Aunque muchas veces el árbol no deja ver el bosque, y aunque los discursos dominantes lo oculten o directamente lo nieguen, en las sociedades capitalistas -que son prácticamente todas las del mundo actual- el poder de mayor peso es el de los propietarios del capital.

Esta obviedad puede ser útil remarcarla en el contexto argentino actual, donde la expectativa política está puesta en las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre, con el antecedente inmediato de la derrota nacional del Frente de Todos en las primarias del pasado 12 de septiembre.

Si la observación de las pujas por espacios de poder se limita a los participantes de la competencia por los votos, pareciera que el gobierno de Alberto Fernández se enfrenta principalmente a Juntos por el Cambio (con distintos nombres en algunas provincias), es decir al macrismo y sus aliados.

Siendo eso verdad desde el punto de vista técnicamente electoral, ese “árbol” no deja ver el “bosque” de las tremendas disputas que están librando las actuales autoridades del Estado nacional ante los más poderosos intereses económicos locales y extranjeros. Esto suele ser olvidado hasta por amplios sectores de las militancias y dirigencias del frente oficialista.

El síntoma o indicador más visible de la confrontación son los aumento de precios, particularmente en alimentos, medicamentos y otros productos esenciales. Toda la sociedad sabe, y la mayoría de ella sufre, la persistencia y agravamiento de la inflación.

Pero lo que raramente se pone en los primeros lugares de la visibilidad y el debate público es el poder gigantesco del capitalismo concentrado que está detrás de los aumentos de precios. Son oligopolios (cuando la oferta de determinados bienes o servicios están en menos de pocos oferentes) que influyen decisivamente en la economía familiar y la vida del conjunto de la sociedad.

En estos días, el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, es un gladiador que intenta negociar una especie de tregua con los formadores de precios y las cadenas de comercialización -que son sectores en principio diferentes pero que por lo general actúan como uno solo- para congelar por 90 días el valor con que se venden a las/los consumidoras/es más de 1.200 productos.

Agreguemos de paso que para las cadenas mediáticas de la derecha y los/las periodistas y economistas que a través de ellas ejercen fuerte influencia en la opinión pública, Feletti es el nuevo “malo de la película”. El funcionario, que es un honesto militante político con sólida formación en economía y larga experiencia en cargos públicos, ya es objeto de descalificaciones, burlas y agravios justamente por hacer lo que está haciendo: tratar de ponerle un límite a la voracidad sin límite de los dueños del capital.

El FMI y la “simpática” IDEA

Otro asunto, quizás más importante todavía, donde el gobierno de la Nación está negociando con representantes de los intereses económicos más poderosos del mundo, es el de la deuda contraída por el régimen que encabezó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aunque ni siquiera el oficialismo ni los/las candidatos/as del Frente de Todos jamás lo recuerden en público, Argentina le debía al FMI cero dólar (U$D 00,00) cuando Cristina Kirchner terminó su mandato en 2015 y Macri asumió la presidencia. Hoy le debe 45.500 millones de dólares, más intereses. Así de violento fue el endeudamiento -solo con esa institución- perpetrado por el macrismo en apenas un año: desde julio de 2018 al mismo mes de 2019.

“El problema de la deuda externa argentina, y el problema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, no es un problema del gobierno de Alberto Fernández: es un problema de la Argentina”, dijo el presidente de la Nación, aludiéndose él mismo, al hablar este viernes en uno de los ámbitos más simbólicamente representativos del poder empresarial del país, que es el llamado “Coloquio de IDEA”. (El jefe del Estado publicó en su cuenta de Twitter un fragmento de un minuto y medio de su discurso, en el cual alude a este tema. Tuit del 15/10/21). 

(Digresión: “coloquio” es una palabra cálida, hasta tiene cierta musicalidad, y refiere a una de las más bellas capacidades humanas que es la de la conversación. También “idea”, como sustantivo común, es un término noble cargado de significaciones positivas. Pero IDEA como sigla es el nombre del Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina, una asociación autodenominada “sin fines de lucro” pero que agrupa a gigantescas compañías trasnacionales y locales, y en cuyo directorio hay representantes por ejemplo de Toyota, IBM, Andreani, Grupo Clarín, Ternium, Swiss Medical Group, Banco de Galicia, Banco Santander, HSBC, Telecom, Telefónica, Mercado Libre, diario La Nación, etc., etc. Estos datos clarifican acerca del poderío inmenso y capacidad de presión que está detrás de la simpática denominación “Coloquio de IDEA” que se escuchan frecuentemente en las noticias de circulación masiva. Para más información se puede consultar el propio sitio oficial en Internet de esa organización empresarial. Acceso a la página web de IDEA).

