Desde mediados de este mes, el gobierno del presidente Alberto Fernández puso en el centro de su gestión el intento por controlar los aumentos de precios en alimentos y otros bienes esenciales. El funcionario avocado directamente a la ejecución de las políticas respectivas es el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, designado oficialmente el 13 de octubre.

La ambición es altísima: nada que menos que dominar a la inflación, en un país donde muy pocos gobiernos han tenido controlada la situación desde que empezó a ser un problema de la economía nacional, a fines de la década de 1950.

(Un estudio publicado en julio de 2018 por la Cámara de Comercio y Servicios, CAC, contiene los datos de precios al consumidor desde la década de los años ‘40 bajo todos los presidentes, tanto los elegidos por voto ciudadano como los de facto. Establece un periodo de análisis desde el primer registro oficial, en 1943, hasta la muerte de Juan Domingo Perón en 1974. A partir de allí el problema se agravaría. Pero en esas primeras tres décadas la inflación anualizada más alta se registró a mediados de 1959, durante la presidencia de Arturo Frondizi: más del 120%. Acceso a informe de la CAC).

El actual gobierno está obligado a contener aumentos de precios que, potencialmente, presentan el riesgo de descalabrar la totalidad de las variables económicas, pero además porque se trata de una demanda urgente de las familias de clases bajas y medias, y sus efectos se trasladan al plano político.

La suba en los alimentos, medicamentos, artículos de limpieza, etc. están entre las primeras causas del descontento popular y los reclamos al oficialismo que se expresaron en las elecciones primarias de septiembre. Y ese resultado electoral es el desventajoso punto de partida con que el Frente de Todos se aproxima a los comicios legislativos del 14 de noviembre.

Por lo tanto, la prioridad de frenar los aumentos de precios es absoluta en términos políticos para el gobierno y para la totalidad de la coalición gobernante. Sin embargo, ni el presidente Fernández ni el secretario Feletti son magos. Porque como recién se señaló, desde hace más de 60 años (partiendo del caso citado en la etapa de Frondizi, quien asumió en 1958 y fue derrocado en 1962), muy pocos gobiernos lo lograron: fueron los posteriores al descontrol absoluto de precios entre los años 1989 y 1991. (Pueden consultarse datos en el citado estudio de la CAC).

Durante la presidencia de Carlos Menem hubo un proceso único porque se frenó no solo una continua escalada de precios sino su potenciación extrema: la hiperinflación. Fue a costos catastróficos para la Nación y para el pueblo argentino.

Ejemplos de dichos costos fueron la aparición del drama social de la desocupación, que hasta entonces no existía; la destrucción de empresas e infraestructura pública (producción siderúrgica y petrolera estatal, régimen jubilatorio público, sistema ferroviario nacional con toda su infraestructura, compañías estatales de energía, de gas, de telefonía, de aviación comercial, de marina mercante, etc.); desmantelamiento de servicios esenciales brindados por el Estado, muchos de ellos creados por Perón a mediados del siglo pasado; el aumento de la deuda externa a niveles nunca alcanzados hasta ese momento; la entrega de la soberanía económica argentina a los grandes capitalistas locales y extranjeros -los llamados “mercados”-; la invasión de productos importados y su contracara, el cierre de fábricas y la destrucción industrial; etc. Todo sobre la base del “remate a precio vil del patrimonio acumulado por generaciones de argentinos en las empresas públicas”, como definió el periodista Horacio Verbistky a las privatizaciones perpetradas por el menemismo.

(Días antes del estallido social de 2001, del cual están por cumplirse dos décadas, sin que nadie supiera lo que iba a ocurrir poco después pero en pleno proceso de quiebra financiera del Estado y de devastación de la calidad de vida del pueblo, Verbistky publicó un análisis del encierro del dinero depositado en los bancos y otras medidas que bajo la presidencia de Fernando de la Rúa estaba adoptando Domingo Cavallo, así como de los antecedentes de este último como funcionario de la dictadura y del menemismo. Publicado en Página 12, nota del 09/12/2001). 

De Alfonsín a Menem

El gobierno de Menem, con Cavallo como ministro de Economía y la fórmula monetaria de la “convertibilidad” -un peso argentino equivalía a un dólar-, es un pésimo antecedente acerca de cómo afrontar el problema inflacionario.

Durante 1989 Argentina vivió un cataclismo económico, social y político: la hiperinflación. La debacle se desató en los últimos meses de la presidencia de Raúl Alfonsín y uno de los primeros síntomas tuvo lugar en febrero con una disparada del dólar. Ese año los precios aumentaron el 4.923% (cuatro mil novecientos veintitrés por ciento). Sí: casi 5.000% (cinco mil por ciento).

