Aunque nadie lo recuerde en forma pública, el proceso electoral que tiene lugar en Argentina se desarrolla en condiciones fraudulentas debido a la proscripción que pesa sobre Cristina Fernández de Kirchner. Y también sobre el ex vicepresidente Amado Boudou. (Tema abordado en una columna que publicó hace tres meses. Nota del 02/07/22). 

Y hay algo más -y más grave todavía- que tampoco es mencionado prácticamente nunca siquiera por dirigentes del kirchnerismo, ni menos aún por otros sectores del peronismo: un aparato judicial corrompido está ejecutando una estrategia de encubrimiento para los/las responsables políticos y empresariales del atentado contra la actual vicepresidenta de la Nación.

(Entre las excepciones de quienes sí trabajan fuertemente para evitar que el intento criminal quede impune, se destaca la tarea del diputado nacional Rodolfo Tailhade para averiguar, informar y esclarecer respecto de la corrupción judicial. Gracias a su responsabilidad pública, y al esfuerzo de los abogados de la víctima y unos pocos/as periodistas y medios, se difunden las trampas e irregularidades en la investigación del intento de asesinato. Apenas un ejemplo de ello es el video informativo “Atentado a Cristina: el circuito de la impunidad”, que el legislador publicó a fines de agosto en su canal de Youtube. Ver informe de Tailhade). 

Aparte de encubrir el atentado sufrido por la líder del kirchnerismo y de prohibirle para siempre ejercer cargos públicos -aunque sigue siendo vicepresidenta porque la sentencia fue apelada-, la fracción dominante del Poder Judicial multiplica continuamente las causas penales inventadas para acosarla políticamente y de ese modo perjudicar al peronismo y, como contracara de la misma maniobra, defender los intereses oligárquicos y en periodos electorales favorecer a sus candidatos/as.

Una de esas infinitas maniobras fue perpetrada a mediados de septiembre, cuando dos integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, que es el más alto tribunal de revisión de causas penales en el país (previo a la Corte Suprema, que siempre es una instancia final posible), reabrió expedientes en los cuales Cristina está imputada.

Los casos son conocidos como “Memorándum” (por el acuerdo de cooperación firmado en 2013 con la República Islámica de Irán para esclarecer el ataque terrorista de 1994 contra la mutual israelita AMIA), y “Hotesur-Los Sauces” (nombres de empresas de la familia Kirchner, que incluyen la administración de la sucesión del fallecido ex presidente, y en base a las cuales se han inventado acusaciones para dañar al sector político fundado por Néstor Kirchner). (Crónica de la periodista Irina Hauser publicada en Página 12, nota del 19/09/23). 

Para darle ese renovado envión al accionar de jueces y fiscales ultra-antikircheristas en los casos referidos, previamente la Corte Suprema de Justicia echó de su cargo a Ana María Figueroa, una de las integrantes del tribunal de Casación, quien cumplió 75 años.

La Constitución Nacional (en su artículo 99, inciso 4) establece que a esa edad un juez o jueza federal debe recibir un nuevo acuerdo del Senado para continuar en funciones. El aparato judicial corrompido hace cumplir esa cláusula constitucional cuando le conviene, y cuando no, los/las beneficiados/as se mantienen atornillados en sus estrados hasta que les dé la gana.

El caso más emblemático fue el de Carlos Fayt, un juez de la Corte Suprema que estuvo en el más poderoso órgano judicial del país hasta los 97 años. Como expresión de su soberbia política, sus rencores y su exhibición de poder impune, se dio el gusto de renunciar un día después de que terminara al mandato presidencial de Cristina, en diciembre de 2015. Murió poco tiempo después, a los 98 años, en noviembre de 2016. (Tema desarrollado en su momento por el diario oligárquico La Nación, uno de los muchísimos medios que hacen propaganda ideológica de la corporación judicial bajo la apariencia de hacer periodismo. Nota del 22/11/2016). 

La jueza Figueroa, en tanto, recibió este jueves (28/09) el aval del Senado que la Constitución exige, pero la derecha partidaria-institucional junto con las corporaciones mediáticas y judiciales armaron un escándalo político. Difícilmente la magistrada pueda volver a ocupar su lugar en el tribunal que integraba. (En un artículo de Perfil se analizaron detalles del caso. Nota del 29/09/23). 

Ataques mediante la comunicación

Tanto en Argentina como en diversos países, en los últimos años se ha incorporado a los análisis políticos de algunos sectores así como a diversos estudios académicos, a la propia retórica política, a la terminología usada por ciertos medios de comunicación y usuarios/as de redes digitales, etc., el concepto de “discursos de odio”.

