La política económica seguida por este gobierno es errática y contradictoria. De esto hay mucho ejemplos entre los cuales, posiblemente el más característico, sea el del Banco Central con respecto a la tasa de interés de las letras (Lebacs) que sirven de guía a las demás tasas de la economía.

En diciembre del 2015, apenas iniciado en nuevo gobierno, aprobaron una importante suba de 9 puntos (de 29% a 38%); pocos días después comenzaron a bajarla gradualmente hasta llegar a fines de febrero con el 31,1%; el 1º de marzo la subieron al 37% y días después nuevamente al 38%. El 3 de mayo nuevamente optaron la baja gradual hasta llegar a fines de noviembre con el 24,75%. El 1º de abril pasado, mientras por un lado se anunciaban medidas para incrementar el gasto interno, cosa que aparecería como lógico en un año electoral, simultáneamente el Banco Central elevó la tasa al 26,25%, exactamente lo contrario a lo que cualquier manual de economía aconseja, ya que desalienta la inversión productiva (que viene con una caída del 5.5% en el año 2016) y favorece la “bicicleta” financiera: con un tipo de cambio “planchado” una tasa de interés en dólares 350% superior al costo del endeudamiento internacional, hace imposible cualquier inversión que no sea especulativa.

Uno de los objetivos iniciales del gobierno fue la baja del déficit público. Pero mientras lo anunciaban eliminaron o redujeron las retenciones a las exportaciones del agro y la minería, lo que significó una disminución de los ingresos públicos de unos 55 mil millones de pesos, que se completó este año con la devolución de las retenciones a la exportación de soja a los millonarios, varios de ellos banqueros, que la plantaron luego de desforestar 4.000.000 de hectáreas del norte argentino y desalojar de ellas a los ocupantes originarios; fue un verdadero “regalo” que cuesta al Estado 4.500 millones de pesos. Para compensar ese menor ingreso trataron de realizar un feroz ajuste del gasto, especialmente de la inversión pública, que trajo aparejado el aumento de la desocupación y de la distribución inequitativa del ingreso. Resultado: el déficit fiscal prácticamente se duplicó respecto al año anterior.

Otro de los objetivos fundamentales fue el de “pobreza cero”. Con las políticas aplicadas aumentó el desempleo y bajó el ingreso real de trabajadores, jubilados y numerosos empresarios pymes terminando con 1.500.000 de nuevos pobres y 600.000 indigentes. Según el Indec el índice de pobreza subió al 30,3% de la población y el de indigencia al 6,1%.

El gobierno se planteó aumentar la eficiencia en el funcionamiento del aparato estatal, incluso para lo que creó el ministerio de la Modernización. Tratando de justificarlo con ese argumento despidieron empleados públicos sin ningún tipo de sumarios, en general por finalización de contratos que venían renovándose en el tiempo, e inclusive llegaron a la persecución ideológica sólo equiparable a la vivida en los años ’70, como ocurre con los empleados de Radio Nacional.

Mientras se desprendían de la “grasa militante”, como denominaron despectivamente a los empleados públicos, aumentaron en un 23% la planta política del Estado, con la incorporación de muchísimos CEOs o aspirantes a serlo. Además de los nuevos ministros, se nombraron 17 nuevas secretarios de estado (con un sueldo aproximado a los 105.000 pesos mensuales), 40 subsecretarios ($ 95.000), 240 nuevos directores y coordinadores y el número de asesores se incrementó en 86 respecto a los que existían inicialmente. El costo directo tradicional es, aproximadamente, 422 millones de pesos al año, a los que hay que sumar las secretarias, choferes, personal de apoyo, etcétera, etcétera.

Para este año se pretende iniciar el crecimiento económico con disminución de la desocupación. Pero, en paralelo, el ministro Dujovne declara que “si nos preocupa la inflación y queremos más competencia, lo lógico es que la competencia importada nos ayude en la batalla anti-inflacionaria”, cuando se sabe que es, precisamente, la importación de bienes de consumo lo que produjo el cierre empresas y el incremento de la desocupación (según Indec en el año 2016 se cerraron 4.462 empresas, incluyendo 2.500 pymes).

Por otro lado, el presidente anunció un plan de construcción de viviendas populares (el improbable número de 100.000) para movilizar la inversión pública con su efecto multiplicador y reducir la desocupación; pero en simultáneo se informaba de la importación de 15.000 viviendas prefabricadas provenientes de China como primer paso de un intercambio mayor.

Esta manifiesta incapacidad de realizar una política coherente y coordinada está generando preocupación en las propias filas neoliberales. En estos días se conocieron las opiniones de dos conocidos liberales, José Luis Espert, columnista habitual de “La Nación”, y Miguel Ángel Broda, conocido consultor de empresas. El primero dijo que “la economía está manejada por millonarios que saben ganar plata pero de economía no entienden nada”; el segundo expresó “No hay plan A ni B, porque no hay plan económico”.

Con esta opinión de los amigos, la otra está de más.