En Neuquén un docente de escuela pública se opuso a enseñar educación sexual.

Ahora bien: ¿puedo decidir prescindir de enseñar a multiplicar porque creo más conveniente la suma reiterada? ¿O acaso proponerme en Ciencias Naturales no hablar de las redondeadas líneas del esferoide oblato llamado planeta tierra porque no me constan o porque adhiero aún a otro tipo de teorías con respecto al universo? No, no puedo.

Existe un marco formal y legal que garantiza a todas las niñas y los niños aquellos aprendizajes prioritarios y básicos, y esos marcos se encuentran en las documentaciones nacionales y jurisdiccionales que determinan y organizan aquello a enseñar.

¿Puedo elegir no enseñar Educación Sexual Integral? No, tampoco puedo. Porque también allí se ha legislado y lo que se busca es garantizar el derecho a la información y la formación al respecto.

La ley 26150 que crea el programa nacional de educación sexual integral establece que las y los estudiantes “tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”.

Es decir, la educación sexual es un derecho que no podemos vulnerar. 

Esta ley está pensada desde la transversalidad, por ende, nos compete a todas y todos los docentes de la escuela.

Es grave pensar que puede aducirse a la “objeción de conciencia” para vulnerar un derecho y desconocer una ley. Siendo un Estado laico que a su vez tiene entre sus facultades legislar y gestionar en materia educativa, no existen razones religiosas que debieran colarse en los quehaceres de docentes y estudiantes.

La escuela es un territorio en disputa que pone en tensión transformaciones culturales y estereotipos sociales. Pero por delante de cualquier conversación, antecediéndola, está el derecho y los derechos. Podríamos decir, “primero lo que me corresponde, primero mi dignidad y mi identidad, después hablamos de todo lo demás”.

La ley orgánica de educación de la provincia del Neuquén 2945 dispone que la educación para la observancia de los derechos humanos y la educación para la salud sexual integral y reproductiva son contenidos curriculares transversales y obligatorios. Asimismo, establece que un deber del docente es cumplir con los lineamientos de la política pública educativa.

Cada docente puede tener una posición personal ante cualquier tema que la actualidad le plantea, pero en el aula, en el pasillo, en el patio, ese  agente es la voz del estado desplegando garantías para las y los sujetos de derecho, las niñas y los niños formándose no sólo en lecto escritura, sino también en las libertades de elegir con qué y a qué jugar, de  reflexionar sobre cómo formarse en la hilera, de poder asociarse a futuras profesiones superando los supuestos de género, de enamorarse de quienes quiera, de exigir que no presupongan  sobre sí decisiones que quizá aún no ha tomado (porque también tensiona y estigmatiza preguntarle a un niño si tiene novia).

La educación sexual integral nos propone pensar sobre aspectos “psicológicos, sociales, afectivos y éticos”. Como sostenía el instituto nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo: “Somos iguales y diferentes”. Todas y todos somos diferentes: podemos ser judíos, católicos, umbandas, ateos o agnósticos. Hetenosexales, gays o trans. Morochos, rubios o pelirrojos. Pero todas y todos somos iguales en derechos.

El deber del Estado es cuestionar los discursos discriminatorios que circulan en la sociedad que limitan las diversas formas de ser felices y garantizar la igualdad de derechos.