El acto donde un presidente de ultraderecha habla ante una multitud en Plaza Congreso el día en que asume sus funciones, justo al cumplirse 40 años de continuidad del sistema político constitucional, constituye un hecho contundente en términos históricos y que era poco o nada probable hasta hace muy poco tiempo. Además de ser absolutamente inimaginable en aquella jornada democrática inaugural del 10 de diciembre de 1983.

Javier Milei llega al gobierno de la Nación y comienza una gestión que anticipa un periodo de terror económico y catástrofe social para la mayoría de los argentinos y argentinas, pero todo a partir del apoyo que él consiguiera en las elecciones de este año, cuya última instancia fue el balotaje del 19 de noviembre.

En general los análisis de resultados electorales toman en cuenta lo ocurrido en los últimos meses, semanas y días previos a las jornadas de votación, y dentro de esa lógica se señala como factor principal de la derrota del peronismo a la alta inflación, determinante a su vez de una gravísima pérdida de poder adquisitivo para las economías familiares, especialmente de clases bajas y medias.

También hay amplia coincidencia entre comentaristas periodísticos y analistas políticos respecto del peso que tuvo la estrategia de comunicación en las redes digitales llevada a cabo por el candidato vencedor, con particular influencia en los/las votantes jovenes.

Todo ello es cierto, pero el conocimiento social que Milei fue logrando de a poco y su posicionamiento como un dirigente con adhesión masiva en la población, no comenzó durante la campaña electoral sino mucho antes.

Una de sus habilidades, casi nunca mencionada en las interpretaciones “economicistas” -o sea aquellas que solo otorgan importancia a los asuntos económicos y aspectos materiales de la vida de las personas- fue su apropiación de la palabra “libertad” y de los sentimientos que la misma conlleva.

“Libertarios” o “liberales”, o la propia autodefinición de “liberal libertario” que unifica a ambos conceptos y que el nuevo presidente se atribuyó a sí mismo la noche que ganó la elección (la cadena informativa estadounidense CNN en Español, con su propia tendencia política, analizó el significado de esa terminología; nota del 20/11/23), encubre posiciones extremistas a favor de un capitalismo cada vez más salvaje y violento.

Las apelaciones retóricas y sobre todo emocionales en ese sentido, están expresadas en el eslogan “¡Viva la libertad, carajo!” que Milei exclamó centenares de veces al menos en los últimos tres años (desde comienzos de 2021, cuando se incorporó a la política partidaria y fue candidato a diputado nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires) tanto en actos públicos como en medios y plataformas digitales de comunicación. El mismo significado se concretó en el nombre elegido para crear su propia fuerza política: “La Libertad Avanza”.

Muy raramente se destaca en los análisis públicos este aspecto subjetivo -no material- de su espectacular carrera política. Las palabras y sentimientos ligados a la “libertad” encubren un proyecto extremista a favor del más puro libertinaje empresarial.

A partir de ahora los propietarios locales o extranjeros de grandes volúmenes de capital acumularán riqueza y poder cada vez con menos controles y regulaciones por parte del Estado. Sin freno, sin límites, sin diques de contención. Con una avaricia criminal por el lucro y la rentabilidad, en perjuicio del conjunto de la sociedad. (El tema fue analizado en un artículo de hace un año y medio, cuando Milei -y en ese tiempo también José Espert- ganaban adhesión social y votos con el discurso de la “libertad”. Nota del 16/04/2022).

Violencia sin costo alguno

El ganador de las elecciones tuvo dos enormes ventajas para alcanzar la presidencia de la Nación. Una fue el accionar devastador de las cadenas mediáticas de derecha que lo propagandizaron desde hace al menos cinco años (inicialmente presentado como un “economista”), y otra fue la total inacción de los/las referentes democráticos y populares -tanto políticos como periodísticos, sindicales, de movimientos sociales, etc.- para disputarle su influencia en la opinión pública. Se las dejaron pasar todas.

Milei, junto con conocidos/as conductores/as y animadores/as de televisión y radio, y con eficaces expertos muy influyentes en la comunicación digital, fue el principal propagador público de palabras y gestos violentos, que quizás resulten en un anticipo de la violencia física contra las personas que eventualmente podría perpetrar desde el poder. Sin embargo, nunca nadie le reprochó nada.

