Entrevistas
14/07/2019

Claudio Lozano

“Si el 60% de la deuda externa se fugó, hay que hacer una revisión”

“Si el 60% de la deuda externa se fugó, hay que hacer una revisión” | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

El economista y ex diputado afirmó que el endeudamiento en el gobierno de Macri evidencia “ilegalidades, inconstitucionalidades” e incluso “violaciones” a las normas del FMI. Reclamó investigar “quiénes prestaron, qué autoridades intervinieron y quiénes fugaron” la plata. Afirmó que “las deudas se pagan pero las estafas no”.

Diego Colao

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Claudio Lozano, economista y ex diputado nacional, sostuvo que deber hacerse una “revisión” de la deuda tomada por el gobierno nacional ya que “si el 60% de la deuda se fugó, esto indica que algún problema hubo”, además de aclarar que “los pasos dados para la toma de deuda y para el acuerdo con el Fondo evidencian irregularidades, ilegalidades, inconstitucionalidades o violaciones a los propios criterios del organismo internacional”.

Remarcó que se debe investigar “quiénes prestaron, qué autoridades intervinieron y quiénes fugaron”, para ver “en qué medida esto se hizo en el marco del cumplimiento de la ley o en qué medida no ocurrió”. Precisó que de ese modo se permitiría “dar de baja parte del endeudamiento” o hacer “descansar los compromisos de pago, el peso de los pagos, sobre aquellos actores que han hecho en el marco de este proceso jugosas diferencias”.

Lozano afirmó en este diálogo con Va Con Firma que es necesario “plantear ante la ONU y demandar una auditoría” del Fondo Monetario Internacional (FMI), “que demuestre la co-responsabilidad del Fondo en la crisis”, como para que “Argentina no solo tenga razones para poder flexibilizar sus vencimientos sino para poder sacarse de encima el chaleco de fuerza que implican las condicionalidades en materia de política económica” por parte de esa institución financiera.

El economista presentó su último libro “La deuda ilegítima”, una compilación del trabajo que desarrolló cuando era diputado nacional, en el marco de la comisión bicameral del Congreso creada en 2014 para investigar el endeudamiento.

El texto también recupera “buena parte de los mejores aportes académicos existentes sobre lo que significa el endeudamiento desde la dictadura para acá”, explicó Lozano. Agregó que compila asimismo “las causas judiciales que han sido cajoneadas por el Poder Judicial argentino, y que identifican las irregularidades e ilegalidades del proceso de endeudamiento del país, y al mismo tiempo las responsabilidades penales políticas que tienen que ver con los distintos gobiernos”.

-¿Cuáles son los principales planteos sobre la deuda del gobierno de Cambiemos que aborda el libro?

-La primera parte analiza el proceso de endeudamiento en el período Macri, en donde lo que se vuelve a dar es un conjunto de cuestiones que ya habíamos vivido, concretamente la fuerte asociación entre el proceso de endeudamiento y la fuga permanente de capitales en la Argentina. Mostramos para los primeros tres años cómo Argentina toma 93.000 millones de dólares de deuda y se fugan 60.000, y al mismo tiempo, mostramos la existencia de un acuerdo con el Fondo que tiene vicios muy serios de ilegalidad, tanto del lado nuestro por el no cumplimiento de los procedimientos jurídicos, legales y constitucionales, entre ellos el paso del acuerdo por el parlamento que no se cumplió. Pero también el incumplimiento flagrante del Fondo Monetario Internacional con sus propias normas y estatuto, dado que tiene vedado prestarle a países en situación de fuga de capitales. Y las irregularidades que involucra el acuerdo con el Fondo son múltiples, a punto tal de que hubo mucha resistencia a entregar este crédito monumental que el Fondo le dio a la Argentina, y solo salió por vía de un forzamiento que hizo el gobierno de Estados Unidos en el marco del respaldo al gobierno de Macri y de concesiones geopolíticas muy importantes que hizo el gobierno nacional. Como conclusión básica, de todo el historial y de la actualidad de la deuda, vuelven a poner a la Argentina de cara a un tema crucial para resolver el futuro. Y lo que surge es la experiencia de que Argentina, desde que comenzó el proceso democrático siempre ha pagado sin beneficio de inventario sobre la base de una consigna de que ‘hay que pagar a como dé lugar’. Y lo que se propone en el libro es revisar este planteo y encarar las cosas de otro modo. Por eso se plantea que la consigna que debe guiar cualquier discusión es que efectivamente las deudas se pagan pero las estafas no. Por lo tanto las auditorías, la investigación, la revisión del proceso de endeudamiento, tanto en lo que tiene que ver con el endeudamiento y la fuga, como el acuerdo con el Fondo, son dos elementos a considerar sobre todo para la gestión del próximo gobierno.

