El diputado del Frente Grande, Raúl Podestá, presentó un pedido de informes al ministro de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, Mariano Gaido, para obtener información sobre los principios y pautas de actuación contenidos en el Protocolo de Entrenamiento para la Autodefensa Policial para evitar excesos por parte de la fuerza contra jóvenes y adolescentes. El pedido surgió a raíz de los casos de Facundo Agüero, Diego Azcárate y Roberto Tecker, ocurridos en Neuquén.

En diálogo con , Podestá detalló que el pedido pretende que el gobierno explique cuáles son los protocolos con los que está trabajando las fuerzas de seguridad y qué medidas se han dispuesto en los casos mencionados, dado que "la violencia se incrementa en los momentos de crisis social y económica".

La iniciativa fue elaborada con el aporte de la integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, Noemí Labrune, y fue acompañada por legisladores de los bloques Frente para la Victoria, Frente Renovador, Nuevo Compromiso, Libres del Sur y Frente Neuquino. Si en 30 días no tienen una respuesta al pedido, irán a la justicia.

-¿En qué consiste el pedido de informes que presentaron al ministro Gaido sobre casos de exceso en el uso de la fuerza policial?

-Estamos preocupados por el avance a nivel nacional de la violencia. Es un momento muy complejo desde el punto de vista económico y social, donde hay que tomar precauciones ante las posibilidades de enfrentamientos violentos de los sectores más desplazados de la sociedad con la policía. Uno mira todo el panorama nacional: lo que ocurrió en San Miguel del Monte esta semana y los tres casos que tomamos de acá. Con Noemí Labrune compartimos su preocupación con el tema de los jóvenes y con ella trabajamos el pedido de informes. Le pedimos a Gaido saber cómo están mirando ellos el tema, cuáles son los protocolos que han implantado para tratar la problemática de la policía con los jóvenes, cuáles son los protocolos para el transporte de estos chicos, porque ahí es cuando ocurren los excesos, y cuáles son las instrucciones a la hora de formar a los policías en el tratamiento de la problemática juvenil. También queremos saber cuáles son las medidas que se han tomado en el caso de Facundo Agüero y de los otros dos chicos (Diego Azcárate y Roberto Tecker). Queremos saber qué es lo que se está haciendo con los hechos ya consumados y cómo se está pensando para prevenir a futuro.

-Neuquén no escapa de lo que pasa en otras provincias.

-Hay mucha gente fuera del sistema en toda la Republica y cada vez más. Esa situación genera que esos sectores desplazados y sin posibilidades tengan una actitud violenta a todo lo que signifique la ley. Si esto no lo comprenden las autoridades se transforma en una bola de nieve que va creciendo. Sobre todo si a nivel nacional hay una muestra de que se va a avalar la violencia policial, que se va a apañar aquellos que cometan excesos y delitos en el cumplimiento de su tarea funcionaria. La violencia se incrementa en los momentos de crisis social y económica. Entonces creo que es cuando más se le debe advertir desde la conducción a la policía y cuando más se debe atender a los protocolos de trabajo para evitar esa violencia desde el Estado.

-¿Cómo ve que se aplica en la provincia la ley 2302 de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes?

-Yo soy muy crítico. La ley se tiene que aplicar poniendo todas las herramientas que la ley necesita: personal capacitado, profesionales, técnicos, lugares de contención, recursos económicos. Nada de eso se está haciendo. Desgraciadamente no hay desde el gobierno una aplicación clara de la ley. No hay recursos económicos para sostener una ley que es muy buena pero que nunca se terminó de aplicar en plenitud y hoy menos que nunca porque no están los recursos estructurales. Estamos muy preocupados por eso. Hemos hecho muchos pedidos de informe al Movimiento Popular Neuquino y prácticamente ningún funcionario los responde. Con este pedido que hemos preparado por el tema de la violencia policial, si no nos contestan vamos a recurrir a la justicia porque estamos muy preocupados por lo que pasa y por la falta de respuesta del Ejecutivo a los pedidos de informe.

-¿Qué plazos tienen los funcionarios para responder?

-Nosotros vamos a esperar treinta días, que nos parece un plazo razonable. Lamentablemente la ley establece que los funcionarios deben contestar a las requisitorias de los diputados pero no pone plazos, con lo cual se transforma en nada. Pero esta obligación la vamos a tratar de hacer valer aunque sea por la vía judicial. Estamos muy molestos. En todos los temas tenemos el mismo problema: el Ejecutivo no contesta los pedidos de informe o contesta con evasivas. Cuando uno hace un pedido de informes es para ver qué se puede hacer desde el lugar que uno tiene para acompañar un proceso de modificación de las cuestiones que nos parecen incorrectas. Eso no se tiene en cuenta desde el Ejecutivo.