Decir que Néstor Kirchner y Alberto Fernández les tocó ser presidentes en contextos muy distintos, es una afirmación que no tiene discusión. Cada etapa de la vida de un país, sociedad, etc. es diferente de cualquier otra, así como ocurre en la vida de las personas, de las familias y de los grupos sociales en general. Nunca hay un momento que sea exactamente igual al anterior, aunque siempre haya continuidades, similitudes, semejanzas etc. si se comparan uno y otro.

Pero la obviedad de que los contextos de Kirchner y de Fernández son distintos suele ser omitida cuando al actual mandatario argentino se le exigen decisiones enérgicas y medidas transformadoras como las que llevó adelante el fallecido ex jefe del Estado, de cuya muerte acaban de cumplirse 11 años.

Independientemente de las condiciones y características de cada uno como dirigente y como conductor político -donde también es obvio que nunca nadie es igual a otro/a, y más aún si la comparación es con un líder como Néstor-, es fundamental observar algunas situaciones específicas que rodearon (que rodean, en el caso de Alberto) sus respectivas presidencias.

Quizás la diferencia más importante sea que Kirchner, quien inició su mandato desde una posición de debilidad porque solo tenía el 22 por ciento de los votos, debió gobernar un país arrasado pero donde las oposiciones políticas y corporativas estaban en desbande. Estaban dispersas, desorganizadas, derrotadas, desorientadas, con miedo a lo que pudieran hacer las masas populares que desde un año y medio antes (diciembre de 2001) habían protagonizado un estallido social histórico.

Hacia mayo de 2003, cuando el santacruceño asumió como presidente, existía un absoluto repudio social a la larga década neoliberal que terminó en el momento en que las clases populares más empobrecidas y desesperadas saquearon supermercados y otros grandes centros comerciales, y las clases medias se indignaron contra el poder económico, en particular contra los bancos, rompiendo sus vidrieras y tratando de entrar por la fuerza porque allí habían quedado atrapados sus ahorros.

(Digresión: cuando el país estalló a fines de 2001 no existían los llamados “planes sociales”. Se repite: no existían. Empezaron cuando el gobierno de transición de Eduardo Duhalde estableció el plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, cuyo anuncio en abril de 2002 puede recuperarse en el archivo histórico del ministerio de Educación de la Nación; transcripción de discurso del 03/04/2002.

El país había quebrado, lo cual incluíala incautación bancaria de los depósitos, por el accionar de gobiernos que favorecieron al capitalismo salvaje extremo local y extranjero, generalmente llamado “neoliberalismo”. Es bueno recordarlo ante la mentirosa prédica actual de la derecha y la ultraderecha, que culpan por los problemas del país a los “planeros” y dicen que todos los males ocurren porque el Estado “fabrica vagos”).

Alberto Fernández -sin contar, en esta enumeración, que a los tres meses se desató en Argentina la tragedia universal del Covid- asumió teniendo enfrente a un bloque de poder oligárquico fortalecido y empoderado. Con las corporaciones judiciales y mediáticas decididas a sabotear su gobierno desde el primer minuto. Y con una oposición política (Cambiemos, o Juntos por el Cambio, o con otros nombres) fuertemente respaldada por las clases medias antiperonistas/antikirchneristas que en la elección de 2019 le dieron el 40 por ciento de los votos a Mauricio Macri, a pesar de sus cuatro años como máximo responsable de un gobierno devastador.

Situación en el Congreso

El apoyo parlamentario que tuvo Kirchner es impensable para la actualidad. En ese tiempo la dirigencia política en su conjunto cosechaba el repudio popular por haber llevado al país a la ruina, lo cual se expresaba en el cántico “Que se vayan todos”. La presión social funcionaba como un estímulo para que en el Congreso los sectores más importantes, provenientes del justicialismo y del radicalismo, votaran favorablemente las decisiones del presidente.

Ejemplo de ello fueron la eficacia y rapidez con que se llevaron a cabo sendos juicios políticos contra la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que Carlos Menem había armado a su imagen y semejanza. Del mismo modo, el entonces jefe del Estado obtuvo sin problemas los dos tercios del Senado para designar a los nuevos jueces/juezas del más alto tribunal del país, que por primera vez incorporó a dos mujeres (la ya fallecida Carmen Argibay, y la recientemente renunciante Elena Highton de Nolasco, quien siguió en el cargo hasta ahora violando la Constitución Nacional ya que debió haberse ido cuando cumplió 75 años, en diciembre de 2017).

