Luego de las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias) del 12 de septiembre y hasta que se conozcan los resultados de la elección definitoria para cargos legislativos del 14 de septiembre, la política argentina transita por una zona gris, indefinida, en la cual influye fuertemente lo ocurrido en la instancia inicial de votación pero todavía no se sabe cómo será el final cuando el proceso electoral esté completamente concluido.

Por lo que pudo apreciarse en las primarias, la principal fuerza político-institucional de la derecha -Juntos por el Cambio (JpC)- mantiene un porcentaje de votos similar al que obtuvo Mauricio Macri en los comicios presidenciales de 2019, cuando después de devastar al país durante cuatro años consiguió el 40% de los sufragios.

En cambio, el Frente de Todos (FdT), coalición encabezada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner que agrupa a diferentes sectores del peronismo con el kirchnerismo como corriente mayoritaria interna y otras fuerzas aliadas, retrocedió fuertemente respecto del 48% obtenido hace casi dos años.

Existen al menos tres claves a tener en cuenta para tratar de explicar por qué el macrismo y sus aliados han mantenido una considerable fuerza electoral a pesar de que su gobierno perjudicó violentamente la calidad de vida del conjunto del pueblo, incluidos sectores de clases medias que mayoritariamente lo votan.

Una de las claves es que en 2019 perdió las elecciones la representación político-partidaria del bloque dominante, pero el resto de los poderes que lo integran quedó intacto y pasó a combatir ferozmente contra el actual gobierno: élites empresariales, grandes cadenas mediáticas que ocultan a la opinión pública lo que no conviene a la derecha, aparato judicial corrompido, etcétera, y todos con el apoyo de los factores de poder internacionales como el gobierno de Estados Unidos (EU) -aunque Joe Biden sea más sobrio y menos violento que Donald Trump- y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Otra razón a considerar es que, en Argentina, el voto a favor de cualquier expresión conservadora de la estructura social injusta y, por lo tanto, neoliberal en lo económico, contiene un fuerte componente emocional de rechazo y/u odio al peronismo en general y al kirchnerismo en particular. Eso forma parte de la ideología, que es una cosmovisión sobre la sociedad, las relaciones de producción, el poder, el mundo, etcétera, que no solo incluye “ideas” sino -y de forma inseparable- sentimientos, emociones, pulsiones, pasiones. O sea que una parte del apoyo a JpC está más allá de la conveniencia o el pragmatismo de cada quien, porque es profundamente ideologizado. Es un voto “duro”, ideológico, antiperonista y de derecha.

La tercera clave es que Alberto Fernández y el FdT debieron gobernar durante la tragedia del Covid-19, de cuyas consecuencias se conoce diariamente el número de personas que enferman y mueren (en Argentina y el resto del mundo), pero mientras la pandemia transcurre -y aunque en nuestro país se encuentra en un momento de disminución de su gravedad- poco se puede saber sobre las violentas transformaciones inconscientes que produjo y produce a nivel psíquico, emocional, espiritual, familiar, de las relaciones entre las personas, etcétera, tanto a nivel individual como colectivo. Todo eso, desconocido, está también en el trasfondo de las decisiones electorales de las/los ciudadanas/os.

Delitos y decisiones políticas

Aparte de esos tres factores que, al menos como conjetura, tuvieron incidencia en la fortaleza electoral que mantuvo la derecha en las PASO, lo que sí se conoce son las consecuencias laborales, económicas y educativas, en la vida personal, familiar y social, que se sufrieron o sufren en el año y medio transcurrido desde que -en marzo de 2020- el virus empezó a propagarse en Argentina y el gobierno de la Nación adoptó medidas de cuidado que empezaron con un confinamiento (“cuarentena”) estricto y fueron cambiando con el tiempo.

Según coinciden prácticamente todos/las los/as analistas, y el propio oficialismo nacional, allí estuvo la clave del rechazo electoral al FdT, manifestado en la no concurrencia a votar, en el sufragio en blanco o en el voto por las demás opciones políticas, incluyendo a JpC pero también a la izquierda que creció en diferentes provincias, a la nueva ultraderecha referenciada en Javier Milei y José Espert, a partidos provinciales y a otras fuerzas con menor representación.

En cambio, el sufrimiento popular generalizado por causa de la pandemia y de las imprescindibles medidas de cuidado que se adoptaron, no explican por qué el macrismo y sus aliados conservan aquel porcentaje de votos que ya era llamativamente alto hace cuatro años y aparentemente se sostiene, y que persiste a pesar de que cotidianamente quedan en evidencia delitos o se adoptan medidas que son agravantes de la destrucción perpetrada entre 2015 y 2019.

Con frecuencia casi diaria, las investigaciones judiciales -de jueces, juezas y fiscales valientes y comprometidos/as con el Estado de Derecho, que no representan a la fracción dominante del Poder Judicial- o bien investigaciones parlamentarias o periodísticas, muestran a la luz pública la corrupción de altísimos funcionarios del macrismo, la degeneración del sistema de administración de justicia y las mafias del espionaje, y los permanentes negociados a favor de grandes empresas y en contra del bien público como ocurre a diario en el principal bastión político de ese sector, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA).