-¿Argentina está en una situación de default?

-Sí. Argentina en realidad está en un default ocultado por la intervención del Fondo Monetario Internacional. A comienzos del 2018 Macri, acompañado por el mejor equipo de los últimos 50 años, no hizo más que poner a la Argentina en default. De cada 10 dólares que la Argentina necesitaba para su funcionamiento solo producía 6. Los otros 4, que en la práctica equivalían a 40.000 millones de dólares anuales, tenían que ser incorporados por vía del endeudamiento o por vía de la incorporación del capital financiero del corto plazo pagando tasas de interés por parte del Banco Central en un endeudamiento de corto plazo a tasas monumentales, en el marco de lo que se denominó las Lebacs (Letras del Banco Central). En ese contexto concreto el default existió y ha sido simplemente ocultado, maquillado, por la intervención de un Fondo Monetario que, cual respirador artificial, ha puesto los dólares necesarios para que todos los vencimientos que la Argentina tenía que cubrir en el 2018 y en 2019 se siguieran cubriendo. Posponiendo de alguna manera la manifestación del default para la discusión con el próximo gobierno, habida cuenta de que la devolución de estos 57.000 millones de dólares se concentran en los cuatro años posteriores a la elección del 2019. Y la concentración de vencimientos es tal, que Argentina tiene más de 166.000 de millones de dólares de capital e intereses que se concentran en el próximo período gubernamental. Es un cifra absolutamente imposible de afrontar, de los cuales lo central son los vencimientos con el Fondo, y ciertamente actúa como una suerte de extorsión porque el acuerdo con el Fondo no involucra simplemente el tema de cómo se repaga el capital y los intereses de la deuda, sino que tiene que ver con acuerdos y compromisos concretos en materia de política económica que involucran la cuestión laboral, la previsional, la reforma de la carta orgánica del Banco Central, la liquidación del Fondo de Garantía previsional (N. de la R.: se refiere a la llamada “plata de los jubilados” administrada por la Anses), una estrategia de reforma tributaria acorde con un achicamiento de la cuestión del Estado, entre otros puntos. Hay una suerte de expropiación de la política económica del próximo gobierno de la mano del cumplimiento de las condiciones que fija el acuerdo. En ese sentido, el debate sobre cómo se encara la discusión y la posibilidad de poner sobre la mesa todas las irregularidades que tanto desde el lado argentino como del lado del Fondo están presentes en este acuerdo, son imprescindibles para decir que el Fondo actuó más como una suerte de acompañante y de respaldo de la campaña electoral de Mauricio Macri, que con la supuesta intención de resolver la crisis argentina, no hizo otra cosa que agravarla. Y además los elementos permiten demostrar que hay una absoluta co-responsabilidad del Fondo en la crisis que vive la Argentina. 

-¿A través de qué herramienta o ante qué organismos se puede hacer valer esta ilegitimidad de la deuda contraída, para no cumplir el acuerdo o renegociarlo?

-La primero que tiene que hacer la Argentina es suspender pagos mientras audita. Y esto no significa repudiar deuda. Nuestro planteo es totalmente ajeno tanto a la idea de pagar sin discutir, como a la idea de no pagar sin tener elementos para sostener semejante decisión. Argentina no puede no revisar lo que ocurrió. Si el 60% de la deuda se fugó, esto indica que algún problema hubo, y si los pasos dados para la toma de deuda y para el acuerdo con el Fondo evidencian irregularidades, ilegalidades, inconstitucionalidades o violaciones a los propios criterios del organismo internacional, esto obliga a una revisión. Y esa revisión implica, primero, que hay que hacer un censo de los bancos que han prestado, los que han sido colocadores de la deuda argentina. Un segundo punto es ver quienes son las autoridades ocupando los cargos principales en materia de el ministerio de Economía y la secretaría de financiamiento del Banco Central, que han actuado como contrapartes de estos procesos de endeudamiento. Y allí hay que ver si existía o no vínculo de esos funcionarios con esos bancos o con esos fondos de inversión que operaron como prestamistas. Y hay que ver si cumplieron con la normativa que tenían que cumplir. Y el tercer paso es ver quiénes sacaron esos dólares del país. Estos tres elementos, quiénes prestaron, qué autoridades intervinieron y quiénes fugaron, son claves para una investigación que nos diga en qué medida esto se hizo en el marco del cumplimiento de la ley o en qué medida no ocurrió. Esto permitiría en algunos casos dar de baja parte del endeudamiento, y en otros hacer descansar los compromisos de pago, el peso de los pagos, sobre aquellos actores que han hecho en el marco de este proceso jugosas diferencias, y evitar que el peso de la deuda caiga sobre el presupuesto público.