Durante la presidencia de Néstor había en el Congreso una escasa presencia de la extrema derecha (apenas representada por figuras relacionadas con la dictadura y con el golpismo, como el militar retirado Aldo Rico y al comisario retirado Luis Patti). Tampoco las fuerzas conservadoras tenían un peso importante y solo se expresaban en algunos partidos provinciales, especialmente del norte del país. La oposición mayoritaria era la Unión Cívica Radical, liderada por Raúl Alfonsín, con la cual el gobierno podía negociar y acordar en condiciones de racionalidad y seriedad.

Ahora, en cambio, el Congreso es un ámbito más del sabotaje y la obstaculización de la derecha contra la gestión de Alberto. La coalición constituida por el macrismo, el radicalismo, el “carrioísmo” (por Carrió) y otros aliados, cuenta en ambas cámaras con bloques numerosos que actúan siguiendo una férrea estrategia de boicot y desestabilización contra el Poder Ejecutivo y el conjunto del oficialismo.

El Frente de Todos sufre el hecho de no tener mayoría en Diputados, mientras que en el Senado sí la tiene pero no llega a los dos tercios necesarios para aprobar siquiera el nombramiento del Procurador General de la Nación (cargo para el cual está propuesto el actual juez Daniel Rafecas), y por ello sigue en funciones el “procurador interino” designado por Macri (Eduardo Casal), quien responde a la estrategia judicial de la derecha para otorgar impunidad al macrismo y obstaculizar al gobierno.

Poderío judicial y empresarial

La corrompida fracción dominante del Poder Judicial, que destrozó todas las reglas del Estado de Derecho al ejecutar en los tiempos del macrismo la persecución contra Cristina Kirchner y otros miembros de su sector político, es hoy un bastión de la derecha. Defiende cuotas de poder propias y resguarda intereses corporativos y políticos contrarios a las mayorías populares.

Así lo mostraron por ejemplo el juez santafecino que el año pasado impidió la estatización y el rescate del grupo empresarial Vicentin; la Cámara Federal porteña y otros jueces que, a pedido del Grupo Clarín, anularon la declaración del acceso a Internet, la telefonía y la televisión paga como “servicios públicos esenciales”, lo cual incluía que el gobierno fijara las tarifas; y la Corte Suprema que falló a favor del gobierno porteño para permitir las clases presenciales en las escuelas en pleno auge de la segunda ola del Covid, a pesar de la decisión en contrario del gobierno de la Nación. (En un artículo que publicó hace seis meses se analizaron estos casos. Nota del 10/05/21).

https://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_719/id_13247/el-pueblo-ya-no-es-soberano-ahora-manda-el-poder-judicial

El poderío del aparato judicial desestabilizador no existía -al menos con el pesoque detenta actualmente- en la época en que Kirchner era presidente. No existía la “Lawfare” (o “guerra judicial”, o “guerra jurídica”), que precisamente fue planificada desde Estados Unidos para combatir al kircherismo y demás experiencias latinoamericanas de gobiernos populares y soberanistas. Esa estrategia antidemocrática recién se hizo evidente en la segunda presidencia de Cristina.

Incluso el empresariado más concentrado, incluido el sector mediático encabezado por el Grupo Clarín, en 2003 necesitaba de un gobierno que dejara atrás cinco años de recesión y reconstruyera la devastada economía nacional. Por ello tuvieron amplios niveles de acuerdo con Kirchner, quien por ejemplo en 2005 prorrogó por 10 años las licencias concedidas por el menemismo -cuando privatizó los canales y radios de televisión porteños con llegada a todo el país-, y de ese modo las mismas empresas siguieron manejando los respectivos medios. (Crónica del diario La Nación, nota del 21/05/2005). 

En sentido contrario, hoy las élites empresariales tienen un partido o coalición política que representa sus intereses -el macrismo y sus aliados, sea quien fuere el/la futuro/a candidato/a presidencial-, y forman parte de la oposición que intenta desgastar y si fuera posible derribar al actual gobierno nacional. Las cadenas mediáticas en particular, son un pilar insustituible del accionar desestabilizador.

Por último, solo para no dar por sentadolo más importante, cabe mencionar que el actual jefe del Estado se vio obligado a dirigir los destinos de la población argentina bajo la amenaza de un virus mortífero que se propagó por todo el planeta.

Néstor Kirchner y Alberto Fernández no solo son personalidades políticas incomparables entre sí, sino que tampoco son comparables el contexto general y las relaciones de fuerza que condicionaron, en un caso, y condicionan, en el otro, sus respectivos mandatos como presidentes de la Nación.