Este artículo empieza con un “spoiler” respecto de la pregunta planteada en el título: con probabilidad casi absoluta se puede afirmar que el juicio político a la Corte Suprema de Justicia quedará en la nada, más allá de quién gane la elección presidencial y en consecuencia de cuál sea el futuro gobierno de la Nación.

El procedimiento previsto en la Constitución y las leyes para enjuiciar y, eventualmente, destituir al más poderoso órgano judicial del país, fue uno de los pocos gestos de confrontación que intentó el gobierno del presidente Alberto Fernández en contra de una corporación.

Su tramitación fue sostenida a lo largo de prácticamente todo este año, por la laboriosidad y decisión política de 16 legisladores/as del Frente de Todos que integran la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Ese grupo -esos/as 16- conforman la mayoría mínima indispensable dentro de una comisión que tiene un total de 31 miembros, y dentro de la cual los/las otros/as 15 en todo momento trataron de impedir que el proceso avanzara.

Por esa férrea unidad de los/las diputados/as del bloque oficialista en el mencionado grupo de trabajo parlamentario, hace algo más de un mes pudo llegarse a la “formulación de cargos” contra los cuatro jueces de la Corte.

Los acusados son Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz (ambos nombrados “a dedo” violando la Constitución por el ex presidente Mauricio Macri, aunque luego recibieron el aval del Senado requerido por las cláusulas constitucionales), Ricardo Lorenzetti (el único de los integrantes actuales que fue designado en los primeros tiempos del gobierno de Néstor Kirchner siguiendo pasos de transparencia y legalidad que hasta ese momento eran innovadores) y Juan Carlos Maqueda (nombrado hace dos décadas durante el gobierno de transición de Eduardo Duhalde).

El tribunal que encabeza el Poder Judicial argentino está acusado por cuatro motivos. Uno de ellos es el fallo de 2017 por el cual se intentó dejar en libertad en los genocidas condenados por crímenes de la dictadura, computandole dos años de prisión por cada uno que le correspondiera cumplir. Aquella decisión se conoció como “el fallo del 2 x 1”, y debió ser revertida ante un contundente repudio social manifestado en una de las movilizaciones callejeras más imponentes de la historia del país. (El diario Cronista publicó, meses después, un análisis de la significación de los hechos. Nota del 05/01/2018). 

Una segunda causal es por escándalos de corrupción en la obra social de la judicatura nacional (cuyo manejo, multimillonario en cantidad de dinero, depende de la Corte); otra tiene relación con un fallo sobre el régimen de coparticipación federal de impuestos que favoreció al gobierno macrista de la ciudad autónoma de Buenos Aires y perjudicó al conjunto de las provincias; y la última se refiere a que el máximo órgano judicial se atribuyó decisiones que no le corresponden y de ese modo tomó el control del Consejo de la Magistratura (que es, a su vez, el organismo que designa a los jueces/juezas federales y eventualmente puede juzgarlos/as y destituirlos/as).

(La información sobre los cargos que pesan sobre los cuatro supremos fueron resumidos en un artículo de Página 12 cuando se formuló oficialmente la acusación el mes pasado. Nota del 12/10/23). 

Ante distintas hipótesis

La comisión a cargo del tema en Diputados cumplió su tarea gracias (como se dijo en un párrafo anterior) a la mayoría conformada por legisladores/as del Frente de Todos, aún con el sabotaje de la oposición. Sin embargo, todavía resta el paso institucional más decisivo, que muy probablemente no llegue a realizarse nunca.

Ocurre que ese dictamen acusatorio tiene que ser presentado ante el plenario de la Cámara, donde a su vez debería aprobarlo por una mayoría de dos tercios para que el proceso pudiera continuar, y luego ser tratado y resuelto por el Senado.

Pero a pedido del postulante presidencial Sergio Massa, el sector oficialista de la comisión postergó dicho paso para después del balotaje. Tendrá plazo para hacerlo hasta el 9 de diciembre, día anterior al cambio de gobierno, cualquiera fuese el resultado de la elección. Hasta esa fecha fueron prorrogadas las sesiones del Congreso, que en la jornada siguiente -el 10- cambiará de composición para incorporar a quienes fueron elegidos/as este año, tanto diputados/as como senadores/as.

