Cuando en Argentina se habla del juez español Baltasar Garzón, no se habla de ningún desconocido. Su prestigio en estas tierras corre parejo a su caída en desgracia en la España que le vio nacer.

Garzón fue contratado como asesor de la Cámara de Diputados, tras recibir la residencia argentina, allá por el año 2012.

En España, había sido inhabilitado por el Tribunal Supremo hasta el año 2021 por supuesta prevaricación, y con el único objetivo de quitárselo de en medio, y de ese modo entorpecer la importante investigación que estaba realizando. Su tarea en Argentina consistía en asesorar a la Comisión de Derechos Humanos, y su prestigió venía de lejos y se había forjado en distintos foros internacionales.

¿Por qué, entonces, un jurista de su talla y su valía, había sido apartado de la carrera judicial, bajo la acusación de un delito que resulta improbable que cometiera un juez de su nivel?

Este prestigioso jurista tuvo a su cargo la investigación de los delitos más relevantes y peligrosos de la carrera judicial: crímenes contra la humanidad, terrorismo, narcotráfico, y sobre todo, corrupción política y económica. Esta última investigación fue la que le hizo caer en desgracia. En febrero de 2012 fue expulsado de la carrera judicial, tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por realizar escuchas no autorizadas durante la instrucción del caso Gurtel.

Este caso de corrupción es el nombre con el que se conoce una investigación, iniciada en noviembre de 2007 y denunciada por la Fiscalia en 2009, después de que saliera a la luz la investigación de Garzón sobre una red de corrupción en torno al Partido Popular (conservador).

Esta red operaba en varios municipios madrileños y valencianos, así como en toda la costa del Sol en el sur del país, y cuyos integrantes fueron imputados por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Garzón sostenía que las empresas investigadas utilizaban fondos de institucionaes públicas en beneficio propio, aprovechando para ello regalos y cantidades importantes de dinero.

Durante la larga instrucción, mil veces interrumpida y boicoteada, que incluía relevo de jueces quizás demasiado afines a los miembros del Ejecutivo, y luego de extrañas muertes de implicados y testigos, la sentencia se hizo pública el año pasado. ¡Once años después de iniciada la instrucción!

En ella se pone de manifiesto que el Partido Popular de Mariano Rajoy se benefició de la trama delictiva, y fue condenado a 35 años de cárcel el tesorero del partido. De las 37 personas acusadas, solo 8 resultaron absueltas, y la sentencia le costó el gobierno nacional al por entonces titular del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Mientras todo esto ocurría, Baltasar Garzón solo era un recuerdo, una víctima más de la mafia que se puso en marcha en su día. Y su prestigio y eficacia se desarrollaba en otras latitudes, y llegaba a ser el jurista más reconocido a nivel internacional, cuyo encausamiento ha sido descalificado por todo el mundo jurídico del planeta. Con su encausamiento se dan fin a 31 años de carrera judicial, durante los que desarticuló el entramado de ETA, desmanteló una importante cantidad de redes de narcotráfico y blanqueo, y lo que es más importante, develó la trama de terrorismo de Estado del gobierno de Felipe González. De ahí que también la oposición de la época en que fue destituido (el PSOE) viera con buenos ojos su caída.

Tras ello, Garzón se fue a Sudamérica. Ordenó la detención del general Pinochet y persiguió los crímenes contra la humanidad de dictaduras latinoamericanas.

Mientras tanto, en España, ya nadie se acordaba de él, ni hubo movilizaciones tras su salida de la Audiencia Nacional (nombre del tribunal que integraba). Tras la publicación de la sentencia, nadie reivindicó su nombre.

Pienso en todo ello, mientras veo al pueblo argentino en la calle, mientras les escucho gritar ante los intentos de recusación contra el juez Alejo Ramos Padilla.

Argentina, que lleva años sometida a la acción de la jurisdicción de remera, reacciona y toma las calles de todo el país. Se llama a defender la República, se exige respeto a la división de poderes, hartos, como están de un poder judicial obediente y sumiso al gobierno. Y ya se ha conseguido el rechazo de la recusación que planteaba el fiscal Stornelli.

Pero lo que más me está gustando, es la actitud de empresarios, periodistas y políticos.

Es algo personal, pero ver a la diputada Carrió sacada de sus casillas, me produce un placer inenarrable. La imagino sentada en el suelo de su casa, haciendo pucheros y peinando a Republiquita. Y lo disfruto, lo reconozco, así como disfruto los ojos abiertos, casi desencajados, de la prensa obediente al oficialismo, estableciendo relaciones entre el valiente juez y la organización La Cámpora, o sus enemigos políticos. Algo grande puede pasar, pero por favor, que los argentinos no permitan que el tiempo gane a la noticia. Investiguen, castiguen, y señalen culpables. Que no pase como al juez Garzón, que en España es ya casi un ser anónimo.

¡Ah!, se me olvidaba. Lo que más me hace disfrutar, es pensar en la recuperada quietud que debe reinar en la tumba del Barón de Montesquieu.