Carolina Alac es integrante de la Multisectoral contra la Represión de Bariloche. Días atrás fue absuelta por el Tribunal Federal de General Roca en una causa armada por realizar una pintada durante una movilización en 2017, en la que pedían la aparición con vida de Santiago Maldonado.

La militante social habló con del hostigamiento que sufren los integrantes de las comunidades mapuches y quienes participan de conflictos territoriales en la Patagonia, y remarcó que hay unas 150 personas judicializadas en los últimos dos años.

En diálogo con , Alac aseguró que desde entonces la región parece un campo de guerra. "La militarización en la zona y el refuerzo de efectivos ha sido infernal", afirmó y consideró que esta acción busca "poder justificar ese exceso de presupuesto en seguridad" del gobierno de Mauricio Macri. Además señaló que "nosotros como sociedad nos estamos acostumbrando a tener un retén tras otro a lo largo de 10 o 15 kilómetros".

-¿En qué circunstancias le iniciaron la causa de la que fue absuelta la semana pasada?

-En 2017 hubo una serie de movilizaciones pidiendo aparición con vida de Santiago Maldonado. En Bariloche estuvimos muy activos, muy comprometidos con esa situación y con la comunidad Cushamen, y en todas acciones que íbamos desarrollando empezamos a tomar conciencia de que nos estaban siguiendo y filmando servicios de inteligencia de Gendarmería. Hay en especial una persona, que se llama José Luis Costamagna, que pudimos identificarlo en una de las movilizaciones, que cuando logramos averiguar más supimos que era un segundo jefe de la Unidad de Investigaciones de Gendarmería en Bariloche. Este personaje, además de filmarnos y sacarnos fotos, cuando nos acercamos y le preguntamos qué estaba haciendo, si había alguna orden judicial y qué juez la había determinado, nos contestó de muy mala manera. Se hizo un escrache público sobre él y sobre una cueva de Gendarmería que queda muy cerca del Centro Cívico, un lugar donde se hacía inteligencia a los manifestantes, a los militantes sociales y mapuches en general. Tres o cuatro meses después me llega una notificación que decía que este mismo personaje de puño y letra me hacía una denuncia por daños por una pintada en Gendarmería. A partir de ahí entendimos todo. Por supuesto lo que querían era de alguna manera involucrar a alguno de los integrantes de la Multisectorial contra la Represión, organización a la que pertenezco, y los que salimos denunciando a esta gente.

-¿Qué pasó después?

-Ahí empieza una secuencia tragicómica, porque es una causa penal federal que lleva adelante el juez (Gustavo) Villanueva con la fiscal (Silvia) Little, que son los mismos que ordenan el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, comunidad donde es asesinado Rafita Nahuel tiempo después, en la que también estábamos muy activos nosotros. La Gremial de Abogados intervino. Ellos viajan al lugar por mi causa pero también por la situación de los niños de la Winkul, que cuando fue el desalojo fueron gaseados, los arrastraron, los golpearon, los precintaron. Ante esa situación tan grave intervienen los abogados, que tienen mucha experiencia en niñez, llamados por las maestras de estos niños. Durante un año estuvimos con esta causa mía que fue ridícula pero que también fue muy grave porque esto habla del seguimiento que hacen a las personas que luchan. A mí me hacen una serie de identificaciones y ponen a cuatro prefectos a seguirme, a sacarme fotos cuando salía de mi casa. Todas cosas que están en el expediente.

-Como usted, ¿hay otras personas que también están siendo investigadas?

-Sí. Desde 2017 y aún hoy -porque la semana pasada llegó la notificación de dos nuevas causas- somos alrededor de 150 las personas que estamos judicializadas. Hay muchos que han quedado sobreseídos a lo largo del tiempo porque en realidad son ridículas las causas en la mayoría de los casos, son armados de causas. Por eso decimos que el juzgado federal de Bariloche es un armador serial de causas. Hacen las causas, nos siguen, nos hacen presentar ante la policía federal, nos toman las huellas, nos embargan en dinero, tenemos restricciones ridículas como que no podemos salir de nuestro domicilio por más de 24 horas, o restricción total para salir del país. A mí, por una pintada, y al resto de los compañeros también por situaciones parecidas. Esto es parte de la persecución política, de la orden que dan desde el ministerio de Seguridad de la Nación, que el juzgado federal acata servilmente y que las fuerzas federales reprimen y militarizan la región como parte de este escenario tan grave que estamos viviendo.

