“El Judicial es el único poder del Estado en el que sus funcionarios no son elegidos por el pueblo”, cuestionó el flamante secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro, Emiliano Sanhueza, al destacar la necesidad de que los ciudadanos “puedan elegir a los consejeros (integrantes del Consejo de la Magistratura) para que estén en el proceso de selección de jueces y funcionarios”.

“Es importante la participación popular en un lugar donde se deciden la vida, la libertad y los bienes de toda la sociedad”, dijo el dirigente, y anticipó que por ello “vamos a plantear una enmienda constitucional” en la provincia. Pidió también que los trabajadores judiciales integren el Consejo, y destacó que formará parte del mismo Pablo Barreno, quien hasta ahora fue titular del gremio, pero lo hará como legislador provincial, después de asumir en diciembre la banca para la que fue elegido.

Tras vencer el 13 de este mes en la elección interna del gremio, por la lista Celeste y Blanca que obtuvo 378 votos contra 275 de la Violeta que encabezó Andrés Prescello, Sanhueza consideró que haber conseguido la ley de Convenio Colectivo de trabajo en 2014 es un logro que los afiliados valoraron a la hora de votar. “Levantamos banderas históricas de los judiciales”, dijo para referirse a la corriente que integra en el Sitrajur, que es la misma del saliente secretario general.

En esta entrevista, destacó la necesidad de restituir la porcentualidad salarial en el Poder Judicial, que permite achicar la brecha entre lo que ganan los magistrados y el resto del personal. Señaló también que alcanzaron un acuerdo salarial del 21% para el primer semestre, que está por encima de lo ofrecido por la provincia a los demás trabajadores estatales. Apuntó que el 1 de agosto abrirán la discusión salarial para el segundo semestre, con una revisión de la inflación en lo que va del año.

-¿Qué balance hace de las elecciones realizadas en el sindicato en mayo pasado, que dio como resultado una renovación de la gestión?

-El balance es muy positivo porque después de 9 años de gestión logramos seguir reteniendo la conducción del Sitrajur, un sindicato que hemos recuperado en aquella oportunidad en que la compañera Estela Quiles asumió como secretaria general, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo en el gremio. Veníamos de un hecho bastante grave, que era haber avalado el 82% móvil solamente para jueces y funcionarios. Esa conducción del Sitrajur se dio vuelta y avaló la ley traicionando a los trabajadores judiciales. Nosotros realmente levantamos banderas históricas del sindicato. En este tiempo hemos tenido un logro muy importante que es tener la ley de Convenio Colectivo (sancionada en 2014), por la que tenemos paritarias todos los meses con la patronal. Nos costó mucha lucha tener esta ley, que se destaca porque no requiere ningún acto administrativo u homologación posterior aparte de los acuerdos. Eso es una novedad en las leyes de Convenio Colectivo y lo hemos logrado con esta conducción. Creo que eso los trabajadores y trabajadoras judiciales lo han sabido comprender y por eso la continuidad, sumado a un montón de cuestiones reivindicativas que hemos logrado. Además, hay que destacar que tenemos un sindicato con una alta afiliación, por encima del 50%, y que la participación en esta elección superó ampliamente el 80 %, llegando en algunos casos al 90%. Esto es muy importante porque da fuerza al sindicato.

-¿Cómo es el acuerdo salarial que lograron para este año?

-Nosotros tenemos garantizado el 21 % en el semestre. Gran parte del empleo público cerró un acuerdo semestral del 15 % y ahora están peleando por un 12 % trimestral. Ayer (por el miércoles) fue la paritaria y les ofrecieron solo el 6 % en dos tramos. La ventaja es evidente, sumado a que nuestro sueldo es todo remunerativo bonificado, con lo cual los aumentos entran en el aguinaldo. La política del sindicato es no aceptar sumas en negro porque consideramos que desfinanciamos la obra social, las cajas previsionales, el sistema de seguridad social. Ahora: si bien es una ventaja, tampoco alcanza. La pérdida del poder adquisitivo, la aceleración del aumento generalizado de precios, las tarifas y los alquileres, hacen que hoy ni el mejor acuerdo alcance, pero eso tiene que ver con otros factores que son exógenos.

