Según el Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Ricardo Riva, “no es una especulación” sino que “es una manifestación permanente del intendente (Horacio Quiroga)”, el hecho de que “le molesta el accionar de la Defensoría”. Aseguró incluso que no es por el trabajo que él mismo (Riva) realiza actualmente, sino que “también” había una situación similar con quien fuera la primera titular del organismo, Blanca Tirachini.

Señaló que “hay funcionarios municipales que aceptan venir a la Defensoría a construir soluciones para los vecinos, que es lo que importa”, pero agregó que con la actitud de otros “que no aceptan nuestra intervención, lo único que terminan haciendo es dañar la vida de los vecinos”.

En esta entrevista, explicó que el incremento de las denuncias de vecinos es porque el organismo “se ha convertido en un espacio de confianza para muchos sectores”. Agregó que las intervenciones tienen que ver “con la mala calidad de los servicios públicos, o por los incrementos tarifarios”.

En esta entrevista, Riva precisó que cada vez más gente pide asesoramiento jurídico, y que uno de los temas más frecuentes que le plantean son “los acuerdos que han hecho” los ciudadanos con los concesionarios de automotores, es decir por conflictos derivados de “la compra de vehículos en cuotas, por planes de ahorro”.

-¿A qué atribuye el aumento de las denuncias de los vecinos en la Defensoría del Pueblo?

-Crecieron casi en un 10 %, y me parece que la Defensoría se ha convertido en un espacio de confianza para muchos sectores. Buscan una canalización a los planteos que no pueden resolver en los espacios públicos que están destinados para eso, y muchas veces tiene que ver con la mala calidad de los servicios públicos, o por los incrementos tarifarios. Eso hace que la gente recurra a la Defensoría buscando alguna respuesta o protección.

-¿Cuáles son los rubros que generan más denuncias?

-Cada vez nos buscan más por asesoramiento jurídico, y eso está bueno para prevenir situaciones que después, una vez que la gente realizó el acto jurídico, para volver atrás es más complicado. También vienen personas, hasta profesionales, abogados, jueces han venido, por los acuerdos que han hecho con los concesionarios por la compra de vehículos en cuotas, por los planes de ahorro. Revisando los contratos muchas veces vemos que está complicada la situación. Desde Adpra (Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina) nosotros hemos instado a las automotrices, y lo que las automotrices se han comprometido con las Defensorías del Pueblo, es a que nosotros tomemos la audiencia conciliatoria, y si no se llega a un acuerdo con el concesionario, que remitamos todos los antecedentes a la automotriz así ellos pueden hacer una oferta que sea superadora. Nosotros hicimos planteos de los que todavía estamos esperando la resolución del Poder Judicial respecto de los incrementos tarifarios del transporte y del agua, que no pasaron por el Concejo Deliberante porque este hizo una delegación de sus funciones que le son propias y que para nosotros nunca debió derivar al Ejecutivo. Entonces, eso hace que estemos esperando la decisión del Tribunal Superior de Justicia porque para nosotros el Concejo Deliberante debe retomar urgentemente sus funciones. Porque el Concejo puede juntar información y puede ver de qué manera esos incrementos tarifarios se pueden dar sin afectar el bolsillo de la gente tan abruptamente. También es importante la transparencia que le puede dar el Concejo Deliberante al poderlo debatir, y poner sobre la mesa los elementos que el Ejecutivo y la empresa puedan tener para pedir el incremento tarifario.

-También hubo muchas actuaciones por las multas que sufrieron en Neuquén, en otras localidades.

-Sí, acaba de haber una sentencia de una Cámara de Misiones que ojalá se repita en otros lugares, con respecto a que las foto-multas serían inconstitucionales. Pero sí, nosotros hemos acompañado a muchos vecinos porque esos radares no están autorizados o actúan en forma irregular, porque no fueron aprobados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces en esos casos planteamos la nulidad, cuando las multas fueron hechas en esos periodos en los que no estaban aprobados.

-¿Cómo sigue la relación de la Defensoría con la gestión municipal?

-Nosotros tenemos una obligación que cumplir, un mandato, un rol, que es el de control. Lo que sí vemos es que hay funcionarios municipales que aceptan venir a la Defensoría a construir soluciones para los vecinos, que es lo que importa, y después hay ciertas conductas de otros funcionarios que al no acceder a nuestros planteos, lo único que terminan haciendo es dañando la vida de los vecinos. Por otro lado nos obligan muchas veces a tener que iniciar acciones judiciales. También lo que vemos es que como muchos de ellos no utilizan la espacio de la Defensoría, impiden que las obras que se van a realizar se desarrollen transparentemente, escuchando la opinión de los vecinos que es fundamental en muchos casos para poder hacer las cosas bien, y evitar después todo el malestar que ellos sufren, y muchas veces también las consecuencias de esas obras, como el daño en los bienes y a veces también en la salud de esos vecinos, ojalá que nunca en la vida. Los riesgos que se corren por hacer obras donde tenemos la información pública ambiental, donde no podemos ver los estudios ambientales que corresponden, donde mandamos nota. Es más: la Carta Orgánica es clara, mandamos nota solicitando información, se nos niega, y nosotros ahí podríamos pedir sanciones a los funcionarios. Pero sabemos que eso no lo vamos a obtener, por eso iniciamos acciones judiciales donde tenemos que, a través del Poder Judicial, obligar a esos funcionarios a que cumplan con sus obligaciones legales.

-¿Cree que al intendente Horacio Quiroga le molesta el rol de la Defensoría?

-Eso no es una especulación, es una manifestación permanente del intendente que le molesta el accionar de la Defensoría, no el del defensor. Porque cuando estaba Blanca (Tirachini, quien fue la primera titular del organismo y ocupó el cargo entre 1999-2005), por lo que me dicen los mismos empleados de la Defensoría, también había como un malestar permanente con el accionar de la Defensoría. Creo que el intendente nos ve como obstructores, en lugar de ver que somos colaboradores críticos. Es decir, que la idea acá es, no que no se realicen las obras sino que se realicen de acuerdo con toda la legislación vigente que para eso está, justamente para proteger a los ciudadanos. También hay que tener en cuenta algo, que si bien no es nuestro rol, queda en evidencia. Obras que después hay que rehacer o romper nuevamente, y eso es dinero público. En ese caso la Sindicatura también tendría que tener algo que decir.

-¿Con la provincia es distinta la relación ante el trabajo de la Defensoría?

-Nosotros trabajamos muy bien con algunos funcionarios. Los que han visto es que la Defensoría, al dar tanta transparencia en la relación con los vecinos, le permite cuando asumen determinados compromisos, y que esos compromisos son los que asume y no otros, y que después no sea la palabra de algunos vecinos y la de los funcionarios sino que al estar en acta, que es la que se labra, permite decir ‘me había comprometido a esto, es lo que está y es lo que tengo que cumplir, si quieren podemos renegociar otras cosas pero esto es lo que habíamos asumido como compromiso’. De hecho hay un caso muy interesante, que fue una mediación ambiental en la que no hizo falta interponer ninguna acción, y se llegó a un acuerdo entre los vecinos del área centro, el EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento), y la Defensoría que hizo el rol de mediador, y se logró un acuerdo satisfactorio. Fue la construcción de la colectora central, que fue la que pasó por el Parque Central, y eso evitó situaciones de desbordes cloacales que se estaban dando en un sector de la ciudad, en el museo, en los tribunales de Falta, la calle Perito Moreno. Ahí había un desborde cloacal permanente que ya no está.