-¿Estos ataques son puntuales hacia personas involucradas en conflictos territoriales con comunidades mapuches o crees que se enmarca en la creciente criminalización de la protesta que se percibe a nivel general?

-Lo enmarco en esta situación general y nacional que tiene que ver con el ajuste. Nosotros creemos que este ajuste sólo se puede implementar con represión y con persecución, con estigmatización de todos los luchadores. Creo que es un marco político nacional, claramente. Pero también tenemos claro que, si bien ahora se ha agravado mucho la situación, desde hace años todo lo que tiene que ver con recuperación territorial, con comunidades que pelean por sus espacios y que van en contra de intereses tan grandes como las mineras, las empresas extractivistas o las multinacionales que copan nuestro territorio, siempre fueron perseguidos, siempre fueron reprimidos, siempre fueron asesinados. Tenemos desaparecidos desde hace años en el sur de la Argentina por esta situación en cuanto a las comunidades mapuches.

-¿Cómo es el trabajo que hace la multisectorial en el territorio?

-Nosotros estamos muy comprometidos con todo lo que tiene que ver con la represión. Contamos con el apoyo del grupo de abogados más importante de Argentina, que es esta Gremial que jurídicamente tiene toda la experiencia. Pero lo que hacemos en el territorio, como muchas de las organizaciones que están apoyando, es poniendo el cuerpo, acompañando a las comunidades en cada uno de sus reclamos, en cada uno de sus problemas, haciéndolos públicos, tratando de difundir. Pero sobre todas las cosas relacionándonos desde la cuestión más humana, que tiene que ver con los vínculos y con entender de cerca el proceso que ellos están viviendo. Lo hacemos con las comunidades mapuches pero también lo hacemos con todas las situaciones de violencia y de represión que viven los pibes en nuestros barrios, donde la policía hace lo que quiere, tiene el monopolio absoluto de la impunidad y de las fuerzas, y todos los fines de semana tenemos situaciones muy complejas de violencia policial en los barrios, en el Alto de Bariloche, donde están los barrios más vulnerados. Hacemos lo que podemos porque es enrome la cantidad de injusticias que se están cometiendo en cuanto a la represión estatal en todos sus aspectos.

-Hace poco los abogados de la Gremial dieron a conocer las declaraciones de dos testigos de una de las causas abiertas en torno al asesinato de Rafael Nahuel. Esos testimonios, de dos jóvenes que lo vieron morir y que incluso recibieron impactos de bala, echan por la borda la teoría del enfrentamiento que buscó instalar el gobierno nacional. Los abogados dieron a conocer esos testimonios a riesgo de ser sancionados por el Tribunal, para proteger a los testigos. ¿Cómo viven las personas del lugar estas situaciones?

- La situación de persecución a los integrantes de las comunidades en conflicto es permanente. Tienen a las fuerzas federales y a la policía provincial hostigándolos en territorio constantemente y a todos los que estamos relacionados con eso también. La situación de esos dos testigos, que son testigos nuevos, que son dos personas que sufrieron en carne propia las balas de los prefectos, porque los Albatros fusilan por la espalda a Rafita Nahuel y le disparan en ese mismo momento a Joana (Colhuan, prima de Rafa) en el hombro, y a Gonzalo (Coña) le pega en el brazo. Fueron más de doscientos disparos. Ellos muy valientemente aportan su testimonio porque también están imputados en la cusa por usurpación. Nosotros tratamos de preservarlos lo mas que podemos pero la forma que tenemos de hacerlo es poder hacerlo público para que entre todos podamos protegerlos, porque es una situación compleja.

-¿Qué argumentó el juez para su absolución?

-La Cámara Federal de Roca, que nos sobresee tanto a mí como a dos compañeros que son detenidos en la movilización que se hizo al año del asesinato de Rafita Nahuel, reconoce que en las dos situaciones el juez (Leónidas) Moldes y la fiscal Little lo que hacen, resumido y con mis palabras, es un mamarracho. La instrucción que hace el juez y la actuación de la fiscal son vergonzosos porque arman las causas de manera tal que a nosotros nos culpabilizan de una situación sobre la que no hay pruebas. Ellos primero nos investigan a nosotros y después le dan la forma legal, agarrada con pinzas y hasta ridículamente presentada, para que nos persigan. De hecho a mí me nombran como militante política de la Multisectorial. Para nosotros fue un logro enorme porque la Gremial con su alegato jurídico y político fue impecable. Ellos mostraron claramente que lo que hace el juzgado federal de Bariloche es armar causas.