Las áreas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializadas en el tema definen a dichos discursos como “cualquier tipo de comunicación ya sea oral o escrita, -y también comportamiento-, que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son. En otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad”. (El asunto está ampliamente desarrollado en el sitio web oficial de Naciones Unidas. Ver información de la ONU). 

Dentro de esas “otras formas de identidad”, se incluyen las identidades políticas y/o ideológicas. Puede citarse como ejemplo el término “zurdo”, que desde el siglo pasado se utiliza en Argentina para descalificar a las personas o espacios colectivos que sostienen una pertenencia ideológica de izquierda, o pensamientos y prácticas afines.

A su vez, cuando en nuestro país y el resto de Suramérica emergieron a comienzos de este siglo fuerzas y líderes/lideresas políticos/as que le disputaron poder a las oligarquías locales y a los intereses imperiales de Estados Unidos y del capitalismo trasnacional, las distintas derechas y sus variantes extremas convirtieron en objeto de odio a identidades políticas tales como “kirchnerismo”, “chavismo” (por la corriente que fundara Hugo Chávez en Venezuela), “correísmo” (por Rafael Correa, de Ecuador) y otros casos similares.

En Bolivia, para dar otro ejemplo, los ataques tuvieron/tienen como objetivo al “masismo” (por el MAS, Movimiento al Socialismo, creado por Evo Morales), mientras que en Brasil los poderes hegemónicos apuntaron/apuntan contra el “lulismo” (por Lula) o el “petismo” (por el PT, Partido de Trabajadores, fundado por el actual presidente brasileño).

Posteriormente, en una gigantesca operación semántica a escala internacional, destinada a influir en las creencias, emociones, ideas, convicciones, sentimientos, etc. de todas las sociedades del continente y del mundo, las derechas y las ultraderechas englobaron a quienes consideran como enemigos bajo la denominación de “populistas”.

(Una mínima aclaración: en Europa, el término “populismo” y los fenómenos por él aludidos tienen otras connotaciones, que no se abordan en esta columna de opinión).

Pero una clave necesaria para interpretar la realidad contemporánea de Argentina y las naciones hermanas y vecinas, es advertir que el hostigamiento contra las fuerzas y líderes/lideresas populares suramericanas no consiste solo ni principalmente en lanzar “discursos” en su contra, sino en el accionar devastador de un “poder judicial del odio”.

Si los jueces respetaran...

Las cadenas mediáticas que responden a los mandatos oligárquicos e imperiales, y cuyas discursividades se sitúan en un espectro ideológico que va desde la centroderecha hasta la derecha extrema y violenta, tendrían una influencia más reducida, y quizás mínima, si no contaran con una estructura de jueces y fiscales que integran su mismo bloque de poder, están formados en similares matrices de pensamiento y acción, y defienden intereses parecidos o idénticos.

Concretamente en nuestro país, Cristina Kirchner es agredida mediante “discursos” desde hace alrededor de una década y media (tema analizado en un artículo de cuando intentaron asesinarla, nota del 04/09/2022), pero el sistema de poder que más fomentó el odio contra ella hasta dictarle una condena a prisión y proscribirla políticamente, fue el judicial.

Si el conjunto de jueces y fiscales -es decir la judicatura- respetaran e hicieran cumplir las normas del Estado de Derecho, las garantías constitucionales, el debido proceso y las libertades democráticas, de ningún modo podría haber un ánimo socialmente extendido para agredir al kirchnerismo en cualquiera de sus formas, hasta el extremo de intentar el asesinato de su líder.

Patricia Bullrich -y antes el “moderado” Rodríguez Larreta- podrían hacer todas las campañas electorales que quisieran desde la exhortación a “terminar con el kirchnerismo para siempre”, y a su vez Javier Milei podría continuar hasta el infinito con su prédica de odio hacia “el populismo”, “los zurdos”, “el socialismo”, “el comunismo”, etc., pero el efecto político sería mucho menor si no hubiera un aparato judicial que amenaza, persigue, estigmatiza y/o proscribe a referentes kirchneristas, e incluso les hace pagar con la cárcel su militancia política (como les tocó sufrir a Amado Boudou, Julio De Vido, Carlos Zannini y otros/as, y como sigue sufriendo dramáticamente Milagro Sala).

El odio constituye un arma terrible cuando es lanzada a través de palabras, gestos o imágenes, pero mucho peor resulta cuando las víctimas son atacadas hasta el extremo de la privación de la libertad -o la amenaza de hacerlo- e incluso hasta la alevosía de encubrir un intento de asesinato, por parte de un poder antidemocrático que actúa desde los tribunales en nombre de la ley, la Constitución y “la República”.