(Hace poco más de 20 días, el medio digital elDiarioAr dijo que esa postergación tuvo el propósito de “evitar coletazos en la campaña”, y que el candidato lo acordó de tal manera con el sector kirchnerista de la comisión. Nota del 07/11/23). 

Si el futuro presidente de la República fuera Javier Milei, está descartada completamente la continuidad del juicio político a la Corte Suprema. El propio aspirante presidencial de La Libertad Avanza le hizo recriminaciones por ese tema a su rival en el balotaje, durante el debate televisivo que ambos protagonizaron el domingo 12. (Información del portal El Parlamentario, nota del 13/11/23). 

En la hipótesis contraria, es decir si en diciembre asumiera Massa como jefe del Estado, tampoco hay posibilidades de que la acusación contra los cuatro jueces pueda prosperar en el plenario de la Cámara de Diputados, aún en el caso de que el eventual nuevo mandatario tuviera la decisión política de darle impulso.

La coalición encabezada por el peronismo (llamada, hasta el momento, “Frente de Todos”, y que en el próximo periodo adoptaría el nombre de “Unión por la Patria”) con la actual integración de esa rama del Parlamento no tiene la mayoría necesaria de dos tercios, y ni siquiera la mayoría simple (la mitad más uno de sus integrantes).

Y a partir del 10 de diciembre estará más lejos todavía de alcanzar esa fortaleza en el número de diputados/as, debido al retroceso sufrido en la elección de este año.

(Cabe recordar que la futura composición de ambas cámaras del Poder Legislativo surgió de la primera vuelta electoral, realizada el pasado 22 de octubre. El sitio web Chequeado, editado por una entidad dedicada al análisis del discurso público, luego de los comicios publicó un valioso informe sobre cómo quedará conformado el nuevo Congreso. Nota del 23/10/23). 

Además, en las últimas semanas fue especialmente significativo que varios dirigentes en los cuales Massa buscó apoyo electoral para el balotaje, salieron a rechazar el enjuiciamiento parlamentario a la Corte. Así lo hicieron entro otros Roberto Lavagna (ver información en Infobae, nota del 04/11/23), también el saliente gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti (ver en Perfil, nota del 04/11/23), y asimismo el mandatario cordobés electo, Martín Llaryora (en La Política Online, nota del 07/11/23).

Atrás y en lo inmediato

Los cuatro miembros de “la Corte Suprema de los oligarcas” (según la describió el mismo autor de esta columna de opinión en otra similar que publicara cuando empezó la investigación contra el tribunal, nota del 12/02/23), tienen prácticamente asegurada su permanencia en los respectivos cargos, más allá del resultado de la elección presidencial.

Atrás quedará, como una ardua y valiosa acumulación de información y de pruebas, la tarea desarrollada desde febrero pasado por las/los diputadas/es del actual oficialismo que forman parte de la comisión de Juicio Político, quienes actuaron a partir de la decisión política del presidente Fernández y con el explícito respaldo de la mayoría de la/los gobernadora/es peronistas. (Reporte de la agencia pública de noticias Télam cuando se votó la “admisibilidad” del caso. Nota del 09/02/23).

Particularmente encomiable fue la labor de la presidenta de dicha comisión, Carolina Gaillard, y de diputados/as como Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley.

En lo inmediato es casi seguro que el procedimiento legislativo para esclarecer la conducta de los jueces más poderosos del país quedará en la nada, y así se cerrará la posibilidad de que la Cámara de Senadores -según establece la Constitución- eventualmente pudiera destituirlos.

La lucha política es por naturaleza una disputa de avances y retrocesos, porque siempre hay posiciones e intereses contrapuestos que inciden en su desarrollo, y los resultados que se obtienen sus siempre transitorios. Y aunque nunca se sabe previamente, algo o mucho puede cambiar en un momento histórico posterior.