Al 10 de diciembre de 2015, cuando se renovaron las autoridades nacionales, la situación económica era compleja pero no crítica. La inflación rondaba el 25 % anual, los niveles de inversión productiva eran bajos, el déficit fiscal rondaba el 4 % del PBI y el déficit externo el 2,5% del PBI. En los aspectos positivos, el empleo formal privado era el más alto de los últimos 30 años y Argentina era a esa fecha uno de los países menos endeudados del mundo (tanto el sector público en todos los niveles como las empresas y familias del sector privado) y se atravesaba internacionalmente por un período de exceso de liquidez o tasas bajas de interés. Como contracara “real” del exceso de liquidez, se evidenciaba una sobreproducción de mercancías, que resultaba en una caída del comercio que limitaba las posibilidades de una salida exportadora, en particular para países especializados en commodites.

Frente a este escenario, el gobierno que asumió en diciembre de 2015 diseñó un régimen cuya inserción consiste en el aumento de la inversión en la obra pública y en el incentivo a sectores intensivos en recursos naturales. Para acceder a las divisas necesarias para mantener este régimen se recurrió a endeudamiento. La forma concreta de implementar esta respuesta fue la activación, por un lado, de distintos mecanismos de transferencias de renta a los capitales del sector de la construcción, actividades intensivas en recursos naturales a través de rebajas de impuestos a las exportaciones y aumento del presupuesto en obra pública. Y por el otro, de mecanismos de transferencia de renta financiera a partir de la implementación de un esquema de altas tasas de interés apalancadas en endeudamiento externo.

Metas de inflación

Para abordar este problema se estableció un esquema de política monetaria de “metas de infkación”, cuyo diagnóstico es que la causa del aumento generalizado de los precios es solo monetaria. Entonces la política del BCRA consisto en colocar Lebac (bono en pesos a corto plazo) con rendimientos del 38% anual allá por abril de 2016 (y que ha rendido en estos 2 años entre el 26 y el 40 % anual) a cambio de retraer pesos. De esta manera, una vez más, la implementación de un mecanismo rentista se justificó en una premisa (más ideológica que científica) según la cual la causa de la inflación es la emisión monetaria.

Más allá del relato ideológico del monetarismo, el propio set de políticas adoptadas a partir de diciembre 2015, devaluación y quita total o parcial de retenciones, dieron como resultado un aumento de la inflación y una caída de los ingresos reales de la población lo que provocó una disminución de los recursos fiscales vinculados a la actividad económica. Esto, sumado al propio efecto fiscal de reducción de retenciones y de impuestos (bienes personales), provocaron un incremento del déficit fiscal ya que, a pesar que algunos gastos cayeron (jubilaciones, salarios de empleados públicos, etc.), no alcanzaron a compensar el aumento de los intereses de la deuda que se tomaba para financiar el propio déficit. En conclusión, el déficit fiscal, más el cuasi-fiscal (BCRA) y el de las provincias (incentivadas a endeudarse para financiar obra pública) pasó a 8% del PBI (primer récord).

El resultado de la política “antinlacionaria” arrojó un 41% de inflación en 2016, 25 % en 2017 y un endeudamiento en pesos del BCRA equivalente a USD 35.000 millones, permitiendo que los capitales especulativos de corto plazo obtuvieran rendimientos en dólares entre el 15% y 20% a través de las Lebac. Argentina pasó ser el campeón mundial de rendimiento en dólares en el mercado especulativo (segundo récord).

En el frente comercial, el endeudamiento masivo del Estado sumado a los capitales especulativos, presionaron a la apreciación real del peso que, combinada con la apertura del comercio exterior, lograron amplificar el déficit externo a más del 5% del PBI (tercer récord).

Lluvia de inversiones

En este plano el gobierno consideró que, recompuestas las rentabilidades empresarias de determinados sectores vía las medidas tomadas (devaluación, quita total o parcial de retenciones, aumento de tarifas de los servicios públicos), sumadas a la cancelación de la deuda a los fondos buitre y a un gobierno pro mercado, se desencadenaría una lluvia de inversiones productivas vía inversión extranjera directa (IED) en los sectores con rentabilidades aumentadas y de obras públicas.

Aquí se omitió un aspecto y es que las inversiones se producen cuando los empresarios “ven” mercados que se expanden. Volviendo, las propias medidas del gobierno habían deteriorado el mercado interno llevando a los sectores industriales (que fundamentalmente venden a ese mercado) a un exceso de capacidad instalada del orden del 40 %, ante lo cual difícilmente piensen en invertir.