(El periodista Alfreso Rebossio publicó el porcentaje y otros datos a comienzos de este año en un comentario titulado “El legado económico de Menem: del fin de la hiperinflación a una herencia explosiva”. Artículo de elDiarioAr, nota del 14/02/21).https://www.eldiarioar.com/economia/legado-economico-menem-hiperinflacion-herencia-explosiva_129_7218976.html

En aquel ‘89, a fines de mayo y principios de junio explotaron no solo el dólar sino también los precios de artículos de primera necesidad. Así comenzó la “hiper”, y como consecuencia se produjo el estallido social cuya manifestación más estremecedora fueron los saqueos a supermercados (que no eran las grandes cadenas de hoy, las cuales todavía no existían, sino espacios comerciales de una dimensión menor y en general propiedad de empresarios argentinos), así como a comercios de comestibles en general.

(Los primeros saqueos ocurrieron en Rosario. Tres décadas después, el diario La Capital de esa ciudad publicó una crónica recordatoria. Nota del 28/05/19).

El domingo 14 de ese mismo mes de mayo de 1989, siete meses antes de que concluyera el mandato de Alfonsín -y por decisión suya, al disponer la fecha electoral respectiva-, se habían realizado las elecciones presidenciales que ganó la fórmula peronista Carlos Menem-Eduardo Duhalde, como candidatos del Frente Justicialista de Unidad Popular (Frejupo).

Apenas pasada la votación, empezó la hiperinflación y luego los saqueos a supermercados. El país se hizo ingobernable para Alfonsín, quien en ese marco anunció que “resignaba” su función a partir del 30 junio, aunque el plazo constitucional que le correspondía llegaba hasta el 10 de diciembre.

Posteriormente, tras arduas negociaciones con Menem, que era presidente electo -negociación que inicialmente realizaron respectivos emisarios- se acordó el traspaso de mando el 8 de julio. Así fue, por lo cual el presidente en funciones dejó el poder cinco meses antes del periodo legal establecido y su sucesor asumió cinco meses antes. 

Menemismo y después

Menem entregó el manejo económico del país a uno de los grandes conglomerados empresariales de aquel tiempo: Bunge & Born. Designó como ministro a uno de los ex gerentes de ese grupo, Miguel Roig, pero este falleció súbitamente cinco días después de asumir. Entonces fue nombrado Néstor Rapanelli, jerarca de Bunge & Born en ese momento. Sus intentos por frenar la inflación fracasaron, y a fin de año hubo una nueva explosión de precios.

(El periodista Alfredo Zaiat escribió en 2017 un artículo titulado “1989. El año caótico”. Es un breve texto que describe el clima de época y destaca algunos datos. Nota del 26/05/17). 

En diciembre del mismo ‘89, el segundo intento del menemismo por contener la “hiper” fue encabezado por un nuevo titular ministerial: el dirigente peronista y economista riojano Erman González. Estuvo poco más de un año en el cargo. Logró ponerle freno a los aumentos en los primeros meses pero finalmente fracasó.

Ya en 1991, al finalizar enero, el entonces presidente nombró en Economía a Domingo Cavallo, quien hasta ese momento había estado a cargo de Relaciones Exteriores. En abril, el ministro anunció el “plan de convertibilidad”. Ese año cerró con una inflación del 84%, en 1992 fue del 17,5%, y a partir de 1993 estuvo siempre por debajo del 10%.

Se llegó así al momento en que se dominó a la hiperinflación en Argentina. Pero los terribles daños que la dupla Menem-Cavallo provocaron a la población y a la estructura productiva del país, echan por tierra con cualquier argumento a favor de aquella etapa.

Además de algunas consecuencias mencionadas someramente en un párrafo anterior (como desocupación, endeudamiento, desindustrialización, etc., todo repetido en los años recientes durante el régimen que encabezó Macri), el proceso de los años ‘90 dejó como efectos a largo plazo la concentración de la propiedad y el poder económico en muy pocas empresas, tendencia profundizada y agravada hasta hoy.

(Cifra, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, vinculado a gremios adheridos a la CTA, reveló en un reciente informe casos de “oligopolios que registraron una recomposición significativa de sus niveles de rentabilidad” este año. Por ejemplo “Ternium Argentina declaró utilidades netas por el 40,1% de las ventas en el primer semestre de 2021, cuando en igual periodo del año anterior registró pérdidas contables por -1,5%. Aluar pasó del -6,7% al 8,8% de utilidades sobre ventas” en ese mismo periodo. “Molinos Río de la Plata, después de un buen primer semestre en 2020 con el 2,9%”, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, “aumentó su rentabilidad a 3,6% sobre ventas” en la comparación interanual. Así, “el excedente de explotación del sector privado aumentó del 48,2% al 53,1% entre el primer semestre de 2020 y 2021”, afirma el estudio. Acceso al informe de Cifra-CTA). 

La estructura concentrada del capitalismo -si bien no es propia solo de Argentina sino expresión de una tendencia mundial-, es lo que permite que los grandes conglomerados empresariales sean sectores extremadamente poderosos frente al Estado y muy difíciles de controlar para los poderes públicos. En estos días, concretamente, desafían al gobierno de Alberto Fernández, que intenta poner límites a los alarmantes aumentos de precios.