El 1 de agosto tenemos la reapertura de la discusión salarial para el segundo semestre, y revisión si tuvimos algún desfasaje con respecto a la inflación del primer semestre. Todo eso habla de una posición de fortaleza del sindicato en la negociación, que tiene que ver con este logro que hemos tenido que es la ley de Convenio Colectivo.

-¿Qué otros objetivos se plantean?

-Nos planteamos el rol del Poder Judicial y la integración del Consejo de la Magistratura. Nosotros planteamos que tenemos que integrar ese organismo como representantes sindicales, de los trabajadores, que es la pata que está faltando. Hoy está la representación de los legisladores por la mayoría y minoría, del Colegio de Abogados, del Poder Judicial, y estamos faltando nosotros. También falta la pata popular. Que el pueblo pueda elegir a los consejeros para que estén en el proceso de selección de jueces y funcionarios, porque es el único poder del Estado en el que sus funcionarios no son elegidos por el pueblo. Esto lo venimos trabajando hace tiempo, lo vamos a retomar con fuerza en esta conducción y estamos en mejores condiciones porque el secretario general saliente, Pablo Barreno, fue electo legislador y asume el 10 de diciembre, y él va a integrar el Consejo de la Magistratura en representación de su bloque, por la minoría, pero es un trabajador judicial que ya esta ahí adentro. Y nosotros vamos a plantear la enmienda constitucional, que lo hace la Legislatura con una mayoría especial, a través del compañero legislador. Nosotros estamos convencidos, y ahora tenemos que convencer al resto y a la sociedad también, de que es importante la participación popular en un lugar donde se deciden la vida, la libertad los bienes de toda la sociedad.

Tenemos un dirigente histórico al que reivindicamos, y nosotros humildemente pretendemos ser sucesores, que es Eduardo Fernández Novoa. Fue uno de los fundadores de la CTA, fue secretario general de la Federación Judicial Argentina y ocupó cargos de representación internacional sindical. Hay compañeros que han estado con él y ahora están con nosotros. Nosotros levantamos esas banderas.

-¿En qué consiste el planteo de achicar la brecha entre el sueldo de los magistrados y el de los trabajadores judiciales?

-Eso también es una reivindicación muy antigua que logró la gestión de Fernández Novoa. El sistema de porcentualidad salarial consiste en que el sueldo de un ingresante al Poder Judicial está atado a un porcentaje de (el sueldo) de un vocal del Superior Tribunal de Justicia. Es un sistema en el que el reparto de la masa salarial se hace en forma más equitativa. Este sistema existió en el Poder Judicial y la Legislatura lo tomó de ahí. En los años '90, con las leyes de Emergencia y de Reforma del Estado, cae el sistema porcentual de remuneraciones para el Poder Judicial y para todos. La Legislatura retoma ese sistema pero el Poder Judicial no. ¿Qué argumentos hay para que no lo tenga, si ya lo tuvo? Máxime cuando la actual gestión de gobierno derogó hace unos años la ley de Emergencia Económica que venía siendo renovada año a año. Con el compañero Pablo Barreno vamos a plantear el proyecto y creo que estamos en condiciones de dar una pelea franca. Les va a costar muchísimo decir que no podemos tener el sistema que ya tuvimos. Confiamos en que va a salir.

-¿Cuánto cobra un trabajador judicial que recién se inicia?

-Alrededor de 37 mil pesos, sin antigüedad y sin permanencia en el cargo. La diferencia hoy entre un sueldo de una categoría inicial debe andar en el 1 a 13 (veces), o a 12. Cobra 12 veces más, aproximadamente, dependiendo la antigüedad de cada uno. Con el sistema porcentual de remuneraciones se reduciría a 9. Aumenta en proporción el sueldo de los trabajadores. Eso es lo que nos parece más equitativo. En el Poder Judicial hay una gran delegación de tareas de los jueces a los trabajadores judiciales y luego (a los trabajos) los firma un juez, o un fiscal o un defensor. Eso tiene que ser reconocido, sumado a que nosotros tenemos la prohibición de tener otro empleo. Si tenemos esa restricción, merece que el sueldo judicial tenga una diferenciación.