Hace dos décadas el cientista político argentino Aníbal Peréz-Liñán publicó la primera versión en inglés de su libro Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina¹. El texto fue pionero en hacer un estudio comparado sobre el uso del juicio político como recurso institucional, además de ayudar a entender los alcances de las crisis presidenciales que a pesar de sus implicancias políticas no derivaban en el derrumbe de las democracias electorales. Luego le siguieron otros ensayos sobre la utilización de aquel mecanismo presente en la mayor parte de las constituciones del mundo destinado a poner fin a una presidencia indeseada. Mas adelante se sumaron nuevos trabajos que analizaron los casos de presidentes que habían perdido su investidura por vías distintas al juicio político. Incluían muchas de las renuncias anticipadas como los casos de nuestro país de 1989 y 2001.

El libro de Peréz-Liñán contaba con un capítulo titulado “Cinco casos de juicio político y un presunto loco”. La sección exponía los procesos políticos que derivaron en cinco juicios políticos y en una declaración de incapacidad para el ejercicio de la presidencia. Todos ocurridos entre los años 1992 y 2004 y, comprendía las experiencias de Fernando Collor de Mello en Brasil, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Ernesto Samper en Colombia, además de Raúl Cubas Grau y Luis González Macci en Paraguay. El sexto caso abordado por Peréz-Liñán fue el del ecuatoriano Abdalá Bucaram que, a pesar de ser destituido por “locura”, dejó abierto el camino para la dolarización del país. Solo seis meses duro la presidencia de Bucaram, “el loco” como fue señalado por gran parte de la opinión pública y los medios de prensa ecuatorianos debido a sus comportamientos extravagantes. Había ganado las elecciones en un ballotage por un porcentaje similar al que en noviembre del año pasado triunfo Javier Milei en nuestro país. Ambos también habían salido segundos en la primera ronda electoral.

Después de aquellos casos las repúblicas presidencialistas de América latina registraron otras nuevas destituciones motorizadas dentro de los congresos aplicando la cuestión de la incapacidad mental como como causal de juicio político. Los contenidos de la comunicación personal y política del actual presidente argentino han abierto un debate la posibilidad de desenlace abrupto de su presidencia. Si ocurriera, la Argentina sumara un nuevo caso de presidencias que se derrumban por la presencia de un mandatario presuntamente loco que a pesar de su abrupta salida sus políticas estuvieron en condiciones de provocar cambios irreversibles.

En estos últimos años la mayor parte de quienes estudian esas situaciones extraordinarias coinciden que deben analizarse en profundidad las fuentes que propician la interrupción de una presidencia. En general se sabe que el actor militar -con la excepción que esta en proceso de Brasil y otros casos centroamericanos- ya no cuenta como fuente decisiva de disrupción brusca del régimen democrático, de esas que dieron lugar a la última ola de dictaduras militares de las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX. Sin duda, además de las dimensiones fácticas que definen la eficacia de las democracias cuentan la realidad personalísima de sus presidentes cuerdos o no.

Independientemente de las causales que llevan a esos procesos los estudiosos del tema se dividen entre quienes consideran que las crisis presidenciales erosionan las capacidades del régimen democrático mientras otros señalan que la caída de un presidente, no importa si es psiquiátrico a decir del escritor Jorge Asís, puede darle una nueva oportunidad a la producción de un mejor orden democrático.