El abogado Bruno Vadala, quien actúa como querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén en el juicio conocido como “La Escuelita VI”, criticóla postergación sin fecha, por problemas en la integración del tribunal, de las audiencias orales y públicas que debían comenzar el pasado día 15. Afirmó en ese sentido que “esta demora sucesiva, que se da no solo en Neuquén sino en todos lados, genera en las victimas un sufrimiento mayor”.

En diálogo con , consideró que las dilaciones de ese tipo “en muchísimos lugares del país”, es uno de los principales problemas para realizar juicios de lesa humanidad por hechos ocurridos hace más de 40 años, durante la dictadura.

Vadala, también integrante del "Colectivo Nacional ‘Mario Bosch’" que agrupa a abogados de juicios por delitos de lesa humanidad y que días atrás se reunió en Mar del Plata, advirtió que “desde el cambio de gobierno” a fines de 2015 han vuelto "los discursos negacionistas” sobre los crímenes de la dictadura, aún “en contra de lo que se ha dicho en sentencias judiciales".

-¿Cómo tomaron la demora en el inicio del juicio La Escuelita VI, que tenía que comenzar el 15 de este mes?

-La dilación tiene dos consecuencias. Una es la falta de respuesta que tienen en este caso las víctimas en cuanto a obtener de un tribunal una sentencia que diga qué pasó y quiénes fueron los responsables. A 43 años de los hechos, esta demora sucesiva, que se da no solo en Neuquén sino en todos lados, genera en las victimas un sufrimiento mayor. Por otro lado, en esto de construir una memoria que se mantenga viva los juicios son muy importantes, y que se mantengan en agenda y que se convoque a las personas a que los pueden presenciar, ayuda a que no se olvide lo que sucedió. Lo que hace la sentencia es afirmar y reafirmar qué fue lo que sucedió, cómo sucedió y quiénes fueron los responsables en cada jurisdicción. Por eso es muy importante que los juicios se continúen haciendo. Acá en Neuquén se hacen desde 2008 y es importante que se hagan con celeridad.

-Cuando la justicia llega tan tarde se dice que no es justicia.

-Exactamente. Sucede que también ha habido un montón de decisiones políticas y un Estado cómplice en muchos sentidos, que a lo largo de la historia ha querido ocultar o no responsabilizar a todos los criminales del terrorismo de Estado, y esa fue una gran dificultad para obtener la verdad de lo que sucedió. Cuando hubo una decisión firme de avanzar sobre todas las responsabilidades, ya habían pasado muchísimos años. Ahí hay un gran trabajo de recopilación de testimonios e información para poder llegar a una verdad después de 43 años.

-En este caso la demora se da por la renuncia, pocos días antes del inicio, de uno de los jueces (Marcos Aguerrido), que ya había sido nombrado. ¿Los sorprendió esta decisión?

-En realidad, Aguerrido no renunció sino que sostuvo que no podía asistir a las audiencias porque tenía un problema de agenda por otros juicios, lo cual es cierto en principio porque él es juez de otro tribunal. Él fue convocado acá por la vacante que existe en uno de los cargos de jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) de Neuquén. Entonces, un juez convocado a otra jurisdicción, que tiene una agenda de juicios, tiene que viajar para poder cubrir esos lugares. Esto se da en Neuquén pero se da también en muchísimas partes del país. De hecho, es uno de los problemas que se plantearon en la jornada de querellantes de delitos de lesa humanidad en Mar del Plata. Eso provoca una demora en la producción de los juicios y genera una sensación amarga para las víctimas porque no tienen nada que ver con la agenda de los jueces. Es responsabilidad del Poder Judicial organizar sus agendas. A nosotros nos sorprendió porque estaba fijada la fecha, había un cronograma de audiencias, y a pocos días de comenzar el juez dijo que no podía asistir. Y justo se da que en el Senado fue el acuerdo por la designación del juez (Alejandro Cabral) que ya concursó para el cargo que está vacante, y mi percepción es que se va a esperar a que termine el proceso de designación del doctor Cabral en la vacante del tribunal de acá.

-Recién mencionaba las jornadas de querellantes de delitos de lesa humanidad realizadas en Mar del Plata. ¿Cuáles consideran, desde el Colectivo, que son las principales dificultades con las que se encuentran a la hora de llevar adelante los juicios?

-La principal dificultad es esto mismo que pasa en Neuquén, que es la demora en la conformación de los tribunales, algo que le corresponde también a (la Cámara de) Casación y al Consejo de la Magistratura. La designación de los jueces es el obstáculo principal. Después, cómo se organizan las agendas de los juicios. Los juicios de lesa humanidad son considerados por los querellantes como juicios con prioridad, por lo delicado a nivel institucional del tema, y principalmente por la cantidad de años que llevan demorados los juicios. Y las audiencias las van fijando con fechas muy distantes unas de otras. Antes se fijaban audiencias todas las semanas y ahora cada dos o tres semanas. Ese provoca que un juicio que antes se hacía en un tiempito corto, ahora se haga en seis, siete, ocho meses. Hay jurisdicciones del país que tienen un solo juicio durante dos años.

-¿Considera que este desempeño de la justicia cambió a partir del cambio de gobierno, o van por carriles diferentes?

-Yo asumí la querella de APDH en este juicio. Desconozco si tiene que ver con el cambio de gobierno, no lo creo. Lo que sí tiene que ver con el cambio de gobierno es cierta política a nivel nacional sobre el negacionismo, la vuelta de ciertos discursos de algunos actores políticos que ocupan lugares en medios con viejas teorías, que además está acreditado judicialmente que no es así como ellos dicen. Si en un Estado republicano de Derecho nos jactamos de la independencia del Poder Judicial, bueno: acá el Poder Judicial ya dijo qué fue lo que sucedió, dictó sentencias. Entonces, los discursos negacionistas que van en contra de lo que se ha dicho en sentencias son preocupantes, porque sabemos que esos discursos tienden a confrontar cierto sentido común, cierta memoria que se ha construido. Por eso es importante la producción de los juicios.

-En el comunicado ustedes también manifiestan su apoyo a las investigaciones del juez Alejo Ramos Padilla. ¿Qué análisis hacen de este caso?

-Creo a raíz de sus investigaciones saltó a los medios nacionales masivos un esquema de espionaje que en un Estado de Derecho como el nuestro es absolutamente inadmisible. Yo soy muy cauteloso a la hora de hablar de personas o investigaciones cuando no conozco. Sí creo que existe un sistema ilegal de espionaje en Argentina, no de ahora sino que es una de las deudas de la democracia. En buena hora si lo discutimos públicamente, y es alarmante que se utilicen estrategias desde el Estado o que un periodista publique escuchas que son ilegales, o partes de una causa judicial salgan en un canal de televisión. Así como son preocupante ciertos discursos de cómo se quiere legitimar una violencia policial desmedida e injustificada, y cómo eso también se quiere acompañar de discursos como la baja en la edad de imputabilidad, que me parece peligroso. Si uno suma a todos esos componentes un discurso negacionista, sí me paree que hay un cambio muy claro por lo menos desde 2015 para acá.