La provincia se inclina peligrosamente hacia la política represiva del gobierno nacional. Un gobierno que ha vuelto a criminalizar la protesta social y que confunde diálogo con imposición y restablecimiento del orden con persecución y miedo.

La semana pasada fue la incursión punitiva contra los trabajadores de ATE que ocupaban un sector del hospital provincial Neuquén, hubo gases, balas de goma y algunos heridos leves. Esta semana les tocó a los trabajadores de la maderera Mam, en conflicto con los propietarios de la empresa. También hubo gases y munición de goma, y esta vez fue herido de consideración -a pesar de que se identificó- el diputado del FIT Raúl Godoy.

En las dos oportunidades, desde el gobierno alegaron que se actuó para evitar un mal mayor. En el hospital, porque el bloqueo ponía en riesgo la vida de los pacientes. Y en la maderera porque se habían agotado las instancias de diálogo con un sector supuestamente irreductible de los trabajadores.

Pero todo indica que hay un cambio en la forma en que las autoridades neuquinas encaran la resolución de los conflictos, y que ese cambio proviene del alineamiento con la doctrina de mano dura con protestas y reclamos que alienta el gobierno de Cambiemos.

Esa metodología parece destinada a aplicarse a cualquier precio, como lo demuestran el asesinato del joven de la comunidad mapuche Rafael Nahuel, durante un procedimiento de la Prefectura en Bariloche, y la muerte aún no aclarada de Santiago Maldonado durante un violento desalojo de la Gendarmería en Chubut.

Pero los últimos dos hechos represivos ocurridos en Neuquén no fueron los únicos ni los primeros. La justicia provincial, en clara sintonía con el poder político, viene realizando acciones punitivas contra grupos que integran comunidades mapuches reconocidas o sin reconocer.

Esta semana el gobernador Omar Gutiérrez y sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Chubut, Mariano Arcioni, se reunieron en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Marcos Peña y los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, de Justicia, Germán Garavano y de Seguridad, Patricia Bullrich. El motivo fue fijar una política represiva unificada de cara a las ocupaciones de tierras por parte de las comunidades.

Ocupaciones que en Chubut y Río Negro colisionan con los intereses de grandes terratenientes, muchos de ellos extranjeros, y en Neuquén con los de las petroleras, la mayoría poderosas multinacionales que operan en esos lugares.

En el encuentro se acordó coordinar el accionar de las policías provinciales con las fuerzas de seguridad nacionales. Una decisión riesgosa porque, ya se sabe, en última instancia las decisiones las terminará tomando el gobierno central y las consecuencias las pagarán en primer lugar las provincias.

Otro de los puntos acordados en la reunión de Buenos Aires fue insistir con la demonización de la muy mentada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), una organización fantasmal de cuya existencia se han permitido dudar desde organizaciones originarias de las tres provincias -que negaron toda vinculación y la identificaron con “los servicios de informaciones”- hasta el inobjetable obispo de Bariloche, Juan José Chaparro -quien dijo que “si existe, no le veo tanta entidad”-, pasando por numerosos políticos de la oposición.

Pero ya se sabe a quién responden los servicios de informaciones y que en ese contexto, la RAM es el enemigo construido por el gobierno de Cambiemos para criminalizar los reclamos territoriales de las comunidades mapuches, algunos pocos abusivos y la gran mayoría legítimos.

El gobierno neuquino ha sabido mantener una relación de respeto con las comunidades y ese trato ha sido recíproco. Felipe Sapag fue el primer gobernador que reconoció a una cantidad de ellas y les entregó los títulos de propiedad de sus tierras. Siempre contaba que aquello le costó el primer disgusto con el gobierno del dictador Juan Carlos Onganía.

Desde entonces, otros grupos comenzaron a reclamar territorios y personerías y es cierto que en algunos casos pueden no asistirlos los títulos necesarios. Pero no es menos cierto que antes muchos argentinos integrantes de las comunidades originarias no reivindicaban su condición de tales, sino que producto de una discriminación de hecho trataban de diluirse de manera vergonzante en el conjunto de la sociedad.

En el caso de los mapuches como en el de las protestas gremiales o sociales, la provincia sabe que puede conducirlos y llevarlos a buen puerto de manera pacífica y negociada. También, conoce lo contrario: el costo enorme que tienen medidas irreflexivas y autoritarias como la que causó la trágica muerte de Carlos Fuentealba.

Neuquén tiene a su alcance la posibilidad de encaminar los conflictos de manera pacífica. No debería olvidarlo ni hipotecar su capacidad de decidir ante ninguna fuerza extraña. Si no lo hace, llegado el caso tendrá que enfrentar las consecuencias.