El abogado Luis Virgilio Sánchez volvió a poner en agenda la represión sobre el pueblo mapuche en Villa La Angostura y la disputa sobre tierras que pertenecen a Emanuel Ginóbili. El jugador estrella de la NBA, haciendo referencia a su retiro de la liga norteamericana, se preguntó en Twitter: "¿Qué pongo ahora cuando en migraciones me preguntan por mi ocupación?". Un día después, el abogado salió al cruce del jugador: "Podes decir que ahora estas 'ocupado' en hostigar judicialmente y querellar a familias humildes mapuches, que viven en Villa la Angostura, para llevar adelante tus emprendimientos inmobiliarios que contravienen la Ley de Bosques", respondió en la red social.

Consultado por , el abogado integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas explicó que "el conflicto con Ginóbili viene de larga data. En 2004 le compró unas 14 hectáreas de bosque al costado del Correntoso a (José) Salamida, que fue un intendente de facto en Villa La Angostura, que le había comprado a precio vil las tierras a un heredero de la comunidad mapuche Paichil Antriao, quien era analfabeto y firmó con el dedo pulgar como constancia que no sabía leer ni escribir. Esta venta se hizo en la década del ‘70, a 1.500 dólares de ahora. Ese era el procedimiento como empezaron a desguazar la propiedad".

En 1902, Julio Argentino Roca les había entregado 625 hectáreas a las familias de José María Paichil e Ignacio Antriao, según figura en un expediente de Parques Nacionales. Luego parte de ese territorio se escrituró a título individual porque en ese momento no existía el concepto de propiedad comunitaria -que concibe la cultura mapuche-, que fue incorporado a la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 17, con la reforma de 1994. 

"Algunas personas como Salamida subían al monte con escribanos y les hacían firmar con dígito pulgar la entrega de tierras. Esa tierra en particular, de Ginóboli, la adquirió a un valor de 150 mil dólares a Salamida", relató el abogado y mostró una copia del boleto de compraventa de una parcela de 119.036 metros cuadrados a nombre de Emanuel David Ginóbili.

Según Virgilio López, Ginóbili sabía que en las tierras que había comprado vivían familias mapuches. "Tal es así que inmediatamente después de comprar las tierras Ginóbili inicia un juicio, una acción declarativa de certeza, contra la comunidad Paichil Antriao para demostrar que sus títulos son perfectos. Esto es una contradicción porque los títulos de por sí son perfectos. Si tiene que iniciar un título para demostrar que son perfectos es que tan perfectos no son", indicó.

"En esa demanda Ginóbli se anima un poco más y quiere demostrar que los mapuches son chilenos. Ofrece pruebas antropológicas, cita a historiadores como (Rodolfo) Casamiquela, que tiene una teoría descolgada que señala que los mapuches no son originarios de acá sino de Chile, y señala que Paichil era de origen chileno. Todo este bagaje tiene la demanda que todavía está en trámite".

El abogado indicó que mientras Ginóbili inició la acción declarativa de certeza, inició un "interdicto de recobrar", que es una especie de demanda de desalojo abreviada, contra los  mapuches. Las comunidades llegaron entonces a un acuerdo con Ginóbili, que consistió en que él continúe con la acción declarativa de certeza sobre el título de propiedad mientras ellos se retiraban del territorio con la condición de no innovar, es decir que no llevara adelante ningún emprendimiento inmobiliario o que altere el territorio, porque las tierras son consideradas "zona roja" en la Ley de Bosques.

"Ginóbili se comprometió a no innovar y los mapuches se retiraron. Pero el año pasado, a través de una servidumbre de paso que tiene en esas parcelas, habilitó en un camino el paso de topadoras, maquinarias, del fideicomiso Lago Correntoso, que es vecino de Ginóbili y tiene un proyecto de  hacer 84 viviendas en ese lugar. Y Ginóbili también tiene un proyecto hotelero que lo canaliza a través del fideicomiso Terrazas del Correntoso", apuntó.

