Cada vez que hay elecciones sucede que a partir de la acción que despliegan los políticos, a la que se suman luego los medios de comunicación, provoca que los ciudadanos quedemos inmersos en el propio proceso electoral aunque las estadísticas y las opiniones definan que en realidad la población no está interesada en ello.

Lo cierto es que, con intenciones o sin ellas, todos terminamos al menos leyendo, escuchando o viendo un amplio porcentaje de información relacionada con lo que va pasando, mientras que se siguen sucediendo otras cuestiones que nos afectan como ciudadanos y suelen pasar desapercibidas.

Y aquí podríamos mencionar innumerables situaciones que dejan de tener “presencia” mediática y pareciera solo afectar a los protagonistas más cercanos, aunque cuando el aire se disipa, después de tanto bombardeo mediático electoral, nos damos cuenta de que los afectados fuimos todos.

En el caso de Río Negro hay dos problemas que si bien pueden catalogarse como sectoriales, más tarde o más temprano perjudican al grueso de la población.

Uno de ellos es la situación que se registra en los hospitales provinciales, en donde existe un conflicto con la diferencia en el valor del punto de las guardias entre profesionales y técnicos, con los enfermeros, que no tiene solución y el gobernador ha manifestado que tampoco la tendrá este año.

Dicho de esta manera, es un conflicto salarial más, que no parece tener mayor gravitación y menos aun cuando los grandes titulares nos plantean quiénes son los candidatos, si se ponen o no de acuerdo los unos y los otros, y pareciera ser que para un grueso de la comunidad periodística, todo está orientado a saber qué pasa esta noche con el cierre de listas para las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).

Pero esta situación generada en el área de salud que comanda el ministro Fabián Zgaib, ha provocado que en los últimos días hayan renunciado todos los jefes de servicios de los hospitales de Bariloche, Viedma y Cipolletti, y que parece que tendrá efecto dominó.

Todo comenzó con la decisión de los facultativos públicos cordilleranos a partir de sus demandas y la respuesta del gobernador Weretilneck, quien ratificó que ya se fijó un tope del 23,5% de aumento para todos los estatales, yque por este motivo no puede otorgar mayores valores a los médicos.

“Achicamos la diferencia en un 12% y el año próximo lo dejaremos en igualdad”, prometió Weretilneck, al insistir con que la diferencia en el pago de guardias entre enfermeros y médicos data de 2010, y fue heredada de la gestión anterior.

La diferencia en el pago de las guardias se puso en práctica, efectivamente, en 2010, pero en 2015 la brecha se estiró, a partir de una resolución del ministerio que estableció que los profesionales y técnicos cobren 50 puntos el valor de la guardia, 6 menos que lo percibido por los profesionales de enfermería, que cobran 56, lo cual hace una diferencia del 25 por ciento.

Allí comienza la demanda en la que profesionales y técnicos de los hospitales de Viedma, General Roca, Cipolletti y San Carlos de Bariloche exigen la igualación en el pago de las guardias para todos los empleados que contempla la Ley N° 1904.

En la actualidad los enfermeros cobran por las guardias con una diferencia de 1.000 pesos más, respecto del resto del personal que cumple con esa misma función.

Los médicos manifestaron que “por una cuestión lógica no nos equipararon las guardias, nos dieron un aumento y continuamos igual. Lo que no entendemos es que el gobierno reconoce el reclamo, pero le echa la culpa al gobierno anterior. Anunciaron que no se dará aumento hasta el año 2018, por ello tomamos las medidas”, finalizaron.

Por ahora, en tres hospitales de alta complejidad hay asamblea permanente de los profesionales, paro “de lapiceras” (es decir que no se realizan trámites, ni se expiden certificados) y retención de servicios.

Esto generó descuentos en los haberes y denuncias por persecución laboral, pero peor es que ha provocado una división entre los principales actores de un hospital, que son los médicos y los enfermeros.

El reclamo no empezó en época de elecciones, pero lo cierto es que ahora es cuando se está agravando y pasa de ser un conflicto salarial más, a perjudicar directamente a los ciudadanos que requieran de atención para su salud.

El otro es un tema paradigmático que se presenta en la secretaría de la Niñez. También allí todo empezó con reclamos de los trabajadores del área, pero ahora se ha sumado el reclamo de la Defensora General, Rita Custec, y de la Defensora de Menores de Bariloche, quien presentó una acción de amparo.

También la Vicaría de la Fraternidad, apéndice de la Iglesia Católica, denuncio el vaciamiento de políticas públicas, y finalmente el Superior Tribunal de Justicia le envió una nota en el mismo sentido al ministro de Desarrollo Social, Fabián Galli.

El máximo órgano judicial expresa que “las intervenciones del Ministerio de Desarrollo Social en las cuestiones que por ley le corresponden, son casi nulas. A diario hay que cursar intimaciones para el abordaje de situaciones de niños, niñas y adolescentes en riesgo”, y además “las intervenciones en materia de violencia familiar son prácticamente inexistentes”.

Hace mención a la renuncia de las personas a cargo de los distintos dispositivos. Con relación a la violencia de género, expresaron que el equipo de Guardia del Sistema de Abordaje Territorial ha dejado de realizar ese servicio en la Comisaría de la Mujer. Por esto, no puede implementarse el protocolo conjunto de actuación de primeras horas, en el que trabajaron distintos organismos, con la finalidad de brindar atención primaria profesional a las personas en situación de violencia de género o familiar.

Para las juezas de Familia de Bariloche, la ausencia del área de Desarrollo Social en la efectivización de los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño y las leyes 26.061 y 4109, cuestiones sustanciales de familia, así como en el abordaje de las distintas problemáticas sociales que involucran a niñas, niños y adolescentes, resiente profundamente el trabajo de los restantes organismos, como juzgados, ministerios y comisaría de la Mujer.

Los trabajadores, los médicos, la justicia y en este caso la Iglesia, exponen con crudeza la situación de una de las áreas más sensibles del Estado, pero igualmente parecieran no tener tanta trascendencia, y para una gran sector del común de los hombres y mujeres de a pie un problema que no los afecta directamente.

Estos son solo dos ejemplos de los tantos que se suceden a lo largo y ancho de la provincia y del país. Por supuesto que habrá otros muchos, más graves y posiblemente más o menos entendibles, pero lo cierto es que en tiempo de elecciones, estas situaciones suelen pasar desapercibidas, cuando deberían ser preocupación de toda la sociedad que, sin dudas se verá afectada en algún momento.

Por supuesto, también, que particularmente en estos dos casos no se puede adjudicar solo a las áreas de Salud o Desarrollo Social la falta de resolución de los conflictos, porque sin dudas tienen gravitación las finanzas provinciales y el manejo adecuado del presupuesto que este año destinará casi un 60 % a recursos humanos.

Pero sin entrar en un análisis de los números y el tratamiento o prioridades que el gobierno establece, cabe recordar un hecho al solo efecto de mirar un ejemplo en el terreno de lo simbólico y del repaso de la historia reciente.

Pocos meses antes de asumir, el ahora fallecido gobernador Carlos Soria dijo que iba a reducir los funcionarios a 147. No lo pudo cumplir por las circunstancias ya conocidas. Unos años después, su sucesor, el actual gobernador, dijo en enero de 2014 que iba a reducir los cerca de 340 funcionarios a la mitad, y finalmente el organigrama quedó en 200 por aquellas épocas.

Este año, pasan mensualmente por los cajeros 469 funcionarios, que representan 200 millones de pesos al año.