 -Ustedes calculan que hay unas 150 personas que tienen causas armadas, ¿de dónde surge ese número?

-Creemos que son más, tenemos que volver a hacer las cuentas porque hay gente que han sumado. Lo sacamos de la región y tiene que ver con todas las causas desde Esquel hasta Neuquén a partir de los primeros allanamientos en Cushamen, que fueron en enero de 2017 y que fueron muy violentos, donde terminan hiriendo a uno de los chicos con una bala en la cara, hasta hoy. Son todas situaciones que se han vivido a partir de Cushamen, con la comunidad Wafken Linkul Mapu, todo lo que tiene que ver con Santiago Maldonado y Rafita Nahuel. Sumamos 150 personas que tienen que ver con la decisión del gobierno nacional de armar un "comando unificado", como le llamaron ellos, que comprende las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, en un acuerdo permanente entre los gobernadores y el aparato fiscal. Se reúnen una vez por mes con el gobierno nacional para ver cómo está todo esto.

-A partir de la muerte de Santiago Maldonado, en enero de 2017, ¿se recrudece el ataque a las comunidades? ¿Qué cosas cambiaron?

-Nosotros sentimos que en un momento determinado empezaron a tirarnos con misiles atómicos. Militarizaron la zona completamente. Sabemos que hay un refuerzo a partir de 2017. Si tenemos que hacer un recorrido ya en 2012 se refuerzan las fuerzas especiales y las fuerzas federales en toda la Patagonia. Sobre todo en la zona de Bariloche, Bolsón, Esquel, con lo que tiene que ver con los conflictos con Benetton y con Lewis. Pero en 2017 es inédito. Nosotros hemos visto en estos últimos dos años aparatos de comunicación, vehículos, armas, efectivos, drones, como nunca antes. Lo que se puedan imaginar que hemos visto en películas de ciencia ficción, está acá. Hemos visto un camión, simple, sin identificación, que se paró enfrente de la comunidad y desplegó una antena de 10 metros, por ejemplo. Esas cosas no las habíamos visto. Un camión hidrante no habíamos tenido nunca en Bariloche y apareció para las audiencias por Facundo Jones Huala y el pedido de extradición. Así que la militarización en la zona y el refuerzo de efectivos ha sido infernal. Y nosotros como sociedad nos estamos acostumbrando a tener un retén tras otro a lo largo de 10 o 15 kilómetros. Hay momentos donde tenés 4 o 5 retenes de fuerzas distintas federales, Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal, la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), en las rutas como si fuera natural que estuviéramos en un lugar de guerra. Están vestidos como para la guerra. Por momentos se recrudece, por momentos se está más tranquilo, pero hemos naturalizado en toda la zona que las fuerzas federales estén acá como panchos por su casa como si estuviéramos en zona de guerra.

-Se podría entender que quieran proteger la propiedad privada, no se entiende ese excesivo uso de la fuerza.

-Hay muchos intereses económicos. Están todos los amigos de Macri acá. No olvidemos que lo primero que hace cuando asume es tomarse un avión y en el helicóptero de Lewis se va de vacaciones a la casa de Lewis, cerquita de El Bolsón. Él está acompañando fuertemente y se lo han pedido explícitamente desde el primer momento, antes que asumiera la presidencia, que él intervenga para tener la tranquilidad de que las inversiones en la Patagonia no sean molestadas por nadie. Por eso hay tanto despliegue. Creo que de alguna manera generar la teoría del enemigo interno vino a justificar esto. Porque claro que es totalmente desigual. Estamos hablando de comunidades que no son tan grandes, que tienen posicionamientos políticos fuertes y ellos han usado esto como excusa para poder desembarcar con todo en la zona y para poder justificar ese exceso de presupuesto en seguridad. Esta teoría del enemigo interno es lo que ellos han formado con ese informe nefasto que se hizo de la RAM y de todos los que apoyamos en la lucha mapuche y de esa manera han formado un negocio redondo. Tienen el grupo que es como un fantasma de terrorismo y con eso justifican el despliegue para quedarse.