El Juzgado Federal de Esquel se manifestó a través de una “Nota de información periodística”, difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ), la agencia de noticias del Poder Judicial, sobre la desaparición de Santiago Maldonado, tras la represión de fuerzas federales de seguridad a la comunidad Lof de Cushamen, en Chubut.

Lo primero que hace el comunicado es deslindar cualquier responsabilidad por parte de la Gendarmería Nacional Argentina en la desaparición de Santiago Maldonado.

Aunque luego aclara que “los vehículos que participaron en ese procedimiento han sido tempranamente (sic) identificados y quedaron resguardados por orden de este juzgado para ser sometidos a los estudios periciales que se realizaron hoy (sic)”.

¿Cuándo es “tempranamente”? ¿Es la misma mañana del domingo? ¿O es al inicio de las acciones judiciales? Por otra parte, para desestimar la responsabilidad de la Gendarmería, por lo menos, ¿no habría que esperar el resultado de los estudios periciales?

Recién en el tercer párrafo se informa que el sábado “la Prefectura Naval Argentina realizó un rastrillaje con resultados negativos en las inmediaciones de la zona donde Santiago Maldonado habría sido visto por última vez”.

Si hubieran tenido un poco más de decencia, posiblemente hubieran podido empezar por este párrafo. Porque lo primero que interesa a los familiares, amigos, y a cualquier argentino bien nacido, es saber sobre el destino de Santiago Maldonado, que aparezca con vida, sano y salvo, para recién más tarde, determinar las causas, y los responsables, si es que los hay, de su desaparición.

Acto seguido, se insiste nuevamente en salvar la ropa de las fuerzas de seguridad, relatando detalladamente las dificultades con las que se encontraron los efectivos, por responsabilidad de los miembros del Pu Lof en Resistencia Cushamen, quienes no permitieron “realizar un rastrillaje con drones (sic) que ya habían arribado a esta ciudad para ser utilizados -dada la extensión y características de la zona- por personal capacitado (sic) en búsqueda de personas de la Policía Federal Argentina”.

Posiblemente temerosos de ser desalojados, y en términos prácticos, es entendible (lo que no quiere decir que sea justificable) que los miembros del Pu Lof en Resistencia Cushamen impidieran el paso de los efectivos de seguridad con un perro adiestrado para el rastreo. Lo que resulta más difícil de comprender, es cómo hicieron para impedir el “rastrillaje con drones” sobre el territorio.

En todo caso, ¿se hicieron presentes en el lugar funcionarios judiciales, o funcionarios políticos, para tratar de establecer una instancia de negociación, que permitiera zanjar temporalmente las diferencias, con el único propósito de llevar a cabo los rastrillajes de búsqueda de Santiago Maldonado?

Más adelante, la nota reitera el pedido que “se ha realizado a los diferentes organismos que han manifestado su preocupación por esclarecer esta situación (sic) para que aporten al Juzgado Federal de Esquel los datos de los 'testigos presenciales' (este encomillado es textual del comunicado) que habrían visto cuando Santiago Maldonado era capturado por Gendarmería Nacional Argentina”.

Se supone que el primer “organismo” preocupado por “esclarecer esta situación” es la propia Justicia, no los movimientos sociales o de derechos humanos, a los que poco sutilmente pareciera que se pretende responsabilizar por no aportar pruebas suficientes, frente a la realidad incontrastable de que Santiago Maldonado sigue desaparecido, y que no son ellos los responsables de “esclarecer esta situación”, sino la Justicia, con el auxilio de las fuerzas seguridad.

Toda la declaración tiene un tinte grotesco. El viejo truco de imputar a las víctimas. Pareciera que de lo que se trata, ya no sólo de parte del gobierno, o de un sector político al que hoy le toca conducir el Estado, es siempre el mismo: criminalizar la protesta social, un derecho asistido por la Constitución Nacional, que la Justicia argentina debiera resguardar.

Por último, se informa que “se han ordenado variadas medidas de investigación que se encuentran en desarrollo”, ante la acción de habeas corpus interpuesta, aunque en este caso no se brinda detalle alguno.

Resulta por lo menos curioso el comunicado, ya no solo por sus términos, sino por la oportunidad en que fue dado a conocer, apenas pocas horas después que la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se manifestara sobre la desaparición de Santiago Maldonado, reclamando su aparición con vida.

Tal vez faltó ese párrafo, donde se hiciera referencia a quienes intentan obstaculizar el trabajo de la justicia, o de quienes pretender sacar rédito político y bla blabla… No era necesario. Para eso había todo un comunicado.