-¿Y en el caso de la actuación del Fondo Monetario Internacional?

-En cuanto al acuerdo con el Fondo hay dos cuestiones concretas. El primero es de los pasos legales y constitucionales que no se cumplieron, donde hay responsabilidades políticas, penales, de los funcionarios actuantes, y también la capacidad de cuestionar el acuerdo en sí mismo. Y en segundo lugar el mandante del Fondo Monetario Internacional, el jefe, es la organización de Naciones Unidas. Argentina integra ese organismo y debiera demandar señalando las irregularidades. La primer gran irregularidad es que el Fondo en ningún momento trató el caso argentino como debió haberlo tratado, que era un default. Y al ser un default la lógica no era una intervención con un préstamo stand by de corto plazo de la magnitud que se puso, concentrando los vencimientos en el gobierno futuro. La lógica era obligar al gobierno de Macri, en el marco de un crédito de plazos mucho más extendidos, a reconstruir las condiciones de solvencia de la Argentina sobre la base de la programación de los vencimientos. Y eso es lo que no se hizo para evitarle el costo político que Macri hubiera tenido que pagar, si hubiera tenido que aceptar que toda la política que puso en marcha en el 2016 se le había ido al demonio. El Fondo no hizo lo que tenía que hacer, trató la cosa de otro modo e incluso violentó sus propios estatutos. Tuvo la oposición interna de muchos funcionarios del staff, de varios gobiernos que dijeron que no, y fue muy clara la posición norteamericana y la concesión del gobierno argentino de otro orden, para que esto terminara saliendo de una forma irregular. Esto se debiera plantear ante la ONU y demandar una auditoría del organismo que demuestre la co-responsabilidad del Fondo en la crisis, y por lo tanto la Argentina no solo tenga razones para poder flexibilizar sus vencimientos sino para poder sacarse de encima el chaleco de fuerza que implican las condicionalidades en materia de política económica que existen en el país.

-¿Cree que la política de dólar y tasas se puede sostener hasta las elecciones, y va a explotar en el próximo gobierno?

-Sin duda está planteado en esos términos. El endeudamiento que está tomando el Banco Central a las tasas monumentales que hoy sostienen las Leliqs (Letras de Liquidez) es absolutamente impagable, si no es en el marco de un proceso de licuación de esa deuda sobre la base de un salto cambiario. Acá se están incubando las condiciones de un salto cambiario que se vivirá luego. Obviamente el gobierno está construyendo en sociedad con el Fondo las condiciones para garantizar el mantener a rajatabla el dólar hasta octubre. Esto produce dos elementos. El primero es que está dilapidando dólares, los dólares que el Central pueda utilizar de acá hasta las elecciones para contener la evolución del dólar frente a la dolarización de las carteras, le van a faltar al próximo gobierno a la hora de sentarse a conversar. Por lo tanto, lo que se hace es debilitar la posibilidad negociadora del próximo gobierno sobre la base de volver a violar el estatuto del Fondo. Cada vez que el Banco Central interviene para contener la divisa lo que está posibilitando es una mayor salida de capitales. Objetivamente, entre enero y mayo salieron más de 9.000 millones de dólares. Sumados a los 60.000, estamos en prácticamente 70.000 millones de dólares de fuga. El Fondo está volviendo a violar su estatuto para seguir sosteniendo la campaña electoral de Macri, y efectivamente esto anuncia una situación futura donde va a haber algún nivel de salto cambiario que va a volver a tener un impacto negativo sobre el poder adquisitivo y los ingresos de la población, y por la vía de perder divisas está complicando y minando las posibilidades de gestión del gobierno futuro.   

29/07/2016

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