El diputado nacional por el Frente de Todos Leopoldo Moreau, consideró que “no hay que tomar en serio a Patricia Bullrich”, que tiene “la mirada de la violencia en términos de la política” y aseguró que representa “expresiones marginales de un sistema democrático que ha crecido mucho en la Argentina y que ha madurado mucho”.

El presidente de la Comisión Bicameral de seguimiento de Organismos de Inteligencia indicó en este dialogo con que la “multiplicidad” de causas que investigan espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, “conspira contra una resolución rápida de las responsabilidades penales de los que llevaron adelante esta tarea que no tiene precedentes en la historia democrática de la Argentina”.

Y señaló que la comisión va a estar en condiciones de “brindarle un informe a la sociedad argentina y al Parlamento en un lapso de muchísimo menor tiempo que la propia justicia”.

Sobre la judicialización política, Moreau consideró que “ha sido utilizada como herramienta para saldar debates políticos o situaciones que tenían que resolver las instituciones”, y agregó que “en los últimos 10 o 12 años ha sido infinita la cantidad de veces que la oposición de aquel entonces se presentaba a la justicia nada más y nada menos que para impugnar sanciones del parlamento”.

El diputado consideró que “por este sistema de control de legalidad que tenemos en la Argentina”, que debe modificarse con la reforma judicial, “de la noche a la mañana un juez cooptado por el grupo Clarín o por algún grupo económico fulminaba una ley que por ahí había llevado un año de debate en el Parlamento”.

-¿Cómo analiza las causas sobre espionaje ilegal del gobierno anterior que se están investigando?

-En primer lugar hay que decir que la existencia de varias causas tiene que ver con la extensión que ha tenido el sistema de espionaje ilegal, persecución política y extorsión durante los cuatro años del gobierno de Macri, si no no se hubieran multiplicado tantas causas. De todas maneras esa multiplicidad conspira contra, no solo una resolución rápida de las responsabilidades penales de los que llevaron adelante esta tarea de espionaje ilegal que no tiene precedentes en la historia democrática de la Argentina, sino que no va a llegar a conclusiones muy inmediatas. Por eso es muy importante la labor que estamos llevando adelante en la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia porque es un camino que seguramente, si bien va a señalar responsabilidades políticas y no penales porque no nos corresponde, también va a ayudar mucho a las causas judiciales. Como está ocurriendo, porque vamos un paso adelante, sobre todo en lo que se trata en audiencias con agentes o ex agentes de la AFI que están haciendo contribuciones extraordinarias para que esto se vaya esclareciendo. Creo que al menos en el ámbito de la comisión vamos a estar en condiciones de brindarle un informe a la sociedad argentina y al Parlamento en un lapso de muchísimo menor tiempo que la propia justicia.

-¿Cómo analiza la negativa del ex presidente Macri a que se investigue su teléfono en la causa por presiones al Grupo Indalo?

-La negativa de cualquier persona a acceder a requerimientos judiciales siempre genera sospecha. Un caso emblemático fue la negativa durante nueve o diez meses, casi un año del fiscal Stornelli de presentarse a la justicia. Se da la paradoja de que Macri, Stornelli, y muchísimos otros, que decían que son la representación de la pureza republicana, del Estado de Derecho, de la obligación de responder a los mandatos judiciales, y son los primeros que se esconden cuando la justicia los convoca.

-¿Hay una excesiva judicialización de la política, cuando la justicia está muy cooptada y es muy difícil avanzar con las causas?

-Coincido en el sentido de que la política hace tiempo, no de ahora, y sobre todo por parte de los sectores de derecha que se sentían impotentes para frenar el desarrollo del movimiento nacional, popular y democrático; ha sido utilizado como herramienta para saldar debates políticos o situaciones que tenían que resolver las instituciones. En los últimos 10 o 12 años ha sido infinita la cantidad de veces que la oposición de aquel entonces se presentaba a la justicia nada más y nada menos que para impugnar sanciones del parlamento, leyes que fueron votadas ampliamente por el parlamento eran llevadas a la justicia y cualquier juez, por este sistema de control de legalidad que tenemos en la Argentina, que hay que cambiar, cualquier juez en cualquier lugar fulminaba una ley que por ahí había llevado un año de debate en el Parlamento, que pedía mayorías especiales y de la noche a la mañana un juez cooptado por el grupo Clarín o por algún grupo económico transformaba esa ley en letra muerta. Eso no puede seguir ocurriendo en la Argentina. 

-¿En este sentido es necesaria la reforma judicial?

