Héctor Andrés, secretario Gremial del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun), cuestionó que el Poder Judicial deba pedirle fondos al gobierno para atender los aumentos de sueldos en el sector. En ese marco, dijo que “lamentablemente el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tiene una clara dependencia política y económica del Poder Ejecutivo”, y consideró que ello “le quita independencia”.

El dirigente se refirió a los motivos de la huelga de 24 que lanzó el gremio para este lunes, en reclamo de una compensación salarial por la pérdida de poder adquisitivo. Dijo que resolvieron parar ante la falta de respuestas del TSJ, y agregó que el reclamo salarial se da en el contexto de crisis nacional donde “el 30% de la devaluación de la moneda ya está en todos los supermercados”.

En esta entrevista, Andrés contó que con la huelga del lunes también van a reclamar contra los sumarios dispuestos por el máximo tribunal a profesionales auxiliares, en su mayoría psicólogos y asistentes sociales, por negarse a participar de una capacitación en coaching. El gremio afirma que eso no tiene relación con su actividad, y en cambio las capacitaciones que las profesionales vienen pidiendo, las postergaron para el año que viene.

- ¿Por qué van al paro?

- Nosotros venimos reclamando al Tribunal Superior de Justicia una respuesta a este proceso inflacionario que nos ha afectado a todos, y no hemos tenido ninguna respuesta. En función de esto la asamblea provincial decidió un plan de lucha, lo veníamos postergando, pero a partir del tiempo transcurrido y de varias reuniones que hemos tenido con el TSJ y no hemos tenido respuesta, es que se decidió este plan de lucha. 

El lunes es paro provincial de 24 horas, el martes va a haber un retiro (de los lugares de trabajo) en Neuquén capital para acompañar la mesa de negociación que está convocada, y el miércoles asamblea provincial para evaluar como seguimos. Eso en el tema salarial.

También hay un sector de profesionales auxiliares que está siendo sumariado por no concurrir a una capacitación en materia que no tiene nada que ver con la actividad profesional que desarrollan, las quieren obligar a capacitarse en coaching y nosotros por una decisión gremial en asamblea provincial decidimos que no íbamos a concurrir porque es una falta de respeto a profesionales que han requerido capacitación específica para su actividad, psicólogos y asistentes sociales que se les dé como obligatoria una capacitación que no tiene nada que ver con sus necesidades, y se ha postergado para el año que viene la capacitación pedida por el sector. 

- ¿El Poder Judicial tiene que pedir asistencia económica al Poder Ejecutivo, de esa manera se pierde la independencia?

- Sí, el TSJ lamentablemente tiene una clara dependencia política y económica del Poder Ejecutivo desde hace muchísimos años. Hay una ley de autarquía financiera y económica por la cual el Poder Judicial con la coparticipación federal de impuestos debería reunir la suma de dinero para afrontar lo cotidiano. Hoy un tercio de ese dinero se lo tiene que dar el Ejecutivo y esa petición que está por ley, está obligado el Ejecutivo a compensar el faltante de un poder del Estado, le quita independencia. Nosotros creemos que un poder del Estado no puede estar pidiendo a otro poder, y eso genera distintos tipos de reacciones. En el caso de los salarios cada vez que tenemos que discutir lo salarial con el tribunal tenemos que pensar si el poder Ejecutivo le va a transferir o no esa partida necesaria para ajustar los salarios. Esto es lamentable, pero es histórico, y eso condiciona. El TSJ ha sacado un acuerdo extraordinario por el cual de alguna manera se ataja invocando la situación de emergencia que todos conocemos, limitando ante ello todo el accionar respecto a gastos y demás y cuestiones que tienen que ver con la falta de recursos para afrontar las necesidades cotidianas del Poder Judicial de la provincia.

- ¿Esta situación se da por el contexto de crisis nacional?

- Si nosotros tenemos un acuerdo trimestral de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, pero no obstante eso el impacto que ha tenido la devaluación de la moneda es superlativo y esto ya está en las góndolas de los supermercados y en los consumos de bienes y servicios. Esta semana tuvimos otro aumento del combustible, eso se traslada a los bienes, a los alimentos. Ya hay indicadores que reflejan la pérdida del poder adquisitivo de todos los salarios del sector que sea es mayor a los indicadores de inflación por esa razón nosotros pedimos una ayuda extraordinaria, un planteo de tipo excepcional para contemplar esto y después obviamente sentarnos a discutir como seguimos porque esto es de todos los días. El 30% de la devaluación de la moneda ya está en todos los supermercados, hoy un paquete de yerba por ejemplo ya está arriba de los 250 pesos, y esto no es una cuestión que nosotros inventamos, el kilo de harina, las carnes, los combustibles, los servicios.