El esquema de quita de subsidios del Estado al sector energético parece haber llegado a un cuello de botella, y representan a las claras el gen del modelo económico de Cambiemos: ganan las empresas y pierden los usuarios.

Un análisis del Estudio Bein llega a conclusiones lógicas: el tarifazo a los servicios públicos redujo los ingresos de las familias y, por ende, se desplomó el consumo. Mientras que el ahorro fiscal en el primer cuatrimestre del año fue casi nulo.

El informe indica que por un lado el gobierno le quitó a los usuarios de servicios públicos $ 41.200 millones en el cuatrimestre del año vía reducción de subsidios y suba de tarifas, mientras que, para contener la conflictividad, incrementó el gasto social en unos $ 31.206 millones entre enero y abril últimos, según los datos oficiales.

Es decir, que se redujo en 10 mil millones de pesos la capacidad de compra de las familias.

La consecuencia fue la caída del consumo en la primera parte del año, que se conjugó con un alto índice de inflación y la fallida política de “precios transparentes” que dificultó el pago en cuotas.

Pese a la bandera de austeridad y “racionalidad” que enarboló el oficialismo, durante el primer cuatrimestre de 2017 las transferencias para el financiamiento de empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado totalizaron la suma de $ 59.490 millones, prácticamente equivalente a la suma devengada en igual período de 2016.

Mientras se quitaron subsidios a los usuarios y se subieron las tarifas, el Estado Nacional gastó en el primer cuatrimestre del año casi $13.800 millones en el denominado Plan Gas, que a esta altura de 2016 no había tenido ejecución. En 2015, último año del gobierno kirchnerista, ese programa -que permitió recuperar la producción gasífera- había demandado aportes nacionales por 3.975 millones de pesos.

Estos números demuestran claramente los mayores beneficiarios de la política económica de Cambiemos: las grandes empresas. De acuerdo al informe del Estudio Bein, las próximas subas de tarifas que prepara Nación para luego de las elecciones de octubre harán que el pago de servicios públicos tenga un fuerte aumento en el peso sobre la canasta de consumo, que pasará del 3,28% actual al 5,7%.

El gobierno ha sido generoso con las petroleras. Les otorgó los incrementos en el precio del gas en boca de pozo (hoy es el más alto del mundo), propició la flexibilización del convenio laboral de Vaca Muerta, quitó las retenciones a las exportaciones hidrocarburíferas y liberó la liquidación de divisas por fuera de las entidades locales

El objetivo del ministro de Energía, Juan José Aranguren, es retirar por completo la injerencia del Estado en el sector dentro de cinco años y que el juego de la oferta y la demanda determinen el precio y el volumen ofertado. Según su idea, no importará el origen del gas, que se produzca en Argentina o se importe. Dará lo mismo.

De esta manera, en 2019 el gas que paguen las familias valdrá lo mismo que el importado, mientras que desde 2022 quedaría liberado, lo cual significa un peligro de grandes proporciones. Cualquier conflicto global, como los que son frecuentes en Medio Oriente, haría disparar los precios de los hidrocarburos y la Argentina no tendría ninguna barrera para frenar la suba. Si sucediera el efecto contrario, la producción local, la mano de obra, los yacimientos neuquinos, podrían entrar en ruina ante un vendedor de gas extranjero que ofrezca costos más bajos.