Ejemplo de ello -y es apenas un ejemplo, aunque muy emblemático-, fue que ya en abril de 2018 calificó al papa Francisco como “zurdo hijo de puta”. (Aclaración: “zurdo” es un término despectivo propio de la crítica política ejercida desde la derecha u otros sectores, y por lo tanto legítimo, pero el resto es puro insulto).

Además, en enero de 2019 le dijo al Pontífice “sorete mal cagado”, y también “la mierda que sos” seguido por otro insulto expresado en iniciales de palabras soeces: “LRPMQTRCRMP”, escrito así con mayúsculas en sus redes. En noviembre de 2020 agravió también al Papa señalándolo como “el imbécil que está en Roma”. Pero jamás alguna autoridad católica ni tampoco algún/na dirigente o comunicador/a democrático/ca lo criticaron por ello: recién lo hicieron después de que ganara la elección primaria. Demasiado tarde.

(Los ejemplos de los párrafos anteriores constan en una reseña publicada en agosto pasado por la organización no gubernamental La Alameda, de gran trayectoria en la lucha contra la trata de personas, la esclavitud y el trabajo clandestino en condiciones inhumanas, la cual se fundó hace dos décadas y está ligada a Jorge Bergoglio desde que él fuera arzobispo de Buenos Aires. Posteo del 17/08/23).

Al Papa se lo puede criticar e incluso atacar políticamente como a cualquier personalidad que tenga responsabilidades públicas (en este caso de alcance mundial). Lo inadmisible es que un dirigente con aspiraciones de gobernar un país -y a la sazón presidente de Argentina- haya sido instigador de la violencia emocional, y además con el beneficio de que nadie lo cuestionara por eso.

De ministerios, “casta” y presupuesto nacional

Milei llega al gobierno tras haberle hecho creer a una gran parte de la ciudadanía que los males que sufre la población son por culpa de “los políticos”, a quienes él, en otro hallazgo retórico extraordinario para su conveniencia, denomina “la casta”.

También en esto contó no solo con el poderío de las cadenas mediáticas hegemónicas y de los especialistas en manipulación a través de la comunicación digital, sino con la inacción de quienes aspiran a sostener la democracia y defender los intereses del pueblo.

A raíz de esa doble causalidad, mucha gente de buena fe está convencida de que “eliminar ministerios” constituye un ahorro significativo de los recursos del Estado, y que de esa forma se pueden solucionar graves problemas económicos y sociales.

Nunca nadie le explicó a la sociedad que, por ejemplo, Raúl Alfonsín gobernó con solo 8 ministerios pero su gestión terminó en una hiperinflación, o que Fernando de la Rúa tenía 9 y llevó al país a la quiebra, o que cuando Mauricio Macri asumió había 16 ministerios y él los aumentó a 20 -aunque los redujo con fines de marketing político en el último tramo de su gestión-, los mismos 20 que mantuvo Alberto Fernández. ( publicó un detalle a mediados del año pasado. Nota del 05/06/2022).

Lo que las dirigencias democráticas y populares, y los medios informativos y comunicadores/as digitales de similar tendencia político-ideológica debieran incorporar al debate público, es que casi la mitad del presupuesto nacional está destinado al pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y universales: el rubro llamado “Seguridad Social” representa el 46,2 % del total.

A su vez, Energía representa el 7,2 % (incluye a los subsidios estatales para las tarifas de electricidad y gas); Educación y Cultura también 7,2 %; y Transporte 4,1 % (destinados por ejemplo a inversiones en redes viales nacionales, provinciales y municipales, a construir, rehabilitar y mantener rutas, autovías, autopistas y puertos, y también a la infraestructura vial y ferroviaria).

El monto presupuestado para Salud es el 3,8 % (incluye todas las vacunaciones gratuitas, que el año próximo serían 34 millones de dosis, como también la atención a más de 1 millón de pensionados/as no contributivos/as, la asistencia con medicamentos a 5.000 pacientes oncológicos y a 70.000 personas con sida, y la distribución de preservativos, entre muchas otras acciones de prevención y tratamiento).

Para el área de Defensa se destina el 1,8 %; para Seguridad Interior el 2 %; y para Ciencia, Tecnología e Innovación el 2,1 % (aquí se destaca la formación de recursos humanos en desarrollo tecnológico e innovación, de lo cual forma parte el financiamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Conicet; del Instituto de Tecnología Agropecuaria, INTA; de la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA; y de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Conae).