En Estados Unidos, con “inversores”

Las cruciales negociaciones con el FMI para hacer pagable lo que Macri dejó como una deuda impagable -literalmente-, consume de tal manera las energías políticas y los esfuerzos de gestión del gobierno nacional que, en plena campaña electoral, dos de los más altos funcionarios se reunieron en Estados Unidos para tratar este y otros temas con grandes corporaciones capitalistas a las cuales, benévolamente, el discurso dominante llama “inversores”.

Los funcionarios son nada menos que el jefe de gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Según una crónica periodística, en una de las reuniones sobre el fin de la semana pasada dialogaron con “unos 20 representantes del mundo de las finanzas, principalmente fondos con inversiones y consultoras especializadas”.

En la ocasión había representantes de corporaciones financieras cuyos nombres (excepto alguno) son desconocidos para el 99,99% de las/los argentinas/os. Por ejemplo GoldenTree Asse Management, NWI Management LP, Invesco US, Goldman Sachs Asset Management, JP Morgan, CarVal Investors, Gramercy Management Company, BlackRock, VR Capital Group, M2M Capital y Fintech. (Información de Página 12, nota del 16/10/21). 

Estos nombres no dicen nada a millones de personas, aunque dicen todo para quienes tienen algún o mucho conocimiento de la temática. Pero lo importante no son los nombres, sino tener en cuenta que cada uno de ellos es una corporación acreedora a la que toda la población argentina -colectiva e individualmente- debe entregarle gran parte de la riqueza nacional como pago de la brutal deuda externa heredada del macrismo.

Además, también es interesante y quizás revelador observar cuáles son los temas que les importan a esos acreedores. Que deberían ser cuestiones a resolver solo por la voluntad democrática de la Nación, pero precisamente por la situación de dependencia financiera que genera el endeudamiento pasan a ser asuntos de intromisión por parte de poderes extranjeros.

Según la misma crónica periodística recién citada, “los delegados del sector privado hicieron preguntas (a los ministros de nuestro país) sobre el equilibrio de poder al interior de la coalición gobernante, la situación de la inflación, el déficit fiscal y las posibilidades de una reforma laboral”.

Al plantear el tema del poder dentro de la coalición gobernante, los acreedores aluden a la influencia de Cristina Kirchner y del conjunto del kirchnerismo en las decisiones del gobierno nacional.

Y al mencionar una “reforma laboral”, los jerarcas financieros extranjeros presionan en idéntico sentido al de la élite empresarial local y sus representantes políticos (desde la derecha “moderada” de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal hasta la ultraderecha de Macri, Patricia Bullrich y los extremistas en ascenso como Javier Milei y José Luis Espert): las presiones son para derogar la indemnización por despidos, las paritarias por rama de producción o servicio, y en general las conquistas de las/los trabajadoras/es formalizadas/os, quienes realizan sus labores con derechos y garantías legalmente reconocidos.

Tanto la puja contra los oligopolios formadores de precios, como el poderío que se esconde detrás de la simpática palabra/sigla “IDEA” y, sobre todo, la negociación con el Fondo Monetario y las presiones de los acreedores en general, son muestras de los tremendos intereses que debe confrontar un gobierno como el actual de nuestro país o cualquier otro que pretenda representar -mínimanente, y más allá del juicio de valor que merezca su desempeño- los intereses y conveniencias de la mayoría de la población.

Remarcar la importancia y centralidad de estas disputas contra los más grandes conglomerados empresariales e instituciones económicas locales y extranjeras, es una tarea de reflexión política necesaria.

De lo contrario, se puede caer en la trampa de creer que la política y el poder se reducen a los chismes sobre candidatos/as, al espectáculo frívolo de los debates televisivos, a las mentiras y engaños que circulan por las redes digitales, y en general a las interpretaciones superficiales que ocultan la gravedad y profundidad de lo que significan las grandes luchas de una Nación y su pueblo.