Asimismo, en el mercado externo, desde la crisis de 2008 y más claramente desde el año 2014, se encuentra “sobreinvertido”, con excedentes de producción que los distintos países buscan colocar en el mercado mundial lo que ha dado como resultado el regreso de políticas proteccionistas en la mayoría de los países. Aquí lo que se revelaba como una supuesta contradicción respecto a lo que ocurría en el mundo, en realidad se sustentaba en un esquema favorable a ciertos capitales, para los que la obra pública y la captura de renta minera (primaria en general) constituían los principales atractivos de expansión.

El resultado de la política de largo plazo fue una ausencia de dólares por inversión extranjera directa que provocasen una expansión general de la economía. Tan solo se acotó a una tímida recuperación impulsada por capitales (y sectores) asociados a la construcción y las actividades primarias.

Que la inocencia les valga

Para diciembre de 2017 el gobierno se encontró con los resultados de sus políticas antes mencionados, y un endeudamiento tomado de U$D 80.000 millones (si, leyó bien, U$D 80.000 millones) que coloca a la Argentina como el país que más se endeudó del mundo (cuarto récord).
El gobierno había utilizado como columna vertebral de su modelo la toma de deuda, pero su
excesivo uso y un mundo que empieza a tener menor liquidez, lo dejaron perdido en su propio laberinto. Eso se manifestó con claridad el 28/12/17 en conferencia de prensa: desde allí para acá solo se ven marchas y contramarchas, idas y vueltas y en los últimos días un estado de crispación.

La última marcha, pedirle un crédito Stand By al Fondo Monetario Internacional (del cual no vamos sus “logros” en las últimas décadas). La Argentina ha tenido que recurrir al prestamista de última instancia, pero además allí no califica para un crédito ?exible o uno de precaución (a los que acceden los países con problemas que no llegan a ser graves.

La negociación del Stand By espera alcanzar los “beneficios” que hoy tienen Irak, Jamaica y Kenia.
Hoy el BCRA, para que los argentinos aceptemos la moneda doméstica, debe pagar una tasa de interés del 40% anual y, en casos puntuales, un 100% (en los demás países del mundo las tasas oscilan entre 0% y 10%). La devaluación del peso desde diciembre es del 40 %, mientras que el resto de las monedas del mundo se devaluó entre el 1% y el 15%. Dos nuevos récords y van...

La conclusión de los dos párrafos anteriores es que los errores de diagnóstico del actual gobierno nos han sacado del mundo. Esto es lo que dice el mercado y el FMI.

Oposición irresponsable

En los dos años anteriores, el gobierno que políticamente es una primera minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado minoría directamente, ha encontrado una colaboración inestimable que le permitió aprobar prácticamente todas las leyes que se propuso por la cooperación de diferentes bloques. En el plano social, ha tenido la colaboración de la cúpula de la CGT. Entonces, el gobierno no puede argumentar que se le pusieron “palos en la rueda” a sus pretensiones de política. Tanto las decisiones políticas como económicas han sido absolutamente autónomas, por decisión propia y avaladas por parte de la oposición. Nunca estuvo sin su presupuesto aprobado ni con sus principales leyes votadas negativamente por el Congreso. Las autorizaciones de endeudamiento fueron todas avaladas por el Congreso Nacional.

También el Congreso permitió indultar a muchos argentinos que durante años se cansaron de violar el Código Penal cuando fugaron de la Argentina el equivalente a ½ PBI y lo enterraron en Delaware (teniendo en cuenta el tipo de cambio con el que lo calculamos, podría ser más), entre ellos a los familiares del presidente y al ministro-periodista que está encabezando las negociaciones con el FMI. Además, no hubo ninguna pulseada con la CGT para lograr torcer el rumbo de la política laboral elegida por las autoridades, que permitió reemplazar trabajo genuino en blanco por monotributstas. A esta altura de los acontecimientos nos deberíamos plantear si esa colaboración de los sectores mencionados en aras de la “gobernabilidad” no los pone como colaboradores de la “ingobernabilidad” resultante.

¿Lo peor ya pasó?

¿Ahora qué? ¿Dónde queda la salida del laberinto? Es difícil discutir instrumentos y herramientas de política económica aisladas de un modelo de desarrollo que esté detrás. En este punto, nuestra propuesta es partir de un diagnóstico, y desde allí aportar al diseño de una política de desarrollo inclusiva y autosustentada.

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