"Empezaron a talar el bosque, montaron incluso un aserradero portátil cortando los coihues. Cuando los mapuches toman conocimiento de esta situación hacen un resguardo. Se apersonan en el lugar, detienen el estrago ambiental que estaban haciendo las empresas aparentemente con la venia del municipio, y a partir de ahí pasó lo que sucede siempre: cuando ellos hacen el resguardo Ginóbili presenta una denuncia, otra los empresarios del fideicomiso del Lago Correntoso, y yo presenté un habeas corpus preventivo porque los mapuches que estaban en el resguardo fueron inmediatamente rodeados por la policía esperando una orden para reprimir", declaró el abogado.

De esa manera, pidieron frenar el avance de la policía sobre la comunidad Pachil Antriao, que recibió adhesiones de toda la comunidad. "Hicimos una denuncia del estrago ambiental, de violación de la Ley de Bosques con la anuencia del municipio, por lo cual podría existir un delito de abuso de autoridad, de incumplimiento de deberes de funcionario público", explicó el abogado, y amplió que "la denuncia que hizo la comunidad no ha tenido un tratamiento por parte de la autoridad de bosques ni de la fiscalía". En tanto, "sí avanzaron causas contra la comunidad por una denuncia de usurpación que inició Ginóbili".

En paralelo, "Ginóbili ha denunciado a las comunidades por el delito de usurpación. Él se ha constituido personalmente en querellante contra las familias. La fiscalía ya tiene formulado cargos mis clientes", indicó.

"Nosotros también nos constituimos como querellantes porque cuando otros logramos sacar a la policía y mantener el resguardo, apareció una patota, que es lo que pasa siempre. Como no te pueden sacar con la patota del Estado te sacan con una patota privada. Apareció un grupo de gente encapuchada que agredió a la comunidad mapuche. Es gente que no vive acá, que tiene domicilio en Buenos Aires. Son sicarios que fueron contratados para sacar a los mapuches a la fuerza. Lo curioso es que esta gente se refugió en la casa del cuidador de Ginóbili, que luego que se fue la patota denunció personalmente a las comunidades mapuches".

El viernes pasado, el abogado formuló cargos, por videoconferencia, contra dos personas que lograron individualizar por la agresión a las comunidades. "Son personas que no se presentaron a la audiencia que estaba prevista la semana pasada y pedimos que se disponga la captura y se decrete la rebeldía. El juez dijo que no porque estaban lejos", señaló el abogado.

Para concluir, expresó que "la justicia es rápida para resolver las cuestiones o sentar en el banquillo de los acusados  los vulnerables. En cambio, cuando denuncian situaciones graves y de orden público, que tienen que ver con los estragos ambientales que se hacen en Villa La Angostura, la justicia es lenta", indicó, y apuntó contra "las complicidades entre las empresas y el municipio, que autorizan a llevar adelante emprendimientos inmobiliarios en lugares que están vedados por la Ley de Bosques".

"Todo eso lo denuncié ante la Autoridad de Bosques, y seguramente tendremos que iniciar una tramite ante el Tribunal Superior de Justicia", concluyó.

Otras causas mapuches

La semana pasada, dos fallos vinculados a causas contra integrantes de la comunidad mapuche. Uno fue el juicio abreviado contra Fausto Jones Huala, quien fue sobreseído del delito de "usurpación" y condenado a seis meses de prisión por el delito de "resistencia a la autoridad agravada por haberse cometido a mano armada" (con piedras) por la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez. La causa contra Jones Huala y Lautaro González -que permanece prófugo- se inició el día en que Rafael Nahuel fue asesinado por miembros del Grupo Albatros, de la prefectura naval, en noviembre de 2017, en Bariloche.

El otro fallo lleva la firma de la jueza de Esquel, Karina Estefanía, quien dictó la absolución y el sobreseimiento de seis integrantes de la comunidad mapuche en la pu lof en Resistencia de Cushamen, en una causa que había sido iniciada en marzo de 2015 por la compañía Tierras del Sur, perteneciente al terrateniente Benetton. Los imputados Facundo Jones Huala, Andrea Millañanco, Sergio Ruiz Huenchupan, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo y Nicolás Hernández Huala estaban imputados por el delito de usurpación y abigeato. Por esta causa la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, había acusado a los imputados de pertenecer a la RAM. La jueza Estefanía, en su fallo, reconoció el genocidio que implicó la denominada "Campaña del Desierto" y el derecho que tienen los pueblos originarios a reclamar sus territorios ancestrales.