Un rubro denominado “Otras políticas públicas” representa casi el 20 % del presupuesto de la Nación: exactamente el 19,4 %. Según la información oficial, incluye “la atención de servicios de la deuda”, es decir el pago de intereses y comisiones por el endeudamiento público, así como “políticas de relaciones interiores, judicial, agua potable y alcantarillado, vivienda y urbanismo, relaciones exteriores, legislativa e industria, entre múltiples acciones”.

La asignación de fondos del Estado nacional también prevé “Gastos tributarios y otros beneficios impositivos”. En este caso los datos de acceso público no están señalados como porcentajes del presupuesto sino en relación con el PBI (Producto Bruto Interno), es decir el dato que refleja todo lo que produce el país en un año.

El monto por ese concepto es el 4,72 % del PBI. Incluye, entre otros gastos, la “Exención de los ingresos de magistrados de los Poderes Judiciales nacional y provinciales (0,16 % del PBI), así como la “Promoción económica” para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (0,33 % del PBI).

Asimismo, la “Exención de inmuebles rurales en el Impuesto sobre los Bienes Personales” (implica el 0,48 % del PBI) y la “Dispensa del IVA que recae sobre los honorarios de los directores de sociedades” (0,29 % del PBI), es decir dos beneficios que se pagan con recursos públicos de todos los argentinos y argentinas, y que benefician a una minoría de ultra-millonarios y acaudalados.

Los rubros mencionados componen la totalidad del gasto previsto por el Estado nacional para el año entrante. (Las cifras indicadas en los párrafos anteriores se pueden verificar y ampliar en la página web oficial del gobierno argentino, donde se informa el contenido del Presupuesto Nacional 2024. Ver “¿En qué se gastan los recursos públicos?”. 

Condicionamientos de los poderes de facto

Argentina inicia un nuevo periodo político, marcado por la llegada al gobierno de un presidente de extrema derecha que se ganó la adhesión mayoritaria del voto ciudadano mediante el contrabando ideológico de la noción de “libertad”, más el tramposo invento de culpar por los problemas del país a “la casta política”, e igualmente la promesa de “dolarización” que llenó de fantasías a millones de personas bien intencionadas y su vez víctimas de una gigantesca estafa propagandística.

El triunfo de Milei en las urnas fue rotundo en cuanto a la transparencia del procedimiento electoral. Al mismo tiempo, es una consecuencia de condiciones políticas fraudulentas que impusieron los poderes de facto, fundamentalmente la fracción dominante del Poder Judicial, y asimismo las cadenas mediáticas de derecha y ultraderecha que desde Buenos Aires contaminan a la opinión pública de todo el país.

Dichos poderes de facto, o corporativos, llevan al menos 15 años -desde el conflicto agrario de 2008- atacando a Cristina Kirchner, a todo el kirchnerismo, y a la identidad histórica del peronismo.

A ella la persiguen con decenas de simulacros del juicio, en los cuales está sentenciada de antemano. Por eso la condenaron a 12 años de prisión y le prohibieron para siempre ser candidata. Además, se salvó milagrosamente de ser asesinada en un atentado. Para colmo de colmos, un aparato judicial corrompido encubre las conexiones políticas y empresariales que existieron detrás del intento criminal.

Comienza una etapa donde muy probablemente el terror económico y social azote una vez más al pueblo argentino. Esta vez bajo un régimen que tuvo el apoyo electoral necesario para llegar a tomar el control del Estado nacional.

Está de moda analizar y tratar de comprender y justificar a los/las votantes que conformaron una mayoría electoral para que el nuevo presidente llegara adonde llegó. Se trata de un ejercicio legítimo de la libertad de pensamiento y del derecho a opinar.

Pero además debe tenerse en cuenta que las corporaciones prostituyeron a la democracia con la persecución judicial y la proscripción de una líder política.

Y que las fuerzas democráticas y populares le dejaron “pasar todas” a Milei, entre ellas su discurso y gestualidad violentos, sus estafas conceptuales y mentiras acerca del “gasto” del Estado, y el ocultamiento del modelo de capitalismo salvaje extremo que se esconde detrás de sus proclamas de “libertad”.