La toma de Guernica se ha convertido en un territorio de convergencia de posiciones de todo tipo que operan sobre una realidad compleja y de difícil solución.

Por un lado, las cientos de familias que están en el lugar, empujadas por la necesidad y, en algunos casos por la desesperación, resisten contra todas las dificultades, inclemencias del tiempo y adversidades cotidianas con el propósito de hacerse un lugar desde donde poder establecer sus vidas, trabajar, educar a sus hijos; en definitiva obtener derechos básicos. Por el otro, se encuentran los supuestos propietarios que reclaman el desalojo en pos de la realización de negocios inmobiliarios avalados por una justicia y un poder político que no se caracterizan por la sensibilidad social.

Mediando entre estos factores, se encuentra la organización interministerial conformada por los ministerios de Justicia, Mujeres y Desarrollo de la Comunidad buscando dar soluciones parciales y momentáneas a mediano y largo plazo.

Instalados en un borde de los terrenos tomados, los funcionarios buscan dialogar con los vecinos y atender problemáticas de distinto tipo para resolverlas antes de llegar a un desalojo violento que ya se prevé inminente e inevitable para los próximos días.

Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, dialoga personalmente con los vecinos que se acercan a plantear su situación. Esta acción ya es un factor de discordia con los otros vecinos que están decididos a no aceptar ninguna otra solución que no sea un terreno donde asentarse. 

La idea del Ministerio es acordar con las familias soluciones temporarias de distinto tipo, hasta que se realice el proyecto que la semana pasada presentó el gobernador Axel Kicillof, el ambicioso “Plan de tierra, vivienda y hábitat” que contempla a la gente que está en Guernica.

Hasta ahora han aceptado alrededor de 500 familias pero las propuestas del gobierno siguen generando desconfianza en muchos de los vecinos que sostienen que la única negociación posible es “Tierra por tierra”.

En este escenario, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) volvió a hacerse presente manifestando su solidaridad con las familias de la toma: distribuyeron 10.000 kilos de verduras en el lugar.

Rosalía Pellegrini, referente de la organización expresó a : “es necesario que el Estado intervenga de manera activa con políticas públicas que garanticen el derecho a la tierra y a la vivienda digna para todas y todos”.