero esto también es una deuda, obliga al próximo gobierno a analizar seriamente como se hace para mejorar un poder judicial, si es posible mejorarlo o si hay que cambiarlo porque es vergonzoso lo que han hecho y han acompañado los peores momentos de las dictaduras argentinas.

-¿Cuáles son las vías para democratizar la justicia?

-Hay varias opciones. Una vía es una reforma constitucional que borre y lleve a foja cero todo el sistema judicial. Ese es un proyecto de máxima. Y de ahí para abajo bienvenida cualquier propuesta, hay mucha gente en Argentina capaz, progresista, no solo en el ámbito del derecho que es imprescindible para una reforma de estas. Pero esto no es una cosa que la van a arreglar solo los abogados, tanto en el ambiente jurídico como de la sociología, la psicología, el trabajo social, la antropología, en las distintas disciplinas de las Ciencias Sociales hay gente inteligente y capaz. Con esa gente hay que sentarse y convocarlos, mucha gente que tiene una visión distinta, que no apoyan a esta vergüenza de una parte del poder judicial más conservador y reaccionario. Por supuesto que se puede hacer pero son decisiones políticas.

-¿Cómo imagina la situación de los presos políticos con el próximo gobierno?

-Es complicado porque los que van recuperando la libertad es por ese clima que se va modificando con la temperatura política. No es que de golpe un juez fascista o un fiscal se vuelven bueno. Eso no existe, lo que sucede es que por ahí se va dando cuenta que les conviene modificar alguna postura, entonces aparecen libertades que deberían haber sido dictadas. Primero, esas personas no deberían haber sido privadas de su libertad, que es distinto. De repente, un hombre como Esteche que acaba de salir en libertad, no debería haber estado preso; como por supuesto no tiene que estar preso ninguno de los presos políticos en Argentina que lamentablemente son muchos y es una vergüenza. Y eso va a ser responsabilidad del próximo gobierno, no darle la libertad porque Alberto Fernández es un hombre de derecho y sabe, y además es un hombre bueno y sensible, por lo tanto sabe que no puede obligar a que se dé la libertad a las personas. Lo que sí puede es impulsar desde el poder ejecutivo aquellas modificaciones que puedan restablecer plenamente el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho pleno es incompatible con los presos políticos que tiene la Argentina, eso es lo que creo que va a suceder y espero que suceda.