Más aún: aparte de su accionar delictivo, la destrucción del Estado de Derecho que la derecha (y no es un juego de palabras) continúa perpetrando desde los espacios de poder institucional que mantiene aunque no esté el frente del gobierno nacional, se reafirmó la semana pasada con la aprobación en la Legislatura porteña de una norma para que los fallos de la Justicia Nacional de CABA puedan ser revisados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local, que es otro lugar que le garantiza encubrimiento al macrismo. (Información de El Destape, nota del 30/09/21). 

Ese copamiento de facto de juzgados nacionales por parte del centralismo reaccionario, contra la Constitución Nacional y todo el ordenamiento jurídico del país, incluye otorgarle a la judicatura macrista porteña el dominio sobre la Justicia Nacional del Trabajo, un fuero que Macri quiso destruir cuando fue presidente pero no alcanzó a hacerlo. Ahora su sector político lo intenta por otra vía, mediante una ley de la ciudad impulsada por Horacio Rodríguez Larreta. Desde algunos sindicatos y otras organizaciones populares hubo inmediatas reacciones y este miércoles (06/10) habrá una marcha de repudio en el centro de la capital federal.

Otra muestra, a la vista de todo el mundo, de la bancarrota ética e institucional de la derecha, en este caso de uno de sus pilares corporativos, es el desempeño en general de la Corte Suprema de Justicia y en particular la vergonzosa elección reciente de sus autoridades. (Crónica de Tiempo Argentino, nota del 23/09/21). 

Acumulación de evidencias

Los delitos de saqueo al erario y de violación contra las garantías constitucionales y los derechos de las personas, acumulan pruebas y evidencias continuamente.

Como antes se mencionó, algunas revelaciones surgen del trabajo de jueces y/o fiscales que no integran la corrompida fracción dominante del Poder Judicial, como hizo el magistrado subrogante del juzgado federal de Dolores, Martín Bava, quien acaba de llamar a indagatoria a Mauricio Macri por el espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. (Publicación de Infobae, nota del 01/10/21). 

También la más antigua jueza de los tribunales de Comodoro Py, María Romilda Servini, ha realizado avances en la causa donde se investigan presiones ilegales en 2017 contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, del Grupo Indalo, para despojarlos de sus empresas, fundamentalmente la emisora televisiva C5N. Por este caso está prófugo en Uruguay Fabián Rodríguez Simón, operador clandestino de Macri en el oscuro mundo judicial, quien tiene pedido de captura internacional de Interpol pero se ampara en sus fueros como integrante del Parlasur-Parlamento del Mercosur. (Información del diario Ámbito, nota del 21/09/21). 

En tanto, investigaciones periodísticas permitieron conocer la semana pasada que el dinero blanqueado por Gianfranco Macri (hermano de Mauricio) en 2016, fue parte de una operación financiera para exteriorizar fondos no declarados de la madre de ambos, Alicia Blanco Villegas, lo cual estaba legalmente prohibido. Las cifras involucran unos 25 millones de dólares. (Informe de Gabriel Morini publicado en Ámbito, nota del 30/09/21). 

Por otro lado, meses atrás la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, presidida por el diputado Leopoldo Moreau, comprobó que bajo el gobierno macrista “se creó una estructura estatal paralela y clandestina, una verdadera organización mafiosa”, la cual perpetró acciones de espionaje contra al menos 354 personas y 171 organizaciones de la sociedad civil. Dicha Comisión presentó su informe en abril pasado. (Tema detallado en Página 12, nota del 21/04/21)

Algún tipo de explicación

Los casos descriptos someramente en los párrafos precedentes y otros anteriores son solo ejemplos. Sirven para situar en referencias concretas la profundidad de la corrupción y la gravedad del accionar mafioso desplegado por el macrismo mientras estuvo al frente del gobierno de la Nación, más lo que continúa haciendo desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Pero los hechos dejan pendiente algún tipo de explicación acerca de por qué un sector político con semejantes niveles de daño y peligro para los bienes públicos y las libertades democráticas, sigue contando con la fortaleza electoral demostrada en las PASO y con capacidad de desestabilizar al gobierno y a las instituciones democráticas en los próximos dos años.

El único resultado que la derecha política y corporativa admitirán el 14 de noviembre, será un triunfo de Juntos por el Cambio similar o superior al de septiembre. Caso contrario, las cadenas mediáticas de la derecha y la dirigencia de JpC provocarán una convulsión nacional al grito de “¡Fraude! ¡Fraude!”, y la convivencia política pluralista quedará en una zona de riesgo.

¿Y por qué, eventualmente, puede ser posible que ocurra algo semejante con el aval de una parte muy significativa de la sociedad?

Quizás -solo quizás- por una combinación de tres factores claves señalados en los comienzos de esta columna de opinión: 1) el macrismo perdió en 2019 pero el bloque de poder dominante sigue intacto y combate ferozmente contra el actual gobierno, y como parte de ello las grandes cadenas mediáticas ocultan a la opinión pública aquello que no conviene a la derecha; 2) gran parte del apoyo a JpC no es pragmático ni por conveniencia sino que es un voto “duro”, ideologizado, de odio al peronismo/kirchnerismo y de derecha; y 3) poco se sabe de las transformaciones inconscientes que la pandemia ha provocado a nivel psíquico, emocional, espiritual, tanto individual como colectivamente, pero eso también está en el trasfondo de las decisiones electorales de las personas.