-Absolutamente, la reforma judicial no puede quedar simplemente acotada a la cantidad de jueces que se van a agregar. Hay que hacer una reforma profunda, por ejemplo en este aspecto, el control de constitucionalidad o de legalidad no puede estar en manos de cualquier juez. Tiene que estar en manos de un tribunal o de una sala de un tribunal, en este caso, o la Corte Suprema de Justicia que haga ese control de legalidad y además hay que tener una Corte más amplia, con salas por especialización, y tenemos que tener un desarrollo en términos procesales que haga que las causas tengan mayor dinamismo, mayor velocidad, sin coartar ninguno de los derechos que tienen los que acuden a la justicia de plantear sus propias objeciones o recursos. No puede ser que la Corte atienda cuando quiere y cuando se le ocurre, recursos extraordinarios. Dejemos de lado las cuestiones político - partidarias. El año pasado la Corte resolvió después de 14 años de prisión la situación de una mujer en Misiones a la que habían imputado de un homicidio que no cometió, y lo resolvió 14 años después, y estuvo 14 años presa injustamente. Eso no puede ocurrir.

-¿Cómo vio a la oposición, sobre todo al ala que encabeza Patricia Bullrich, que pasó de acusar al kirchnerismo del asesinato de Fabián Gutiérrez a pedir una mesa de diálogo con el gobierno?

-Lo único que no hay que hacer es tomarla en serio a Patricia Bullrich. Ni ahora, ni antes, ni después, ni cuando era montonera, ni cuando fue ministra de Trabajo del gobierno de De La Rúa y participó de la represión, ni cuando estuvo ahora en el gobierno y generó las situaciones que generó precisamente en la zona de la Patagonia, 78 días desaparecido Santiago Maldonado, tensiones. Es una mujer que es tóxica, tiene la mirada de la violencia en términos de la política. No debemos tomar eso en serio porque son expresiones marginales de un sistema democrático que ha crecido mucho en la Argentina y que ha madurado mucho.

-¿Cuáles deben ser las prioridades del gobierno y del Congreso para la post pandemia?

-Tenés una combinación de leyes que hay que sancionar y decisiones que tiene que tomar el gobierno nacional que no siempre se traducen en leyes. Por ejemplo, hay que llegar lo antes posible a la resolución del problema de la deuda externa. Eso puede despejar y mucho el horizonte de la economía argentina, es muy difícil proyectar un presupuesto, inversiones, programas de desarrollo regionales, proyectar incluso un cambio en la propia matriz productiva de la Argentina si vos no sabés cuáles van a ser los recursos de los que disponés. Si fuera por la deuda como la dejó planteada Macri de acá a los próximos 3 o 4 años tendríamos recursos menos cero, o sea ningún recurso. Al contrario estaríamos teniendo una sangría de recursos para poder afrontar el pago de esa deuda descomunal, insensata, irracional que nos dejó el macrismo. Entonces hay que tener despejado ese horizonte y saber con cuántos recursos vamos a contar de esos que tendríamos que destinar si no renegociamos la deuda, al pago de la deuda. Ese es un elemento central. 

-La reforma tributaria se mencionó.

-Es un elemento muy importante. Le hemos propuesto desde el Frente de Todos en esta coyuntura tan crítica para la Argentina donde hemos sufrido el gobierno de Macri y la pandemia casi simultáneamente, cambiar el régimen tributario de la Argentina, que es totalmente injusto. Por eso nosotros hemos planteado en el Congreso avanzar con una ley que apunte a gravar las grandes fortunas, que no son más de 12 mil personas en la Argentina, sobre un población de 45 millones de habitantes; por lo menos transitoriamente. Habrá que ver más adelante, cuando se reforme el sistema tributario, qué se hace; pero por lo menos transitoriamente y ahora por única vez hagan un aporte extraordinario, que representaría  3.500, 4.000 millones de dólares que pueden tener diversos destinos. Pueden ser dedicados a alentar a las pequeñas y medianas empresas y resucitarlas, pueden ser orientados a grandes programas de construcción de viviendas que generan muchísima actividad. Serían 4.000 millones de dólares que vendrían muy bien para poner en marcha el proceso productivo de la Argentina.

Después tenés lo que se va a debatir, que es el régimen de moratorias que es imprescindible, porque la situación, reitero, que nos dejó Macri más la pandemia, ha llevado a las empresas pequeñas, medianas, incluso grandes, a una situación muy crítica. Así que en unas semanas más va a estar sancionada la nueva ley de moratoria que va a abarcar a todos, tanto a empresas como a individuos. Pero son infinitas la cantidad de cosas que hay que hacer para reconstruir el país, y nosotros tenemos en agenda todas estas cosas; estoy mencionando algunas que tienen carácter urgente o estructural, pero hay muchas otras más que se podrían agregar.