El sistema federal ha quedado convertido en una mueca, en un guiño de complicidad, en la declamación de una utopía.

Las autonomías provinciales que en lo político han cristalizado en buen nivel, están supeditadas en lo económico al poder central. Y, viceversa, está visto, entonces, que la dependencia con el Poder Ejecutivo Nacional menoscaba la autonomía de lo político.

El flujo siempre es hacia un solo lado: del centro a la periferia, nunca de la periferia al centro, como ocurre en otros países federales como Canadá, por ejemplo. Ninguna provincia tiene suficiente entidad en este aspecto de las influencias y el poder, como para revertir o equilibrar las fuerzas puestas en juego.

No se conoce provincia alguna que haya salido indemne o que no haya sido discriminada negativamente si es de un activo signo opuesto al gobierno nacional. Las provincias terminan valiendo por el peso electoral que se deduce de su población con derecho a votar. Las más pobres que son las menos pobladas están, con esa lógica, postergadas para siempre. Para ellas, la acción del Estado Nacional como promotor del desarrollo no tiene comisión ni injerencia.

En ese caso la negociación bilateral Nación- provincias, asfixiará al gobernador díscolo hasta que desista de su disidencia. En este caso el gobierno nacional le exigirá que reformule su perfil político para que acepte y vote favorablemente los proyectos oficiales.

Esto último hace del debate una batalla inútil y la parte que acepta la situación aguarda inquieta el momento de la votación en el Congreso donde materializará su adhesión disciplinadamente, para pasar de inmediato por la ventanilla a cobrarse lo prometido. No, no son coimas aunque bien puede haberlas. Son recursos para que las provincias puedan seguir subsistiendo, a veces con sus vicios administrativo-burocráticos  pero también con sus virtudes y recursos naturales y culturales.

A las provincias dóciles todo, a las díscolas ni justicia, decía el curioso personaje Manzano en época de Menem.

Las provincias afrontan problemas cruciales en su desarrollo que no aparecen nunca en los criterios de distribución del ingreso nacional: problemas demográficos, de accesibilidad, de subdesarrollo relativo, de proyectos que no pueden financiar, además de los de desocupación y de menguados servicios públicos de salud, educación y seguridad.

Se tiene que apelar a asignaciones discrecionales del Poder Ejecutivo Nacional, como lo hace con la provincia de Buenos Aires ante demandas de desarrollo aparentemente impostergables. De esos recursos no se rinden cuentas y se financian con los fondos que hacen a los recursos jubilatorios.

Para que el resto de las provincias no protesten y además voten mansamente el proyecto de reforma previsional, se les promete que se les redistribuirá el 20 % de lo que se recaude del impuesto a las ganancias, que por ley estaba destinado al Sistema Jubilatorio de Reparto.

Parche sobre parche y oscuros manejos en la utilización de recursos una vez que estos pasen líquidos a las provincias.

La ley de Coparticipación Federal de recursos casi no se ha movido en la asignación de los porcentajes por provincia desde 1983, salvo los que, generosamente, le sacó Alfonsín a la provincia de Buenos Aires.

Pocos retoques desde entonces y la opción ha sido no discutir los criterios de redistribución por considerarlos demasiado conflictivos y aceptar los retoques discrecionales del poder administrador.

Esta forma de proceder es ejercida groseramente por las autoridades nacionales y allí presionan de modo ostensible al punto que cada claudicación de un gobernador suele acompañarse de una frase que es el desiderátum de su justificación: “Nosotros tenemos que gobernar, ¿cómo no vamos a negociar con la presidencia?”

El Federalismo no puede reducirse a un angustioso e injusto regateo, tiene que estar inscripto en un plan nacional que refleje las necesidades de todos, a satisfacer de acuerdo a prioridades que definan el perfil de desarrollo del país, que, además, deberían ventilarse en el Congreso Nacional.

Si por Federalismo se entiende meramente, la puja por el ingreso habrá siempre lugar para la coacción del más fuerte y allí pierden las provincias  desnaturalizando el Sistema Federal de gobierno.

Si habrá algo que caracterice al Federalismo será siempre la búsqueda del equilibrio en la distribución de los recursos para que la Nación crezca con equidad y que la diferencia de oportunidades de desarrollo entre regiones ricas y regiones pobres sea la menor posible.